Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), urgió, el 12 de agosto de 2024, defender la independencia judicial.
“Alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial”, dijo la ministra, durante un discurso en el que no hizo alusión directa a los detalles de la iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero de 2024, al Congreso de la Unión.
“Ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano […] Preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo”, agregó Piña Hernández.
“Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir. Menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial, que insisto, no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas”, afirmó la ministra.
Piña Hernández inauguró el ‘Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial’, un evento de tres días de duración, llevado a cabo en la sede de la SCJN, a la cual asistieron otros ministros, legisladores de todos los partidos, consejeros del CJF, representantes de 30 embajadas, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como presidentas y secretarios de las asociaciones que agrupan a jueces y magistrados, además de los principales colegios de abogados, y de organizaciones internacionales, como la Fundación Konrad Adenauer.
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El Encuentro también fue patrocinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH), en México.
Jesús Peña Palacios, representante Adjunto del Alto Comisionado de dicha institución internacional, afirmó que la reforma judicial se debería de deliberar en un clima de tolerancia, bajo un proceso amplio, abierto, plural y transparente, en el cual era crucial que las propuestas adoptadas se ajustaran a las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
“La reforma debería partir de un diagnostico objetivo, basado en evidencia, y abarcar todas las instituciones” relacionadas con la justicia, según agregó Peña Palacios, que puso como ejemplo, las policías, fiscalías, forenses, sistema penitenciario y defensorías públicas.
Mientras que Mónica González Contró, directora del IIJ de la UNAM, enfatizó la importancia de las decisiones del Poder Judicial de la Federación (PJF) para favorecer derechos de menores de edad y minorías vulnerables, de los que no se habían ocupado los poderes legislativos, además de que sostuvo que la democracia no era la imposición de las mayorías.
“La justicia hoy requiere de personas juzgadoras íntegras que puedan verse libres de cualquier presión o interés, incluidos las mayorías y los partidos políticos”, señaló la académica de la llamada “máxima casa de estudios”.
En tanto que José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), advirtió que aprobarse la reforma al PJF, se corría el riesgo de tener jueces débiles y se daba entrada a la injerencia del crimen organizado en sus nombramientos.
El líder del sindicato patronal denunció que los parlamentos abiertos, convocados por los legisladores de Morena, para discutir la reforma judicial, estuvieron restringidos y no se escucharon a todos los expertos.
“Sin duda la mayor preocupación es la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, ya que puede comprometer la independencia judicial […] La propuesta como está planteada podría erosionar tanto la confianza pública como la atracción de inversiones”, abundó Medina Mora Icaza.
“Esto puede generar incertidumbre jurídica que tanto reclaman los inversionistas. Ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] elige a jueces y magistrados”, señaló el presidente de la COPARMEX, quien añadió que la reforma podría politizar la justicia, creando conflictos de intereses.
