Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf amenazaron, el 3 de septiembre de 2024, a sus homólogos Noma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Láynez Potisek, Alberto Gelacio Pérez Dayán, y, Luis María Aguilar Morales, con un juicio político, ello después de que la mayoría de los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), votaron a favor de sumarse al paro nacional, en contra de la reforma judicial.
“Se informa que en la sesión privada celebrada el día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó conocimiento de la suspensión de a actividades por parte de trabajadores del Alto Tribunal y por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, con el voto en contra de las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama, determinó suspender actividades en la Suprema Corte de en la Justicia de la Nación”, indicó la SCJN, en oficio.
“Y, por ende, no celebrar las sesiones de las Salas del miércoles cuatro de septiembre y del Pleno del jueves cinco siguiente, manteniendo las guardias necesarias, sin que corran plazos hasta el lunes nueve de septiembre del año en curso; y la tramitación de los asuntos urgentes se realizará conforme al criterio de las Ministras y de los Ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia; en la inteligencia de que en esta última fecha, el Pleno de este Alto Tribunal valorará la situación que prevalece y adoptará las medidas conducentes”, agregó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“En la sesión privada del día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte acordó, por ocho votos contra tres, suspender sus funciones, para sumarse al paro acordado por el Colegio de Secretarios y Secretarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C.”, señalaron, por su parte, Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
“Las suscritas nos manifestamos de manera enérgica en contra de la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de Ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia. El artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que procede la imposición mediante juicio político- de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las Ministras o Ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones, ‘…incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho’”, abundaron las ministras que votaron en contra.
“Por otro lado, y con la misma contundencia, el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje ‘de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo’. No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, mediante un acuerdo de las Ministras y Ministros”, agregaron Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
“El personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala. Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los Ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijeron las ministras Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
“Además, el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde (artículo 215), o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello (artículo 217 ter), por lo que, en todo caso, quienes votaron por el paro, debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como Ministras o Ministros”, insistieron las ministras Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
“Una vez tomada la decisión de suspender labores, las suscritas propusimos continuar sesionando a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos en este Tribunal Pleno, y en las salas, contamos con dos listas ya repartidas semanas atrás en ambas salas que suman más de 200 asuntos”, dijeron las ministras de la SCJN.
“De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental de todas las personas la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes y, por lo tanto, los órganos de justicia tienen la obligación de emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, abundaron Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
“La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Las y los servidores públicos que la integramos tenemos el imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia de todo el pueblo mexicano. Justicia suspendida, es justicia denegada”, finalizaron Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
Tras darse a conocer esta postura de las tres ministras, la mayoría de sus homólogos, que avalaron el paro de actividades, respondieron, en un comunicado, lamentando el “amenazante” mensaje de sus pares.
“Ministras y Ministros que conformamos la mayoría en la votación de las resoluciones adoptadas el día de hoy por el Tribunal Pleno en relación con la suspensión de las sesiones de Sala y Pleno hasta el próximo lunes 9 de septiembre; actuando de conformidad con la Constitución, nuestras convicciones y ante la situación atípica y extraordinaria que atraviesa el Poder Judicial de la Federación, lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contendidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra las y los Ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano, incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión, reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y nuestro Derecho Constitucional”, indicaron la mayoría, en su respuesta.
“La impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos, así como la atención de casos urgentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, baluarte y última línea de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas es, y debe seguir siendo, un ejemplo en el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, sin que esto implique el menoscabo de los derechos de las personas que laboramos en esta Institución”, dijeron los ocho ministros de la SCJN, que votaron a favor.
“Con cabal respeto a las diferencias, pero sin caer nunca en provocaciones e intimidaciones que no abonan al debate republicano que debe imperar en un Estado constitucional y democrático de derecho, renovamos nuestro compromiso con la sociedad a la que nos debemos, así como nuestra solidaridad y respeto a nuestras compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación”, enfatizaron los ministros de la mayoría.
La Asamblea General Extraordinaria, del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidieron, el 2 de septiembre de 2024, que se sumarían a la suspensión nacional de actividades -que comenzó el 19 de agosto del mismo año-, en protesta a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través de un comunicado, se detalló que los trabajadores se reunieron en el área de murales de la sede del máximo tribunal constitucional, donde votaron para tomar una decisión mayoritaria.
De un universo de 3 mil 647 empleados, sólo participaron mil 072, el 29 por ciento. De ellos, 951 sufragaron a favor de la suspensión 951; 116 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, muchos de los trabajadores laboran en edificios alternos, casas de la cultura jurídica en los 32 estados, o son personal operativo o administrativo.
Ante su decisión los trabajadores del máximo tribunal constitucional notificarían a los ministros de la SCJN, mismos que estaban convocadas a una sesión pública, que se llevaría a cabo el 3 de septiembre de 2024.
El Pleno de la SCJN rechazó, en sesión privada -llevada a cabo el 2 de septiembre de 2024-, una petición de la ministra Batres Guadarrama, para que el máximo tribunal constitucional aplicara facultades previstas en el artículo 11, fracciones XIX y XX, de la Ley Orgánica del PJF, que le permitirían solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para “garantizar la función jurisdiccional”.
Batres Guadarrama consideró que el paro nacional de laborales sólo había sido reivindicado por una asociación civil, que, según ella, no podía “usurpar” las funciones administrativas que la Constitución le reservaba al CJF. No obstante, la propuesta fue rechazada por nueve votos contra dos, y solo fue apoyada por Esquivel Mossa.
