Empresas cuyos propietarios fueron sancionados por el Gobierno de México por presentar documentación apócrifa, otras ya favoritas de la administración y unas más cuyos registros refieren asentarse en domicilios donde no residente, forman parte de las irregularidades de los negocios que brindan los servicios de arrendamiento de camiones de basura, patrullas y vehículos, para el Ayuntamiento de Mexicali, dirigido por Norma Alicia Bustamante Martínez, quien repetirá en su encargo por los próximos tres años.
Desde la administración del panista Gustavo Sánchez Vázquez, los gobiernos municipales han optado por liberar sus responsabilidades en la adquisición de bienes para brindar los servicios, bajo el argumento de que resulta más barato, optan por el arrendamiento de diversas necesidades.
Hoy en día, la administración de Bustamante Martínez dejó de comprar camiones de basura, patrullas y vehículos utilitarios para contratar servicios de este tipo, en un contexto donde las tasas de interés se encuentran muy altas por las condiciones del mercado.
Más allá de que sí el esquema es positivo o negativo, las empresas encargadas de brindar los servicios de arrendamiento se encuentran plagadas de irregularidades. Sin embargo, han tenido el aval del Cabildo de Mexicali para concretar los servicios.
Algunas nacionales, otras locales, algunas personas físicas con domicilios sospechosos y otras como empresas favorecidas desde el arribo de los gobiernos de Morena, forman parte de los esquemas en los que se han destinado millones de pesos para brindar servicios aún deficientes.
Para el regidor panista Manuel Rudecindo García, estos esquemas deberían plantearse como un paliativo en tanto se logra resolver el problema de fondo derivado de la falta de liquidez, no como una solución a los problemas, toda vez que mientras más pasa el tiempo, el gobierno se vuelve más dependiente a las empresas que brindan el servicio.
ZETA solicitó por tres semanas una entrevista con la oficial mayor Claudia Beltrán para hablar del tema, pero durante este tiempo no recibió a este Semanario. Tres regidores de Morena también fueron consultados para abordar el tema, pero turnaron la petición a otros ediles que finalmente no respondieron: Óscar Vega Marín aseguró que el tema le corresponde a César Castro y éste a su vez lo canalizó al regidor Manuel Martínez Salomón, quien afirmó sólo tener espacio para entrevista hoy viernes 16 de agosto al mediodía.
LAS EMPRESAS
El gobierno de Norma Alicia Bustamante Martínez optó por incrementar los arrendamientos. Algunos de ellos se generaron durante su gobierno, pero otros vienen arrastrando desde la pasada administración morenista dirigida por la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Sólo durante este año, el gobierno municipal emitió alrededor de diez procesos de licitación para arrendamiento de vehículos u otro tipo de unidades y servicios, de los cuales la mayoría se entregaron por adjudicación directa, pese a que se trata de contratos multimillonarios.
La primera de las empresas que destaca es Capital Rent, SA de CV, formada en el Estado de Querétaro en julio de 2018, es decir, el mismo año que llegó Andrés Manuel López Obrador al Poder Ejecutivo federal.
Dicha empresa es dirigida por Édgar Beltrán Barona y Rodrigo Domínguez Tron, las cuales forman parte de Grupo Ferbel, fundada por Fernando Beltrán Salinas.
Capital Rent se hizo de contratos durante 2023 y 2024 con el Gobierno de Mexicali, el más jugoso de nada menos que de 87 millones 326 mil 250 pesos para el arrendamiento de 50 camiones recolectores de basura, según puede constatarse en el contrato 01-AYTOMXL-OM-ADQ-01-23.
Esto quiere decir que por un periodo de ocho meses, el Ayuntamiento de Mexicali arrendó cada vehículo en un millón 746 mil 525 pesos. De compararse con un ejemplo de compra, el Ayuntamiento de Puebla, en 2022 hizo una adquisición de varios camiones de basura, cuyo costo de cada uno ronda entre los 2.4 y 2.6 millones de pesos por unidad.
