A escasos días de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cederlo a Claudia Sheinbaum Pardo, los hechos muestran que el mandatario incumplió la promesa de luchar contra la corrupción y fue más lejos en su objetivo de intentar destruir a todos los organismos descentralizados creados a petición ciudadana, en gobiernos anteriores, para combatirla.
Con un Sistema Nacional Anticorrupción desarticulado a nivel nacional y en los estados, sin fiscales anticorrupción que asuman el protagonismo de las investigaciones -salvo en casos aislados- y con una intentona de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno de los pocos instrumentos que obligan al Gobierno de México a transparentar el manejo del recurso público, fue cómo el todavía Presidente de México pretendió derrumbar los pocos cimientos que han dejado años de lucha contra el abuso de poder, el tráfico de influencias, el amiguismo, el peculado y el desvío de recursos.
En el arranque del sexenio de López Obrador, el combate a la corrupción fue prometedor tras la captura de algunos personajes políticos con perfil de alto nivel, como Rosario Robles o Juan Collado, e incluso Emilio Lozoya, quienes tocaron prisión, pero sólo de manera provisional. Las mismas deficiencias se observaron en otros los casos similares, al final sin resultados tangibles, porque las investigaciones quedaron expuestas por la mala integración de las carpetas o por la lentitud en los procesos.
El compromiso de un gobierno íntegro y honrado, que haría justicia contra los funcionarios corruptos, los propios y los anteriores, para el Presidente no fue más que una herramienta, un discurso para llegar al poder, palabras que fueron perdiendo seriedad conforme avanzó su gobierno, hasta que finalmente, todos los acusados de esa “mafia del poder”, recobraron su libertad.
Sí, en discurso y materialmente, creó los espacios para “luchar” contra los abusos de poder, fueron el Programa Sectorial de la Función Pública 2020-2024 y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, pero incumplió con más del 70 por ciento de las acciones y la reforma de una decena de leyes, de acuerdo a los análisis presentados por Instituto de Formación Justicia y Derechos Humanos y Unidad de Investigación Aplicada y la organización civil -insultada, menospreciada y señalada como detractora y enemiga, por el dedo presidencial-, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
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A quienes sí decidió castigar el Presidente, con una reforma y acusaciones semanales, fue a otro de los poderes responsables de juzgar esta corrupción, a jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, aunque el motivo principal no fue la ausencia de honestidad, sino porque se atrevieron a no seguir los mandatos del inquilino de Palacio Nacional.
Pero hasta ahí, de la corrupción del gobierno peñista nada, y en esa misma impunidad, la administración de AMLO sumó otros casos. Como el desvío de recursos del programa Sembrando Vidas, donde se descubrió que uno de los principales beneficiados de la siembra y producción de cacao era el negocio de chocolate de uno de sus hijos. O la conocida Casa Gris, donde residió su hijo Andrés López Beltrán, y que vinculaba a su esposa con una empresa proveedora consentida de Petróleos Mexicanos.
Tampoco se investigó a profundidad el caso de fraude por 9 mil 500 millones de pesos en el programa de Seguridad Alimentaria (Segalmex); menos hubo consecuencias por las omisiones gubernamentales por los hechos violentos en los conocidos Culiacanazos; tampoco hubo indagatorias serias por el caso de moches que recibió su hermano; y menos por el abuso de poder del fiscal Alejandro Gertz Manero para encarcelar a sus familiares políticos por la muerte de su hermano.
Nada hicieron cuando se detectó el favoritismo descubierto en la compra de proveeduría en la Comisión Federal de Electricidad por varios millones de pesos en favor de empresas ligadas a familiares del propio Manuel Bartlett.
Los hechos muestran que, tras casi seis años, no hubo una sola demostración de compromiso con el combate a la corrupción del pasado ni de su gobierno, ni de cimentar instituciones que pudieran garantizar erradicarla o sancionarla.
Este mensaje permeó hacia los estados mexicanos, donde otros casos locales como los accidentes del transporte público Metro de Ciudad de México, los juicios y el barco de la Ley tampoco alcanzó a los responsables en los niveles más altos, debido a que mancharía a perfiles allegados a López Obrador o a su movimiento, como Marcelo Ebrard, Mario Delgado y la propia Claudia Sheinbaum.
El Presidente que llegó al poder prometiendo un combate a la corrupción, quien incluso solicitó una consulta popular para determinar sí se investigaría a sus antecesores – lo cual no debería ser sometido al escrutinio, sino investigarse de facto- dejó a su pueblo bueno y sabio, con las manos vacías de justicia, tolerando y con la misma omisión facilitando, actos de corrupción en su administración que beneficiaron a su equipo de trabajo o a su familia. Y esos, no son otros datos.
