Tras la publicación de la terna para ocupar el cargo de comisionado de búsqueda de Baja California, algunos presidentes de colectivos de personas desaparecidas se dijeron en contra, pues algunos de ellos tienen un historial y reputación dudosa.
A través de un comunicado la Secretaría General del Gobierno del Estado informó que los candidatos a elegir son: Miguel Alejandro Cabrera Medina, Teresa Ávila López, Gustavo Meza Kennedy, Gustavo Salai Peña Ortiz y Jorge Alberto Aguirre Carbajal, siendo este último con el que algunos colectivos no están conformes debido a señalamientos en su contra cuando ostentó cargos en otros gobiernos del país.
En la página de la Secretaría General de Gobierno se puede consultar el currículum de cada uno de los candidatos y en el caso de Aguirre Carbajal éste señala en su experiencia que cuenta con una Licenciatura en Derecho y Maestría en Ciencias Penales y Política Criminal, así como con un Doctorado en Derechos Humanos.
Entre sus cargos más destacados están que laboró en 2002 en la entonces Procuraduría de Baja California como agente del Ministerio Público del Fuero Común en distintas unidades, fue coordinador de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos y de la Unidad de Homicidios Dolosos; y director de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada.
Además, en 2016 fue director general de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y después, de dicho año a 2019 secretario de Seguridad Pública de Tabasco; mientras que su puesto más reciente desde 2021 ha sido como director de Apoyo Técnico, Control y Seguimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana en la administración de Montserrat Caballero Ramírez.
Lo que se omite mencionar, es que el aún funcionario fue señalado en 2017 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) por el presunto daño al erario público por un monto de cinco millones 010 mil 325 pesos, por conceptos de “Anticipo a Contratistas”,así como un cálculo incorrecto al Impuesto Sobre Nómina (ISN).
De acuerdo con el OSFE, en la auditoría del primer semestre del ejercicio fiscal 2017 hecha a la Secretaría de Seguridad se detectó que existían saldos deudores con una antigüedad mayor a 900 días, los cuales provenían del ejercicio fiscal 2014, por los conceptos antes mencionados. No obstante, ante esta falta no se hicieron las gestiones para recuperar el recurso erogado a favor de la constructora CONSTRUCOCONA S.A. de C.V., por un monto de tres millones 900 mil pesos por no haber amortizado el anticipo de la obra del contrato CO-SP301-2-140/14.
También se detectó que del contrato COSP-130/14 celebrado con la empresa Construcciones y Materiales del Puerto S.A. de C.V., por el que se le dio un anticipo de 785 mil 949 pesos, no se presentó la evidencia documental que acredita la amortización de anticipo por el importe de 384 mil 794 pesos.
Según el OSFE debido a que Aguirre tenía la obligación de administrar adecuadamente los recursos, se cree que podría tener responsabilidad de ocasionar un daño al erario público por un monto de cuatro millones 284 mil 794 pesos.
En otro dictamen, el OSFE señaló que de enero a junio de 2017, ya en la gestión de Carbajal, se calculó incorrectamente el tres por ciento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), omitiendo retener y enterar del monto de 725 mil 531 pesos, los cuales correspondían a la partida de viáticos, lo que va en contra de la Ley de Hacienda del Estado.
Desde 2021 el OSFE requirió a Aguirre Carbajal, pero no pudo localizarlo en el domicilio que tenía en Villahermosa, pues para ese entonces el funcionario ya se encontraba laborando en el Ayuntamiento de Tijuana, en Baja California, por lo que se solicitó la colaboración del ente fiscalizador de este estado para notificarlo, algo que no se sabe si ya ocurrió.
“Me preocupa. Si trae ese tipo de problemas arrastrando, no quisiera que quedara alguien con denuncias de desfalcos”, mencionó la vocera del colectivo Unidos por los Desaparecidos de Baja California que aglutina a ocho grupos.
“Nuevamente rompen las reglas establecidas. Ninguno tiene el conocimiento y con los historiales no dan mucho de donde sacar. Creo que se debe considerar el tema, nos impondrán candidatos que sólo van a llevar a pique la comisión, que es una institución, pero exigente. Ocupas que busquen a los familiares no que busquen recursos para manejar a su favor”, manifestó Angelica Ramírez, coordinadora del colectivo Una Nación BuscandoT.
Será a través del correo electrónico convocatoriaclb@baja.gob.mx que los colectivos de búsqueda, familias víctimas, academias, colegios y barras de profesionistas, así como la sociedad civil, podrán emitir sus opiniones durante toda la convocatoria.
Actualmente los candidatos se encuentran en la fase se entrevistas donde ofrecerán sus propuestas y una vez concluida se seleccionará las tres mejores, las cuales serán enviadas a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, para la designación.
Si desea consultar los curriculums de los candidatos puede visitar la página https://www.bajacalifornia.gob.mx/sgg/TitularesComision.
