De nada valió el llamado que hicieron legisladores de oposición al grueso de los senadores para que no votaran a favor de la reforma constitucional y la Guardia Nacional (GN) pasara del control de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque al final, por mayoría calificada, con 86 sufragios a favor y 42 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que consuma que la corporación quede bajo el mando del Ejército Mexicano.
Nuevamente, el voto que definió la reforma -la madrugada del 25 de septiembre- fue el de Miguel Ángel Yunes Márquez, hasta hace muy poco tiempo miembro del Partido Acción Nacional (PAN).
De inmediato el documento fue remitido a los congresos estatales, siendo aprobado también de forma exprés en varios de ellos. Fueron tres las sesiones del pleno para desahogar no solo el dictamen de la GN, sino las reformas en materia de derechos de los pueblos originarios y, después de nueve horas de debate, Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), lograron el objetivo de aprobar, en lo general y en lo particular, el dictamen que traslada el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
La discusión del dictamen inició poco antes de las 22:00 horas del martes 24 de septiembre y culminó a las 06:00 horas del miércoles siguiente. Los diversos grupos parlamentarios posicionaron sus opiniones, y entre ellos, el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano (MC), intentó persuadir a sus compañeros a no avalar la reforma: “Así que les pido que no engañen, ni se dejen engañar, les pido que no traicionen la confianza del pueblo, porque al final del día, compañeras y compañeros, no estamos aquí para seguir órdenes sino para hacer lo correcto. Nos encontramos en un punto de inflexión para el futuro de nuestro país, para nuestras familias y todo México. Es momento de definiciones y hoy debemos de elegir, con toda claridad, si queremos un México sometido al miedo y la violencia o un México de libertad y de justicia”.
Pese a lo anterior, el resultado es el antes referido, por lo que hubo voces de reclamo, como la de Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, quien expresó que, de noche, la mayoría parlamentaria sesionó para imponer la militarización de la seguridad en el país y que los argumentos a favor eran sólo “maromas mentales” para intentar negar que esta reforma militariza la seguridad pública.
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Por su parte, Manuel Añorve, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentó que la militarización no es la solución y que la reforma confirma que su política de seguridad es “un rotundo fracaso”. En su intervención, María Alejandra Barrales Magdaleno, legisladora de MC, recordó: “La izquierda siempre ha peleado en contra de la militarización, por eso es inevitablemente preguntarles a mis compañeros: ¿Qué les pasó? ¿En qué momento cambiaron de opinión?”.
En tanto, Miguel Ángel Yunes Márquez, considerado desde la votación de la reforma al Poder Judicial como el senador esquirol o traidor, puntualizó que nunca ha estado presente la amenaza de una dictadura militar y que es necesario que las Fuerzas Armadas apoyen a las corporaciones estatales y municipales a enfrentar a la delincuencia. “¿Alguien en verdad puede sostener que es posible combatir al crimen organizado sólo con policías locales y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas?”, planteó el veracruzano, a la vez de ensalzar al próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al asegurar que es el perfil más idóneo para el cargo porque tiene conocimiento en la materia.
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, aseveró que la estrategia nacional de seguridad pública de la administración de Andrés Manuel López Obrador fracasó, por lo que la aprobación del dictamen que militariza la seguridad, es una renuncia del Estado a su responsabilidad: “Es una reforma que distorsiona el diseño institucional del Estado mexicano, su organización interna y que fractura de manera muy delicada la separación del poder civil y el poder militar. Lamento mucho que el corolario de este gobierno que se dice de izquierda, sea la militarización de la seguridad pública y de la vida pública de México”.
Los poderes legislativos estatales ya cuentan con el dictamen para su revisión, votación y eventual aprobación, en al menos 17 de ellos. El último paso sería la publicación de la reforma por el titular del Poder Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación.
La Guardia Nacional se creó el 26 de marzo de 2019 como una corporacion de seguridad de carácter civil, y en la actualidad cuenta con 140 mil integrantes desplegados en todo el país.
LA REFORMA
Con esta reforma fueron modificados 12 artículos constitucionales para establecer que esta corporación -creada hace poco más de cinco años- es de origen militar y marino, pero con formación policial dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tendrá la facultad de investigación de los delitos en el ámbito de su competencia. Los artículos retocados son: 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna. 
La Federación “… contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”, señala la iniciativa. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida Guardia Nacional, se coordinarán para cumplir con los fines de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el dictamen, las instituciones de Seguridad Pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y corresponde a la Secretaría del ramo formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, así como las políticas y acciones respectivas. Ahora, el Artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la GN en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de dicha función.
Mientras que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública, el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargarán de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la GN, que proponga la persona titular del Poder Ejecutivo en turno.