En una matemática sencilla se puede comprender que, en un periodo de 12 meses, el Gobierno de Mexicali estará gastando 2 millones 322 mil 878.25 pesos por la renta de cada unidad: en un año se habría pagado el arrendamiento y la unidad ya pertenecería al Ayuntamiento.
Pero eso no es suficiente para Capital Rent, toda vez que además fue electa para arrendar dos vehículos tipo pick-up Nissan NP 300, cabina regular, por un monto de renta de 900 mil 776 pesos, según obra en el expediente 01-AYTOMXL-OM-AD-03-24, que al igual que los otros, está firmado por la oficial mayor Claudia Lorenia Beltrán.
Una cotización rápida por medio de la propia agencia Nissan confirma que cada unidad tiene un costo estimado de entre 490 mil y 520 mil pesos, lo que quiere decir que la renta de ocho meses también habría sido suficiente para prácticamente adquirir unidades propias.
Este año, el Gobierno de Mexicali arrendó además otras 25 unidades de recolección y compresión de basura por 23 millones 435 mil 190 pesos a la misma empresa, donde curiosamente no participó ninguna otra para competir por el jugoso monto.
A esto se le suman otros 65 millones 732 mil 850 pesos que obran en el contrato 01-AYTOMXLI-OM-ADQ-09-24, por el cual Capital Rent arrendó los mismo 50 camiones -ahora usados- por 207 días, es decir, menos de los que se tenían previstos.
En menos de dos años, el gobierno de Norma Bustamante les ha dado a ganar más de 150 millones de pesos.
Otra de las particularidades de esta empresa es que el consorcio Ferbel es filial de Sumacortec, propiedad de Édgar Beltrán Barona, Rodrigo Domínguez Tron, Giomara Melia Gaal y Fabiva Industrial. Se dedica a la venta y arrendamiento de unidades.
La firma fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública debido a un expediente SANC-0001/2024 originado por la Secretaría de Turismo, ya que el Estado descubrió que el consorcio utilizaba documentación apócrifa para presentar sus propuestas.
Aunque Capital Rent refiere tener su domicilio en Privada de los Industriales número 110-A interior 502-B, Colonia Jurica y Código Postal 76100 en Querétaro, la realidad es que todas sus operaciones se centran en un gran almacén ubicado sobre Autopista Querétaro-México, KM. 168, Número 35, La Estancia, San Juan del Río, Querétaro, México, CP 76824, donde oficialmente se encuentra Sumacortec, sancionada por el Gobierno de México para que ningún ente público lo contrate por un periodo de tres meses ante las irregularidades encontradas.
El anuncio fue realizado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2024, y dos semanas después, la empresa fue contratada una vez más por el Gobierno de Mexicali. Si bien, la persona moral es distinta, se trata del mismo consorcio que mantiene sus operaciones en el mismo domicilio, que pertenece a los mismos dueños y maneja las mismas unidades para brindar sus servicios, lo cual ya debería llamar la atención del Ayuntamiento.
No conforme con ello, al revisar la página de internet de la empresa Sumacortec, alineada a Capital Rent, se puede constatar que presumen la oferta del servicio para diversos gobiernos y empresas; la más llamativa es la sociedad que sostiene con FMedical o Línea Médica del Sur, propiedad de Fernando Padilla Farfán, operador financiero y amigo de Adán Augusto López Hernández, quien ha recibido multimillonarios contratos por parte del Gobierno de Baja California en torno a los centros de salud móviles, la construcción del Hospital La Morita en Tijuana y las Clínicas del Bienestar, proyectos que representaron beneficios económicos de más de mil millones de pesos en menos de tres años de la administración morenista estatal.
Esto quiere decir que Capital Rent y Sumacortec, habilitan las unidades utilizadas por Padilla Farfán para brindar los servicios a los gobiernos estatales, lo que representaría un negocio redondo.
