La perspectiva de represión y protesta cambia cuando ostentan el poder o cuando son oposición; hoy, los que criticaban las formas, protestaron, y los que criticaban los abusos, los cometieron
El lamentable episodio vivido en el Congreso de Baja California el pasado miércoles 11 de septiembre, es algo que nos debemos recriminar como sociedad y que se debe colocar como un episodio negro en la comunidad bajacaliforniana. Más allá de fobias y filias, de afinidades y repudio, el enfrentamiento entre trabajadores del Poder Judicial Federal y policías estatales en el Congreso del Estado nos recuerda que las formas son las mismas, independientemente de cómo se acomodan las fichas.
No hay justificación, y lo que se vivió por parte de los cuerpos policíacos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) es un abuso y una represión en contra de la población. No hay más, pero claro que hay ingredientes que se pueden analizar más allá de este concepto primario.
Por un lado, se tiene a un Poder Ejecutivo y Legislativo, de los cuales, muchos de los que hoy ostentan cargos de elección popular o dentro del gabinete, se originaron de las protestas sociales. Ya sea por la defensa del precio a la tarifa del camión, de la lucha por dignificar a las comunidades indígenas; o bien, por la defensa del agua.
La misma gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda formó parte de los grupos que se unieron a las protestas contra Francisco Vega de Lamadrid por su intento de privatizar el servicio de agua, la instalación de la planta Constellation Brands y las plantas desaladoras. Además del alza a la gasolina.
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Lo mismo ocurrió con Armando Samaniego, actual diputado federal; José Ramón López Hernández, director de BISOM en Mexicali; Michel Sánchez Allende, diputada local; entre otros que les tocó vivir el acoso y la represión gubernamental en diversos matices.
Algunos incluso se unieron a las causas de Mexicali Resiste, aquel colectivo que incluso sostuvo enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra policías estatales para impedir la instalación de un acueducto en el poblado el Choropo.
Esos que anteriormente integraban las filas de la insubordinación, ahora la ven desde la barrera; y mientras tanto, aquellos que los cuestionaban o minimizaban sus recursos legales, como los jueces federales, los veían sufrir en la lucha sin importarles.
Muchos de los que esta semana protestaron de manera violenta -lo cual es perfectamente válido- en el Congreso del Estado, no empatizaron nunca con las causas sociales; las repudiaban, cuestionaban las formas y priorizaron proteger la falacia mexicana llamada “Estado de Derecho”, por encima de las causas que se defendían.
Hoy, los “guardianes de la Ley” causaron destrozos dentro de recintos oficiales y se agarraron a golpes con policías; mientras que los anteriores manifestantes y activistas que se dicen cercanos al pueblo, se protegieron con agentes estatales para evitar ser tocados por una ciudadanía (una que quizás no les agrade, pero a la que también deben atender).
En este escenario podemos preguntarles a ambos bandos: ¿éstas sí son las formas? ¿Entonces sí es válido usar a la fuerza pública para golpear ciudadanos que no son afines a ti? O también preguntar: ¿es válido quebrar cristales, enfrentarte con policías y dañar las instalaciones públicas, además de arriesgar la integridad, por algo en lo que crees?
Ambos quedaron exhibidos, pues los defensores del Estado de Derecho no lo defendieron y los representantes del pueblo le dieron la espalda.
Aquí no hay buenos ni malos, pero sí debe haber responsables y esto recae en la autoridad, ahora correspondida por la “izquierda”, pues falló el operativo policial, fueron superados en número y en capacidad; además de agarrar a garrotazos a manifestantes, algo que no ocurrió en ninguna otra entidad del país -al menos hasta ese día-.
También falló la civilidad política y el asumir responsabilidades, pues los diputados, en un intento por quedar bien con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y los Presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, intentaron sacar rápidamente una minuta que ya está aprobada.
Dunnia Monserrat Murillo López, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y toda la Junta de Coordinación Política, encabezada por Juan Manuel Molina, debieron atender a los manifestantes antes de que iniciara la batalla campal, y pese a que estaban en el recinto, esto no ocurrió. Esperaron hasta que hubo heridos, destrozos y enfrentamientos para solicitar una comisión y hablar con un grupo de inconformes.
Lo que pasó el miércoles es una mezcla de errores policiales, políticos y un reconocimiento de la hipocresía de ambos grupos: que ambos -aunque lo nieguen- representan a un sector, pero pocos de ellos congenian con la ciudadanía.
Los diputados deberían exigir cuentas a la Jucopo y a la Mesa Directiva, pero también al secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, porque hicieron todo mal y arriesgaron la integridad de muchas personas. Mientras que los trabajadores del Poder Judicial Federal se llevan una gran lección de humildad al entender que no son intocables, que pueden sentir la represión y que si hubieran sido un poco más empáticos con la ciudadanía, podrían -quizás- tener un poco de respaldo popular.