Los integrantes de la GN sólo pueden ser juzgados por tribunales militares y éstos en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. El dictamen destaca que “… en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes podría alojarse en casa particular, contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna”. También advierte que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podría ejercer más funciones que las “… previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Asimismo, se legisló que ningún extranjero puede servir en la Fuerza Armada permanente en tiempos de paz y que la Ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la GN, cuyos integrantes se regirán por su propia Ley. Para ello se facultó al Congreso de la Unión para crear una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de Ejército, Marina y Fuerza Aérea en temas de seguridad pública. En los artículos transitorios del dictamen se determinó que el personal militar y naval que integraba la GN, sería reclasificado de la Fuerza Armada a la que perteneciera a dicha Guardia Nacional.
La nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. También, deben respetarse en todo momento los derechos que poseía el interesado en la Fuerza Armada de su origen. Mientras que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que deba ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena. “En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública”, agrega el dictamen.
El Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quedará adscrito a la secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. Además, el personal que perteneciera a los organismos especializados, podría continuar prestando sus servicios en la GN de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalizarán entre las secretarías de la Defensa Nacional, y la de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los recursos presupuestarios y financieros que correspondieran serán transferidos a Sedena para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de GN y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuaría bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Conforme queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública deberá transferir los recursos presupuestales a la Sedena.
Además, el personal naval que en la actualidad formaba parte de la GN, permanecerá integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del decreto.
UN EXPERTO
Eduardo Barajas Languren, profesor titular de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, advierte que no es una reforma popular, pero el Ejército Mexicano “tiene gente muy preparada a nivel internacional, con conocimientos muy vastos en materia de Seguridad Pública, pero aquí el detalle no es que los tenga, sino que en realidad se utilicen y se designe a los perfiles muy correctos, sin dejar de lado a la sociedad civil, sobre todo la comunidad académico-jurídica que pueden aportarles aspectos importantes para un mejor funcionamiento de lo que se pretende lograr”.
Para el académico, “es interesante que se mejore en el papel, pero más relevante que los resultados sean palpables porque en realidad la GN, que ahora está en la prevención de los caminos, es decir, de las carreteras federales, ha dejado mucho que desear; es un aspecto descuidado, y no solamente descuidado, sino con falta de capacitación de estos elementos, tendremos que reforzar la capacitación y la educación para hacer las cosas con legalidad, es fundamental”, subrayó.
Respecto a la capacidad de investigación de la que fue dotada la corporación que ahora está bajo el mando castrense, “no es tan sencillo solamente brincar de un lado a otro o proponer aspectos de que tengan esa facultad de investigación, por ejemplo, para mí, esto parece muy importante, una función fundamental, esencial, la comisión de un delito es la investigación; esa facultad de investigación que corresponde al Ministerio Público va a ser delegada en integrantes de estos grupos, pero insisto: no sólo por ser la Guardia Nacional no se debe capacitar”, describió Barajas.
Desde la perspectiva de que la GN queda operativa y administrativamente bajo el mando del Ejército, “sí se está militarizando al país, porque entonces el factor civil ya no podemos aportar nada a estos temas tan importantes, cuando fundamentalmente en el rubro de la prevención del delito no se ve realmente un resultado positivo de estas instituciones, porque no se previene, incluso, ni se enfrenta al delincuente; entonces, creo que es lo que hace que tengamos un Estado fallido totalmente, donde en las propuestas y las reformas no se ve el beneficio social”, reflexionó.
“Es decir, estamos viendo que se vive de manera igual o peor que antes. A la ciudadanía no se le garantiza ni seguridad, ni prevención del delito, ni investigación y mucho menos combate a la delincuencia”.
De la concentración de poder de la Sedena que cuenta con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana y ahora administra puertos, aduanas, aeropuertos, el Tren Maya, construye obras para el Gobierno Federal y asume el control total de la Guardia Nacional, el doctor en derecho advierte: “A mayor responsabilidad y actividades dentro de la nación, tendremos que tener mayor control, vigilancia, supervisión y rendición de cuentas de esa institución castrense. Tenemos que tener planteamientos y parámetros internacionales. A lo mejor sus propuestas son positivas, son buenas, pero nos interesa el cumplimiento con estándares internacionales porque es importante tener el número de elementos por cada cien mil habitantes que señala la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”.
Para concluir, el catedrático expuso:
“No es solamente pasar y pasar más responsabilidades, lo importante es garantizar al ciudadano que por cada 100 mil habitantes tengamos los 187 elementos de Policía para prevenir el delito donde tú quieras, a nivel municipal, estatal o federal. Quitaron a las policías federales de caminos porque se argumentaban muchísimas cosas que son del conocimiento de todos, pero no solamente es quitar, sino garantizar que el ciudadano va a utilizar una vía federal de manera más segura, preventivamente del delito y que no se incrementen los robos, los asaltos en las carreteras, etcétera. Puedes darle más responsabilidad, pero la capacitación no se ve en el resultado hacia el ciudadano. Podemos darle más responsabilidad, más recursos, pero la capacitación es fundamental para todas las áreas en las que va a tener injerencia la Guardia Nacional”.
