En la década de los 90 y del 2000, el municipio de Los Cabos vivió un fenómeno de invasiones en terrenos particulares y en arroyos, que dejó en evidencia la crisis de vivienda que enfrenta el principal destino turístico de Baja California Sur.
Aunque por más de 10 años no se había registrado otro intento de asentamiento irregular, en las últimas semanas se ha documentado que las invasiones han regresado a San José del Cabo y Cabo San Lucas.
Uno de los casos se reportó en inmediaciones del boulevard Puerto Nuevo, en donde alrededor de 100 personas llegaron para instalarse en un terreno.
Con alambres y palos comenzaron un intento de lotificación y montaron guardias organizadas de día y de noche para evitar el desalojamiento por las autoridades. Aunque se observó la presencia de unidades de Seguridad Pública, los invasores permanecieron en el lugar, según narran vecinos de la zona.
Días después, la Mesa de Seguridad registró otra invasión en tierras ejidales ubicadas cerca del fraccionamiento Chulavista en Cabo San Lucas.
Otro grupo de aproximadamente 35 personas llegó al predio que pertenece al Ejido de Cabo San Lucas, que se encuentra en la calle Nicolás Tamaral.
“Esta mañana amanecimos con intento de invasión en predio propiedad de Ejido CSL zona Av. Tamaral; actuamos de conformidad al protocolo de la Mesa de Seguridad del Estado de Baja California Sur…”, informó el 17 de agosto Karen Zumaya, representante legal del ejido.
La líder recalcó que demostraron contar con la documentación que los avala como legítimos propietarios, como escrituras públicas.
“Explicamos a las personas y avisamos que procederíamos a ponerlos a disposición de las autoridades en caso de seguir ocupando propiedad privada, incurriendo en delito de despojo e invasión”, precisó.
Señalan que tienen identificada a la líder de este intento de asentamiento irregular y exhortaron a las personas a no caer en promesas que no se pueden cumplir.
Tras estos reportes, la Mesa de Seguridad de Baja California Sur se activó y poco antes del cierre de esta edición se confirmó que se logró desalojar a los invasores de Chulavista y de Puerto Nuevo.
Sin embargo, los propietarios de estos predios recalcan que no hay una garantía de que esto vuelva a ocurrir en un escenario en el que está cerrando la administración del alcalde, Óscar Leggs Castro, que está a punto de pasar la batuta del Gobierno Municipal a Christian Agúndez Gómez.
La ley no permite actuar: Leggs
Por su parte, el presidente municipal lamentó la situación, asegurando que ya investigan a los líderes de estas invasiones.
“Ahí en el momento en que se presentó, se apersonó la Dirección General de Seguridad Pública para detener ese tema de la invasión, sin embargo, es una invasión bien orquestada por líderes corruptos y que ya se está haciendo la investigación”, comentó.
“Se ha pedido a los dueños de esos tramos que presenten la denuncia de esos espacios, el ejido ya hizo lo propio, ya tiene gente vigilando ahí para evitar que se apropien de lo que no es suyo”, agregó.
No obstante, Leggs Castro expuso que está imposibilitado para intervenir si no hay una denuncia de por medio ya que, según sus propias palabras, “la ley a veces no les permite actuar”.
“En el tema municipal, hacemos lo propio: estamos vigilando. La verdad es que están bien organizados según han dicho por ahí en la Mesa de Seguridad, solamente están esperando a que los dueños de esos terrenos presenten ya la denuncia ya se les avisó para poder actuar en consecuencia”, mencionó.
Cabe recordar que Los Cabos es el municipio con mayor número de personas viviendo en asentamientos irregulares en Baja California Sur, esto en gran medida por las invasiones que se reportaron en los 90 y en el 2000, según autoridades estatales.
De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil, se calcula que en la entidad hay 68 mil personas habitando en zonas de riesgo y alto riesgo: 45 mil en Los Cabos, ocho mil 500 en Mulegé, seis mil en La Paz, cinco mil en Loreto; y tres mil en Comondú.
Habrá cero tolerancia: Saúl González
El secretario General de Gobierno del Estado, Saúl González Núñez, advirtió que aplicarán la ley sin excepción alguna y que habrá cero tolerancias ante cualquier intento de invasión, ya sea en Los Cabos o en el resto de Baja California Sur.
Activaron la Mesa de Seguridad para trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, recalcando contendrán y sancionarán a quienes dirijan o se aprovechen de la necesidad de vivienda de la ciudadanía.
Expuso que hay quienes ofrecen espacios con engaños, de manera ilegal, sin importar si son zonas irregulares, sin dejar de reconocer que existe una problemática en Los Cabos en donde las familias buscan patrimonio digno y seguro.
Por último, el secretario exhortó a la población para que no se deje engañar y que acuda a las instituciones gubernamentales para informarse antes de adquirir un bien inmueble.
