En 2022, un grupo de mujeres rurales en Tlaxcala obtuvo acceso a herramientas de trabajo esenciales para su labor en el campo, gracias al derecho de acceso a la información. Este logro comenzó con una jornada de socialización en la que mujeres de distintos municipios compartieron problemáticas públicas. De esa sesión emergió una solicitud de información, que resultó en la entrega de mochilas aspersoras por parte de la Secretaría de Impulso Agropecuario. Esta historia es un ejemplo palpable del impacto que tiene la transparencia y el acceso a la información pública en la mejora de las condiciones de vida de sectores marginados.
Sin embargo, la pregunta es: ¿Es este tipo de resultados un caso aislado o podría ser recurrente?
En 2008, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, para reconocer su central contribución al desarrollo agrícola y la erradicación de la pobreza. En México, casi una cuarta parte de la población femenina vive en zonas rurales, y estas mujeres enfrentan desigualdades significativas en comparación con las mujeres urbanas, según datos del INEGI (Encuesta Intercensal 2015).
El caso de Tlaxcala resalta el poder del acceso a la información como una herramienta que empodera a las comunidades rurales. A través del INAI, estas mujeres pudieron conocer y exigir sus derechos, accediendo a beneficios que transformaron su vida laboral. Pero el impacto de la transparencia va más allá de la entrega de herramientas; se trata de un cambio estructural que debe fomentarse a nivel nacional para garantizar una mayor participación económica y social de las mujeres rurales.
Para avanzar hacia un país competitivo y equitativo, es fundamental que el Estado y sus instituciones robustezcan los mecanismos de acceso a la información, sobre todo en el contexto rural, como lo ha señalado el IMCO en su estudio “Mujer rural en la economía”. Es necesario transparentar proactivamente información que permita diseñar políticas específicas para las mujeres rurales e indígenas, atendiendo a sus necesidades particulares en la distribución, acceso y posesión de la tierra.
Otra acción necesaria, como lo menciona el IMCO, es incrementar la participación de las mujeres rurales en espacios de toma de decisiones relacionados con la tierra y la biodiversidad, asegurándoles un lugar en el diseño de las políticas que afectan sus vidas. En Tlaxcala, el acceso a información fue solo el primer paso para acceder a un derecho que ya les correspondía. Para que estas historias no sean la excepción, necesitamos fomentar la inclusión de las mujeres rurales en los espacios de decisión que determinan el futuro de sus comunidades.
Mejorar la infraestructura básica en zonas rurales también es clave para cerrar las brechas de desigualdad, como señala el IMCO. Servicios como el acceso al agua o al alumbrado público facilitan la distribución equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres, liberando a las mujeres para participar más activamente en la vida económica y pública. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas sociales y de infraestructura ponen en riesgo estos avances y perpetúan la desigualdad.
Como se mostró en el caso de mujeres rurales de Tlaxcala, el INAI se presenta como un actor clave para la transformación social. La transparencia no sólo proporciona datos; genera cambios concretos en las vidas de quienes más lo necesitan. La historia de estas mujeres es un recordatorio de que el acceso a la información puede ser la puerta a mejores oportunidades, pero requiere del compromiso y voluntad constante de las instituciones.
Hoy más que nunca, el INAI debe estar a la altura de los retos que enfrenta el país. La solución al caso planteado al inicio es prueba de cómo, con un acceso efectivo a la información, es posible mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales. El acceso a la información no es un capricho; es un derecho fundamental que puede transformar vidas.
Por eso es crucial mantener y fortalecer al INAI, porque realmente el INAI te sirve.
Adrián Alcalá Méndez es bajacaliforniano, comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales).
