Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció, el 2 de septiembre de 2024, que detendrían la solicitud de juicio político y la denuncia penal contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión de la reforma al Poder Judicial. de la Federación.
El 31 de agosto de 2024, Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, al otorgar una suspensión provisional, ordenó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no iniciar la discusión o votación del dictamen de reformas al PJF, para que el dictamen de reforma constitucional, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, no afectara a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.
El fallo “implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura” que comienza el domingo, según estableció el expediente 1251/2024.
La juzgadora argumentó que la aprobación de dicha reforma, que instauraría elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación a partir de 2025, “pretende cesar de sus cargos de jueces federales” a los quejosos, “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.
Además de dicha sentencia, Felipe Consuelo Soto, titular de Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron el dictamen de la reforma judicial, según el expediente 1190/2024, aunque no detalló de manera pública el alcance de dicha decisión.
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En el amparo 1190/2024, Consuelo Soto señaló que ambas cámaras del Congreso de la Unión podrían continuar con el proceso legislativo, pero sí aprobaban el dictamen, les prohibía enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución.
El 1 de septiembre de 2024, Monreal Ávila, indicó que la bancada de Morena analizaba interponer un juicio político contra los jueces que dictaron la suspensión de la discusión de la reforma al PJF.
Durante una conferencia de prensa, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro enfatizó que se plantearon tres acciones contra los jueces: juicio político para inhabilitarlos, denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ni ente ajeno al poder legislativo. Incluso, se planteó iniciar tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del poder legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en administración de justicia y una queja ante la Judicatura”, detalló Monreal Ávila.
Más tarde el mismo día, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó, a través de sus cuentas en las diversas redes sociales, las acciones que tomaron contra Magaña López y Consuelo Soto, por lo que tachó como una “burda invasión de incompetencia”. Luego dijo que “¡La Reforma al Poder Judicial nadie la va a parar”.
Sin embargo, el 2 de septiembre de 2024, Monreal Ávila acotó que aunque, según él, los jueces extralimitaron sus facultades y funciones, además de que violaron el principio de legalidad, pidió esperar, porque en ese momento, la prudencia y la tolerancia ayudaba al país.
“Yo les he pedido que esperemos, creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país. Creo que ayer se iban a presentar [el juicio político y la denuncia penal contra los jueces], pero aun cuando se hayan presentado hay que darle una pausa”, indicó el político zacatecano.
“Puedo decir con toda firmeza que no habrá ‘fast track’ en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia. No hay sino la intención de buscar el diálogo”, insistió Monreal Ávila, quien, además, no descartó cambios al dictamen de la reforma al PJF, aunque no dio detalles, porque continuaban trabajando en ellos.
“Es parte de la discusión, ahora ella [Olga María Sánchez Cordero Dávila], hay varios legisladores que están en la Comisión [de Puntos Constitucionales], están proponiendo enmiendas, están proponiendo modificaciones al dictamen que tiene la Mesa Directiva. En las próximas horas veremos si se aceptan algunas de estas enmiendas y será el pleno el que determine su incorporación”, dijo el legislador zacatecano.
Además de los requisitos de idoneidad y elegibilidad de los juzgadores que, según Sánchez Cordero Dávila no deberían ir en la Constitución, sino en leyes secundarias, Monreal Ávila detalló que también estaban analizando la posibilidad de simplificar la elección de juzgadores, para que el proceso durara menos.
“Se está revisando, pero yo sí creo que la forma de elegir a Jueces, ministros y magistrados se va a sintetizar”, reiteró el político zacatecano, quien reiteró que el 3 de septiembre de 2024 iniciaría la discusión de la reforma judicial, en lo general, y se esperaba que al día siguiente concluyera la votación en lo particular, para cumplir con todas las etapas procedimentales y aprobar la reforma con estricto respeto a la Ley Orgánica y Al Reglamento de San Lázaro.
Por su parte, Moisés Ignacio Mier Velazco indicó, el 2 de septiembre de 2024, que la bancada de Morena en el Senado apuraría la instalación de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para procesar de inmediato, cuando llegara, la minuta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionada con la reforma al Poder Judicial de la Federación.
“Hemos encontrado la comprensión de los coordinadores (parlamentarios de oposición) para que mañana mismo se instalen la comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para estar en posibilidad de recibir la minuta que provenga de la Cámara de Diputados”, explicó el vicecoordinador del grupo legislativo de Morena.
