Andrés Manuel López Obrador presentó en el mes de febrero del año 2024, al Poder Legislativo, una iniciativa de reforma constitucional que repercutiría de manera muy grave en el Poder Judicial. El 3 de septiembre del año en curso dicha iniciativa fue aprobada con algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, con una aplastante y sumisa mayoría del partido de Morena, y recientemente fue aprobada en los mismos términos en la Cámara de Senadores, esto último de forma exprés, como se dijo, para darle un obsequio al Presidente, que deja su cargo el próximo 30 de septiembre de la presente anualidad.
La idea central de la reforma es que todos los juzgadores del país, tanto a nivel federal como local, sean elegidos aparentemente por el voto “popular y secreto”.
El planteamiento general del Presidente es que las personas juzgadoras son corruptas y, por tanto, hay que despedirlas a todas y conformar un nuevo Poder Judicial, por si alguien lo cree, elegido por el pueblo. Se esgrime que el artículo 39 Constitucional establece que “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Continuando con nuestros comentarios sobre esta desastrosa reforma, se afirma que el hecho de que las personas juzgadoras surjan de la voluntad popular harán que tenga legitimidad y que, además, se abrirá el “cerco judicial formal” permitiendo a cualquier ciudadano ser juez.
La reforma recién aprobada prevé la celebración de elecciones judiciales el próximo año (2025) y en el año 2027. En el primer periodo se despedirán a la mitad de las personas juzgadoras una vez que se elijan popularmente a quienes ostentarán el cargo, y la otra mitad en un segundo periodo.
¿Pero de qué estamos hablando? A nivel federal, nos referimos a los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pasarían de ser -como hoy- once a sólo nueve, las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, las personas Magistradas y Magistrados de los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), así como los Jueces y Juezas de Distrito.
Esta elección mágica y popular, en teoría -hágame usted el favor- eliminaría la supuesta corrupción existente en el Poder Judicial mexicano; así de fabuloso, espectacular y con efectivo resultado, pero además, eso sí le puede cuentear cualquier apasionado de Morena se haría en forma democrática.
Existe una grave preocupación a raíz de esta modificación Constitucional y es precisamente la independencia judicial: El valor (y por supuesto, la obligación de las personas juzgadoras) de que los casos que decidan lo harán con plena libertad y en ejercicio de la función jurisdiccional, sin presiones del propio Poder Judicial, o en su caso del Poder Legislativo; y por supuesto, sin presión del Poder Ejecutivo (la Presidente electa). Es decir, podría haber presiones e intromisiones de los poderes externos al Poder Judicial; incluso -por qué no considerarlo- de los medios de comunicación, que condenan o absuelven en cualquier caso legal con una facilidad asombrosa y también con una ausencia del conocimiento más esencial del derecho, podría haber influencia e intervención de los partidos políticos (porque no defender al Secretario General del partido, al Secretario de Organización Social, a un Diputado, a un Senador, etc.).
Nadie descartaría incluso presiones internas en el propio Poder Judicial; y la pregunta importante y de muy difícil respuesta sería: ¿El nuevo marco jurídico e institucional que se propone favorecería o, por el contrario, afectaría a la independencia judicial de México?
Por supuesto resulta claro que esta propuesta merma la independencia de las personas juzgadoras debido a las presiones externas que son innegables y consustanciales en un sistema de elección popular. Como sucede con los políticos, su elección dependerá en el mejor de los casos de las personas que lo presenten y con quienes quedarían comprometidas sus acciones y decisiones. ¿O hay alguien que lo dude?
P.D.- Envió un saludo respetuoso y cordial al Lic. Sergio Abril Gaspar, lector asiduo de esta columna.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