Otra de las peculiaridades es la persona física Alberto Chávez Díaz, un empresario que nadie conoce radicado -supuestamente- en Tecate, el cual ha sido ampliamente beneficiado por medio de adjudicaciones directas desde 2020 por los gobiernos morenistas municipales.
Ese año, la persona física recibió un monto de 3 millones 593 mil 160 pesos por el arrendamiento de maquinaria para el confinamiento de residuos sólidos urbanos domésticos y voluminosos para la Dirección de Servicios Públicos de Mexicali. Contrato entregado de manera directa a Chávez Díaz, quien no cuenta con empresa alguna inscrita en el Registro Público de Comercio (RPC) ni el local, pero que cada año ha mejorado sus ingresos públicos.
Su domicilio, según el documento oficial, es Carretera Tijuana-Mexicali 108, S/N, Loma Tova CP 21510 en Tecate, Baja California, donde sólo se ubican terrenos baldíos y pequeños negocios.
Sin embargo, el último contrato en poder de ZETA registra como su domicilio Calle Cenicientos número 1549, Fraccionamiento Residencial Madrid, CP 21353 en Mexicali. Lo curioso es que al acudir al inmueble se confirma que es una vivienda particular, misma que según la página de internet KW México, se encuentra disponible para renta.
Este reportero llamó a los teléfonos asignados a dicha empresa para confirmar si estaba disponible para arrendar la propiedad, a lo que la recepcionista respondió de forma afirmativa.
De sólo tener una propiedad registrada a su nombre, en octubre de 2021, la cual fue entregada mediante un juicio donde según el RPC indica que le fue entregado por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alberto Chávez Díaz se volvió el protagonista en varios contratos multimillonarios.
El documento público indica que Chávez Díaz fue beneficiado mediante un juicio agrario para recibir un terreno de 452.501 metros cuadrados en Avenida Manuel Román García y calle Profesor David Monay Quirarte, en el poblado el Encinal, en Tecate.
Se dijo nacido el 15 de mayo de 1980, residente de Tecate, afirmó estar soltero y tener el oficio de campesino, pero extrañamente, también se dedica al arrendamiento de maquinaria para el traslado de residuos sólidos.
Durante los primeros dos años se hizo de tres contratos que no superaban los 4 millones de pesos por maquinaria, pero a partir de 2022 -ya en el gobierno de Bustamante- se le incrementó el servicio a 15 millones 495 mil 435 pesos.
En los primeros dos años se le arrendó un tractor oruga, un cargador frontal, un camión cisterna y camión de volteo, por una cantidad de poco más de 3.5 millones de pesos, pero en los últimos años se le rentaron más de 20 vehículos de carga de diversos tipos.
Para 2023 sus ingresos públicos aumentaron a 20 millones 705 mil 819.40 pesos y en 2024 subió a 45 millones 931 mil 359 pesos,
De no tener nada, en 2021, Chávez Díaz se hizo de dos terrenos en la colonia Burócratas y Segunda Sección, de 247.00 y de 440.385 metros cuadrados, por un monto total de 11 millones 310 mil pesos, tras una transacción con Martha Griselda Luque Verdugo en noviembre de 2023.
ZETA identificó otros arrendamientos como 168 patrullas de la Policía Municipal de Mexicali a la empresa iNTEGRA Arrenda, la cual durante los casi tres años de gestión de Bustamante se ha agenciado 85 millones 835 mil 503.18 pesos, según los tres contratos signados.
La empresa ha sido una de las grandes beneficiadas en los últimos gobiernos de la 4T, pero también ha recibido contratos de administraciones panistas. De hecho, la polémica generada por la propuesta del ex candidato a la alcaldía de Mexicali, Francisco Fiorentini Cañedo, para arrendar patrullas eléctricas como las que arrendó el municipio de Hermosillo, Sonora. Lo que no dijo es que la misma empresa que ofrece el servicio en el municipio sonorense, es la que lo ofrece actualmente en Mexicali.
