José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció, el 5 de septiembre de 2024, que el Pleno de la LXVI Legislatura de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, sesionaría en Xicoténcatl, como sede alterna, para discutir y aprobar la minuta enviada por San Lázaro, de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Estudiantes de diversas facultades de Derecho y trabajadores del Poder Judicial de la Federación -provenientes de diversos estados de la República-, bloquearon, desde alrededor de las 04:00 horas del 5 de septiembre de 2024, todos los accesos del Senado de la República, en protesta por la reforma judicial.
Según la agenda del Senado de la República, a las 11:00 horas del 5 de septiembre de 2024, se tenía previsto el inicio de la sesión ordinaria en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, además de diversas conferencias de prensa, por parte de los grupos parlamentarios.
“Con fundamento en el marco legal y en el acuerdo del pasado Pleno, de poder determinar sede alterna para sesionar, estoy convocando al Pleno del Senado de la República, a la una de la tarde, en la antigua sede, ubicada en la calle de Donceles, conocida como la Casona de Xicoténcatl”, detalló Fernández Noroña, en un video publicado en su cuenta de la red social X.
“Como es de dominio público, se incrementó la presencia de manifestantes en la sede de la Cámara de Senadores en Reforma casi Insurgentes. Y nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación”, enfatizó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien informó el 4 de septiembre de 2024, que la minuta enviada por San Lázaro, de la reforma constitucional al PJF, llegó a la Cámara Alta del Congreso de la Unión y ese mismo día sería votada en comisiones, lo que al final no sucedió.
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En el Senado de la República Ernestina Godoy Ramos y Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario de Morena, fueron elegidas, el 3 de septiembre de 2024, como presidentas de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, respectivamente.
Godoy Ramos y Hernández Mora fueron nombradas, por la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, como futuras titulares de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y de la recién creada Secretaría de la Mujer, respectivamente, en el eventual Gobierno, que comenzaría funciones el 1 de octubre de 2024.
Hernández Mora es actual Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena -desde el 28 de octubre de 2020-, mientras que Godoy Ramos fue la titular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024
El 5 de septiembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió dos consultas, para que el Pleno del máximo tribunal constitucional determinara si se podría ordenar la suspensión del proceso de la reforma al PJF.
El acuerdo publicado en la lista de notificaciones electrónicas de la SCJN, señalaba que las consultas serían turnadas a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se había pronunciado contra el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer, conforme al apartado III”, indicó el acuerdo.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer, conforme al apartado III”, señaló la SCJN.
Juana Fuentes Velázquez, directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), solicitó la SCJN, a 3 de septiembre de 2024, que se pronunciara respecto al respeto a la independencia judicial y el decreto de reforma al PJF, para que se suspendiera el procedimiento y se declarara su invalidez.
A través de un documento, la directora nacional de la JUFED pidió al Pleno del máximo tribunal constitucional hiciera uso del ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del PJF, en relación a dicha enmienda que ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “por violación a la autonomía e independencia de los órganos e integrantes del Poder Judicial de la Federación”.
La juez requirió a la SCJN que tuvieran a bien dar trámite urgente a dicha petición, de ser posible vía virtual, porque en dicha fecha, 3 de septiembre de 2024, se sabe que se iniciaría la discusión en lo general del dictamen, concerniente a la propuesta de reforma judicial, a la par que también se conocía que la base trabajadora de la SCJN, mediante votación mayoritaria, determinó iniciar suspensión de actividades, considerando, además, la independencia judicial, los derechos humanos de todas las personas.
Fuentes Velázquez también solicitó a la SCJN se decretara como medida cautelar, la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno del máximo tribunal constitucional, se pronunciara de fondo.
“Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración hasta en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, para así, con un gran diálogo nacional de todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia, participen en una propuesta seria y objetiva de reforma”, agregó la directora nacional de la JUFED.
Además, Fuentes Velazquez pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ejercieran todas las acciones necesarias, para conservar la separación de poderes, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política mexicana, para asegurar que no se eliminara el sistema de contrapesos entre los poderes de la Unión. Asimismo, solicitó que la SCJN ejerciera todas las acciones concretas necesarias que estimara conducentes, en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
La JUFED recordó que el proyecto de Reforma al PJF establecía el cese de todos los que, “material y formalmente hablando, somos juzgadores en México: ministras y ministros de la SCJN; magistradas, magistrados, juezas y jueces, federales y locales”.
