Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó, el 8 de octubre de 2024, la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en 4 ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia nacional, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); fortalecimiento de estrategia e investigación; y, coordinación “absoluta” en el Gabinete de Seguridad y con los estados.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal indicó que dicha estrategia daría continuidad a lo que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con la atención a las causas.
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“Reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades, para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida […] Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos”, expuso García Harfuch, ante la mirada atenta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El titular de la SSPC Federal destacó el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Guardia Nacional con permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la SEDENA, encabezada por el general Ricardo Revilla Trejo.
“Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y apoyo adecuado para que brinde el apoyo adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país”, dijo el funcionario federal.
“Es falso que haya militarización, lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional […] Un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpos de seguridad y nuevamente volveriamos a empezar de cero. La Guardia Nacional, en la Administración anterior avanzó muchísimo, ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional”, expresó García Harfuch.
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El titular de la SSPC también anunció la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Asimismo, destacó que la seguridad era un problema que requería responsabilidad compartida y respuesta unificada.
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Además, el funcionario federal mencionó tres objetivos principales para la construcción de una “paz duradera” en el país: disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión; neutralizar generadores de violencia y redes criminales; así como fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad.
Por último, agradeció a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por su colaboración en las acciones “para el éxito de esta estrategia”, así como a la SEDENA y a la Secretaría de Marina (SEMAR).
García Harfuch también anunció una visita a Culiacán de Rosales, la capital de Sinaloa, para supervisar tareas y reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya, lo que ya había sido anunciado por el propio mandatario estatal, el 5 de octubre de 2024.
“Me reuní en la @SSPCMexico en la Ciudad de México con el Dr. @OHarfuch. Conversamos ampliamente sobre la situación de seguridad de Sinaloa. A propuesta del Srio. exploramos la posibilidad de que el gabinete de seguridad del @GobiernoMX sesione en Sinaloa en próximas fechas”, escribió Rocha Moya.
El documento Estrategia de seguridad de los primeros 100 días, que elaboró el equipo de Sheinbaum Pardo en septiembre de 2024 y del que el diario El Universal obtuvo una copia, explica que va por detenciones estratégicas de criminales que pudieran detonar acciones violentas tras su detención.
En el rubro de inteligencia, investigación y detención estratégica, se explica que en el gobierno de Sheinbaum Pardo se aplicará un programa de recompensas sobre objetivos generadores de violencia, que cuenten con órdenes de aprehensión.
Explica que también se contempla como una de sus prioridades el neutralizar a los generadores de violencia y redes criminales. Asimismo, va por la disminución de la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, además de buscar mejorar la percepción ciudadana sobre el respaldo del Gobierno ante hechos violentos.
Se describe que también será una prioridad la disminución de la incidencia delictiva de alto impacto en los 10 municipios con mayor número de homicidios dolosos, vinculados a la delincuencia organizada.
Indica que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 25.3 por ciento de los homicidios violentos están registrados en los siguientes 10 municipios: Colima, Colima; Tijuana, Baja California; Acapulco, Guerrero; Celaya, Guanajuato; Cajeme, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; León, Guanajuato; y Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.
Estos municipios tienen un promedio de asesinatos por encima de la media nacional, que es de 20.5. No obstante, la estrategia estaría comenzando por los siguientes seis municipios; Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima.
Asimismo, busca que en los primeros 100 días de administración se pueda neutralizar a generadores de violencia y redes criminales, lo que incluye el combate al tráfico de drogas, específicamente el fentanilo, y armas de fuego.
Por lo anterior, la estrategia delinea que habrá coordinación integral entre miembros del gabinete, fortalecimiento de inteligencia e investigación, así como con el SESNSP. También habrá atención a la seguridad en Chiapas y a la extorsión en el ciclo productivo del limón en Michoacán, una estrategia en carreteras y vías generales de comunicación, y el establecimiento de 10 fuerzas de tareas formadas por las instituciones de seguridad.
La estrategia busca que haya mayor coordinación para evitar duplicar esfuerzos y presentar resultados que reflejen la fuerza del Estado en conjunto mediante cinco ejes. El primero de ellos es definir líneas de acción, operación y funcionamiento del gabinete de seguridad; dos, establecer procedimientos de metas y seguimiento de acuerdos del gabinete de seguridad.
El tercero es la presencia del gabinete de seguridad en los lugares de alta incidencia delictiva; cuarto; aprobación de los secretarios de Seguridad Pública estatales, por parte del gabinete de seguridad.
Lo anterior va ligado con que el fortalecimiento del SESNSP, busca contar con objetivos y programas prioritarios para el desarrollo de las instituciones de seguridad y para la inversión de los recursos federales con un sistema de incentivos y sanciones.
También, establecer lineamientos para la aprobación de compras con recursos federales, una academia nacional de seguridad dependiente del SESNSP para la regulación de planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitación especializada para instituciones locales y federales.
Asimismo, instaurar metas y estándares de evaluación para el desarrollo de las 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios. Además de consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) para la seguridad, también busca fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia mediante el incremento de capacidades humanas y tecnológicas para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de inteligencia y el CNI.
Igualmente, se buscará desarrollar productos de inteligencia que se integren a carpetas de investigación y deriven en vinculaciones a proceso y sentencias, crear la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, reactivar la inteligencia en el Sistema Penitenciario y la coordinación interinstitucional para incrementar las extradiciones de los objetivos prioritarios de las autoridades.
Con respecto a los generadores de violencia y estructuras de mando, la estrategia busca identificar liderazgos, segundos y terceros niveles de mando e integrantes con mayor perfil de violencia, entre ellos el sicariato, y revisar el estatus jurídico cómo órdenes de aprehensión y el estatus de las carpetas de investigación.
Además de hacer investigaciones focalizadas, también se realizará la identificación de actividades criminales específicas como tráfico de personas, huachicol, extorsión, secuestro, control de giros negros, cobro por derecho de piso y sus redes de protección institucional, esquemas de operación, logística, financiamiento y lavado de dinero, así como a prestanombres.
Respecto a la seguridad en Chiapas, el documento indica que se seguirá una estrategia operativa de atención a las causas, ya que los homicidios dolosos se concentran en 12 de los 124 municipios de la entidad: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Pantelhó, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tila, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Palenque.
Se dará también atención a la extorsión del limón en Michoacán, particularmente en Nueva Italia, Antunez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán, ante el cobro de piso en las etapas de producción de las huertas de Michoacán.
La estrategia busca implementar en carreteras y vías generales de comunicación retenes y aplicar tecnología para detener los delitos contra automovilistas y transporte de carga mediante la coordinación de las fuerzas de tarea conformadas por las instituciones de seguridad que cuenten con los recursos tecnológicos, como Sedena, Semar y Secretaría de Seguridad.
“Actuarán de acuerdo con facultades de la ley: actividades de inteligencia y actos de investigación que deriven en judicializaciones, gracias a las acciones coordinadas; resultados reflejados en repositorio de datos que podrán ser analizados y correlacionados por las instituciones”, indica.
