Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana a integrantes del Poder Judicial que han favorecido a presuntos criminales. Entre los casos en los que están involucrados, se encuentra el del intento de absolución del presunto agresor de la saxofonista María Elena Ríos, y el del cambio de medida cautelar al exgobernador Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho.
“Queda sin efecto la boleta de libertad que fue ordenada a favor de los imputados antes mencionados y se ordena permita el ingreso de los mismos para que continúen con la medida cautelar originariamente impuesta en esta causa penal, esto en atención al acuerdo emitido con fecha 14 de agosto 2024”, señala la resolución de la Jueza María Antonia Esteva.
La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo perpetraron dos albañiles, Ponciano “N” y su hijo Rubiciel “N”, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y político mexicano, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos en ese año.
En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén “N”, un exempleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continua prófugo.
Para María Elena, quien estudió saxofón en el Conservatorio de Puebla y además la carrera en Comunicación, acceder a la justicia no ha sido fácil. Al principio su agresión fue clasificada como “heridas que tardan 30 días en sanar”. Sin embargo, el 23 de octubre, cuando su abogada demostró que le habían quemado el 40 por ciento de su cuerpo, las clasificaron como “heridas que ponían en riesgo su vida”. No fue hasta el 23 de diciembre cuando por fin le clasificaron el delito como “tentativa de feminicidio”.
Asimismo, el Subsecretario acusó a Elsa Patricia Espinoza Salas, Jueza Tercera de Distrito en Quintana Roo, y a Angélica del Carmen Ortuño Suárez, Jueza Segunda de Distrito en Quintana Roo, por sustituir la prisión preventiva a Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho.
“El pasado 5 de agosto, la Jueza Espinoza Salas otorgó un amparo a Mario Plutarco ‘N’ para dejar sin efecto la resolución del 9 de agosto de 2023, dictada por el Juez Segundo de Distrito de Quintana Roo, en la que declaró infundada la petición de modificar o sustituir la prisión preventiva impuesta”, expresó.
El Subsecretario sostuvo que la Jueza Espinoza Salas ordenó al Juez Segundo de Distrito celebrar una nueva audiencia y dictar una nueva resolución.
“También le señaló que, en caso de que no se justifique la prisión preventiva, debería imponer otra u otras medidas cautelares que considere razonablemente adecuadas”, agregó.
A su vez, mencionó que Angélica Carmen Ortuño Suárez, Jueza Segunda de Distrito en Quintana Roo, ordenó la libertad inmediata del exgobernador de Puebla el pasado 10 de agosto, y las medidas cautelares de brazalete electrónico, resguardo domiciliario y una exhibición de garantía económica de 100 mil pesos.
“La Jueza Ortuño Suárez consideró que Mario Plutarco ‘N’ acreditó su arraigo domiciliario en Puebla. […] Ordenó a la Policía Procesal de la Guardia Nacional para que una vez que Mario Plutarco ‘N’ egrese del Cefereso, sea trasladado a su domicilio particular en Puebla”, precisó.
Por el delito de tortura en contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el jueves 3 de febrero del 2021 detuvieron a Mario Marín en Acapulco, Guerrero. Después lo ingresaron al Centro de Readaptación Social de Cancún, Quintana Roo.
El 10 de febrero de 2021, un Juez dictó auto de formal prisión en su contra y posteriormente entró al penal de Cancún. En enero del 2023, el exgobernador de Puebla fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, “El Altiplano”, en el Estado de México.
En este mismo lugar duerme Javier López Zavala, un personaje político cercano a él, preso por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez.
Lydia Cacho fue víctima del entonces mandatario de Puebla. Él, en acuerdo con Kamel Nacif, organizó detenerla y torturarla para hacerla firmar un documento en el que se retractaba de la red de trata descrita en su libro Los demonios del Edén. ZETA/SinEmbargo