Es propiedad de Ángel Mieres Zimmermann, quien forma parte del Consejo Consultivo del periódico Heraldo, vinculado políticamente a un sobrino de Margarita Zavala.
NO HAY TRANSPARENCIA EN LOS RESULTADOS
Para el regidor Manuel Rudecindo García, no hay transparencia en los esquemas de arrendamiento realizados por la administración de Norma Alicia Bustamante Martínez, además de que estos esquemas debieron usarse como paliativos y no como un intento de solucionar la problemática.
Actualmente se está creando una dependencia a las empresas que arrendan los servicios y bienes, pues si bien, resulta en un acto positivo de forma inmediata, a la larga resulta mucho más costoso.
Y es que, comentó, sólo se trata de medidas temporales para garantizar resolver los problemas que se tienen, pero con la finalidad de destinar recursos posteriormente para cubrir con las necesidades. No se resolvieron los problemas y ahora existe una necesidad de rentar, pues ya no se cuenta con patrullas ni vehículos para el traslado de basura; la mayoría son arrendados.
El Rude, como es conocido, aseveró que se le dio un voto de confianza a la administración morenista, pero luego de tres años siguen sin conocer los resultados de estos costosos esquemas de arrendamiento, que se han entregado de manera directa y no mediante procesos de licitación abiertos.
Respecto a las empresas, refirió que los gobiernos cumplen con las medidas estipuladas con los reglamentos, pero bien podrían definir en las convocatorias algunas medidas o candados para evitar que cometan abusos, lo cual no ocurre.
En torno al arrendamiento de patrullas, aseguró que la empresa no tiene capacidad para brindar el servicio por el que se comprometió pues por cada unidad que sufre una descompostura, debe haber alguna otra preparada para cubrir la necesidad inmediata.
Sin embargo, en estos momentos llegan a pasar días para resolverlo y la justificación del gobierno municipal es que se les descuenta del pago mensual. Lo que no evita es que durante ese día no haya vigilancia en determinado punto de Mexicali.
Réplica de Oficialía Mayor de Mexicali:
Dentro de las licitaciones y adjudicaciones directas que se han realizado en este tipo de arrendamientos, se ha solicitado la Constancia de Situación Fiscal, así como comprobante de domicilio en donde la cual consta el domicilio fiscal de los proveedores a los cuales se han adjudicado contratos a lo largo de la administración. Así mismo, para su registro en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Mexicali se les ha requerido dicha documentación.
No existen tasas de interés en los arrendamientos, ya que los contratos se realizan a precios unitarios, por lo que el proveedor durante el contrato no puede modificar sus precios. El Cabildo de Mexicali aprueba el presupuesto y ampliación para realizar los proyectos, los procedimientos de contratación se llevan a cabo con la aprobación del Comité de Adquisiciones.
No se “vienen arrastrando” son empresas nuevas las cuales se ha licitado y competido con otras empresas. A dicha compra, debe de sumársele el mantenimiento de cada unidad, llantas, placas, seguros, entre otros.
Como se puede observar, resulta asequible el arrendamiento comparado contra la compra de cada unidad. • ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO PICK UP HABILITADAS COMO UNIDAD DE CAPTURA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
Dichas unidades se encuentran habilitadas como unidades de captura, por lo que también no se esta tomando en cuenta los mantenimientos y demás servicios. Cabe mencionar que ha pagado un total $45,619,233.00 hasta el 31 de julio. Se arrendaron por menos tiempo por termino de la administración.
La resolución de SUMACORTEC es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2024. El contrato fue celebrado el 8 de marzo del actual. Cabe mencionar que la sanción que fue emitida se es en contra de la persona moral SUMACORTEC, S:A: de C.V., la cual es una persona moral distinta a la de CAPITAL RENT S.A. de C.V., las cuales cuentan con patrimonio y recursos propios.
Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en el Municipio de Tecate según documentación acreditada por el propio proveedor. Se realizó la licitación No. AYTOMXL-OM-ADQ-03-24-BIS, proceso mediante el cual fue adjudicado el contrato y no de manera directa.
