Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputada federal del grupo parlamentario de Morena, cuestionó, el 22 de octubre de 2024, el origen de los bienes del sacerdote católico indígena Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado, la mañana del día 20 del mismo mes y año, por dos hombres -que viajaban a bordo de una motocicleta- y le dispararon en diversas ocasiones, fuera de la parroquia Cuxtitali, ubicada en la esquina de las calles Las Peras y Flanz Bloom, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
“Me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la Iglesia. El sacerdote asesinado, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna. Menos de una comunidad tan pobre”, escribió la legisladora por Chiapas y la vía representación proporcional o plurinominal, quien fue reelegida en dicho cargo.
El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que su Gobierno estaba trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), para esclarecer el asesinato del párroco.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó la importancia de llevar a cabo una investigación exhaustiva, que permitiera determinar las circunstancias del crimen y tomar medidas preventivas para evitar que hechos similares ocurrieran en el futuro.
Asimismo, la mandataria nacional subrayó la relevancia de prevenir el desplazamiento, la extorsión y otros delitos que afectaban a distintas regiones del país, especialmente en Chiapas. Explicó que su Administración estaba trabajando de manera coordinada con el gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas -militante de Morena-, para abordar los problemas de seguridad de dicha entidad, de manera “integral y efectiva”.
Además, la presidenta de la República resaltó la importancia de mantener una comunicación constante con las autoridades estatales y eclesiásticas, así como con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, para coordinar esfuerzos en la búsqueda de justicia y garantizar la protección de la comunidad.
El 22 de octubre de 2024, la delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza condenaron el asesinato del sacerdote indígena. A través de un pronunciamiento, las representaciones diplomáticas consideraron que dicho homicidio mostraba el grado de violencia que debían enfrentar los activistas. También manifestaron su preocupación por el grado de impunidad que prevalecía en estos casos.
“Condenamos firmemente el asesinato del sacerdote. La muerte del padre Marcelo Pérez muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos defensores de los derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos”, señalaron la delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza.
“Reconociendo los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para esclarecer los últimos casos de asesinatos, así como prevenirlos, reiteramos nuestra gran preocupación sobre el nivel de impunidad en casos de personas defensoras y periodistas asesinados en México en años anteriores y nuestro llamamiento para que se identifiquen y juzguen a los responsables tanto materiales como intelectuales de todos estos asesinatos”, expresaron las representaciones diplomáticas, las cuales también solicitaron al Gobierno de México, garantizar la protección de los defensores de derechos humanos.
“Instamos a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya ‘zonas de silencio’ donde ninguna persona defensora o periodista se atreva a trabajar”, pidieron la delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza
Las representaciones diplomáticas recordaron que el sacerdote indígena era un conocido defensor de la paz y la justicia en Chiapas, y que, desde 2015, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza también manifestaron sus condolencias y solidaridad con la familia y amigos de la víctima, así como con la Diócesis de la entidad.
“Tomamos nota que la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya abrió una investigación sobre los hechos alrededor del asesinato del padre […] Animamos a las autoridades mexicanas a seguir avanzando en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de las herramientas existentes, como el Mecanismo de Protección, y a mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”, agregaron las representaciones diplomáticas.
Además, la delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza, refrendaron su disposición para continuar con la cooperación para la protección de los derechos humanos y fortalecer los servicios de procuración e impartición de justicia.
Un día antes, Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato del sacerdote e informó que desde que éste se perpetro instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, establecer contacto con el Gobierno de Chiapas y con las autoridades correspondientes, para coordinar las acciones tendientes a esclarecer el crimen y que el mismo no quedara impune.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional manifestó que se había trabajado con el gobernador de Chiapas, y con el electo, Eduardo Ramírez Aguilar, a fin de que autoridades federales colaboraran en las indagatorias. Sin embargo, a pregunta expresa, señaló que correspondería a la FGR determinar si atraía el caso.
“Necesitamos hacer la investigación, que la fiscalía la haga y coadyuven en todo lo que se requiera. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está en contacto con el gobernador, detalló la titular del Poder Ejecutivo Federal.
El sacerdote y activista Pérez Pérez, fue asesinado, la mañana del 20 de octubre de 2023, por dos hombres -que viajaban a bordo de una motocicleta- y le dispararon en diversas ocasiones, fuera de la parroquia Cuxtitali, ubicada en la esquina de las calles Las Peras y Flanz Bloom, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El ataque contra el párroco ocurrió cuando se encontraba en su vehículo particular -una camioneta marca Ford, modelo Titanium, color blanco, con placas de circulación del estado de Chiapas- y se dirigía a la iglesia de Guadalupe, luego de haber oficiado una homilía.
Pérez Pérez era un sacerdote tsotsil, nacido en San Andrés Larráinzar, Chiapas, en 1973. Fue defensor de los recursos naturales, como la Laguna Suyul, cuando se planeaba construir la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque.
Además, el párroco denunció el desplazamiento por violencia de 5 mil personas de Chalchihuitán, a causa de la violencia de paramilitares en Chenalhó y de 400 personas en la comunidad Chavajeval.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó “enérgicamente” el homicidio del sacerdote, ya que, según dijo, “no sólo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia”
“El padre Marcelo Pérez fue un ejemplo del compromiso sacerdotal con los más necesitados y vulnerables de la sociedad, que deja un legado de amor y servicio, que perdurará en el corazón de todos aquellos a quienes tocó con su ministerio”, indicó, en un comunicado, la CEM, presidida por monseñor Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, Nuevo León.
La institución religiosa, conformada por obispos mexicanos colegiados, que realiza funciones pastorales, consideró que el acto violento no sólo afectaba a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, “sino que hiere a toda la Iglesia en México y a la sociedad en su conjunto, especialmente en una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado”.
Asimismo, la CEM llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a realizar una “investigación exhaustiva y transparente”, que condujera al esclarecimiento y justicia para el sacerdote, además de que se implementaran medidas efectivas para garantizar la seguridad de los agentes pastorales que, como Pérez Pérez, dedicaban su vida al servicio de los más necesitados, especialmente en zonas de alto riesgo.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación sobre el homicidio de Pérez Pérez, contra quién o quiénes resultaran responsables.