No cuenta registro de empresa en el Registro Público ya que es una persona física, no siendo necesario estar inscrito en dicho registro.
Es importante mencionar que el documento, el cual acredita su domicilio fiscal es en su constancia de situación fiscal, así como comprobante de domicilio. así mismo, este domicilio referido, se encuentra manifestado en el documento oficial emitido por la Secretaria de Administración Tributaria, en donde se encuentra señalado ese domicilio como apertura de sucursal.
Respuesta del reportero
En primera instancia es importante precisar que este reportero solicitó durante tres semanas una versión para entrevista con la Oficial Mayor, Claudia Beltrán, a través de su equipo de Comunicación Social, pero pese a que se dieron tiempos y espacios libres para definir una cita de entrevista o información, la dependencia no respondió a la petición.
Respecto a los domicilios, la dependencia puede tener una copia de la Constancia de Situación Fiscal de las empresas como un requisito, pero sí este reportero acude al domicilio fijado y confirma que se trata de una propiedad en renta, se confirma que el domicilio que entregó no corresponde, ya sea por que no actualizó su información; o bien, porque nunca ocupó ese domicilio. Esto representa una irregularidad que debe revisar la propia dependencia.
Sí bien es cierto que en algunos contratos se llevó a cabo licitación, en otros se extendió el contrato de manera directa, pues fueron adquiridas desde el año pasado y respecto al costo de placas, neumáticos y servicios, la funcionaria lo refiere pero no lo explica, toda vez que no brinda información del subejercicio generado por no destinar ese dinero a estos conceptos.
Resulta curioso pues se desconoce el precio específico de los neumáticos, el tiempo de vida de los mismos, el tiempo en que se le brindan los servicios correspondientes y demás. Esto pudo ser detallado sí la Oficial Mayor hubiera tomado la entrevista en su momento. Por cierto, en su réplica no da a conocer el monto del subejercicio o “ahorro”, sólo asegura que existe.
Respecto a la jaula de los vehículos de CEMCA se encuentra en los mismos términos, como el contrato no especifica el costo que esto representa. En caso de volver a arrendar las unidades para el próximo año, este monto se duplicaría y no hay análisis sobre sí resulta más costoso arrendarlos o adquirirlos, más entendiendo que las tasas de interés para los financiamientos recaen en un 11 por ciento, pues son los financiamientos mediante los cuales las empresas compran los equipos, mismos que se cargan al contratante final.
Respecto a la empresa Capital Rent y Sumacortec, la Oficial Mayor tiene razón en que se trata de personas morales diferentes, pero son los mismos propietarios, forman parte del mismo consorcio y sí bien le ofrecieron al Ayuntamiento de Mexicali información sobre otro domicilio, basta con revisar su página de internet o datos específicos de la empresa para conocer que ambas se ubican en el mismo domicilio en Querétaro.
El motivo por el cual la Función Pública sancionó a la empresa es porque falsificó documentos para ganar licitaciones, lo cual debería generar una duda razonable en el sector gubernamental sobre la contratación, pues es una empresa que no tiene problema en falsificar la información.
Lo que no contestó la funcionaria es sobre la relación que tiene la empresa Capital Rent y Sumarcortec, las cuales brindan los servicios de vehículos a las empresas de Fernando Padilla Farfán, el empresario ligado a Adán Augusto López Hernández, el cual además tiene los contratos de los centros de salud móviles en Baja California; construye el Hospital La Morita de Tijuana; y cuenta con el contrato de las clínicas del Bienestar, en el Estado.
Reiteramos que nos encontramos a disposición de las autoridades públicas y las empresas privadas para tomar sus versiones sobre algún señalamiento periodístico, pero fácilmente puede hacerse antes de publicar la información.
Este reportero intentó obtener una versión sobre el hecho, pero la Oficial Mayor, Claudia Beltrán, declinó esta posibilidad.
