“La realidad es que el costo de los órganos autónomos, de acuerdo a especialistas, no llega a los dos dígitos en el presupuesto federal, el trasfondo es cumplir el capricho presidencial de ser el único poseedor de la información, como solía suceder en el pasado, y decidir cuál, cómo y dónde la hace pública”.
Por estos días la sensación es de pérdida y de exceso a la vez. Pérdida no muy paulatina de la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la vida política y administrativa del País, y un exceso de poder a partir de una ventajosa interpretación de la Ley en favor de un partido político y sus aliados a sueldo. Una patente de corso en demérito de la Constitución.
Desafortunadamente, y eso salta a la vista y el análisis de las reformas propuestas desde el oficialismo morenista en Palacio Nacional, no se trata de cambios para fortalecer la democracia establecida en el País, sino de viscerales atentados para cooptar cualquier contrapeso al Poder Ejecutivo, particularmente aquel representado en uno de los Poderes de la Unión, el Judicial; y aquellos logrados por la ciudadanía para regular y supervisar acciones decididas de gobierno, a partir de los órganos autónomos.
Cuando en 2023 e inicios de 2024 el presidente intentó y no pudo modificar la Constitución a su soberano antojo, alertó que esperaría a la concreción del triunfo de Morena y aliados en la elección del 2 de junio de este año para, con una mayoría calificada, realizar las modificaciones entrando el 1 de septiembre, en cuanto arribara la nueva legislatura con oposición menguada y antes de concluir su administración el 1 de octubre.
Los días previos a la llegada de la nueva legislatura, la que será cosa del pasado ha sido utilizada para, a marchas forzadas y en comisiones dominadas por el morenismo a ultranza, aprobar en lo general las reformas que le son de interés y prioridad al presidente, para que durante la primera semana de septiembre los estrenados legisladores las aprueben sin cortapisas. Particularmente tres: la militarización de la seguridad al traspasar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al Ejército, la facultad de la Guardia Nacional; la eliminación de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, y la más grave para el Estado de Derecho, la reforma al Poder Judicial.
La primera afectará de manera directa cualquiera que sea la política pública en materia de seguridad de la próxima administración, especialmente considerando que la futura presidente ya anunció quién será el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, quien ya la acompañó en tal encargo, pero en el gobierno de la Ciudad de México. A García Harfuch le gusta la notoriedad, el protagonismo en la estrategia de seguridad. Solía acudir personalmente ante actos de violencia o inseguridad de alto impacto, y además dar conferencias de prensa para informar de estrategias, avances y metas.
Publicidad
__
A diferencia de la actual secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien será secretaria de gobernación en la siguiente administración, García Harfuch es más de estar en el centro del plan coordinando a policías, unidades de inteligencia, administrativas y operativas, para salir a calle. Por eso, dejarlo sin la facultad de la Guardia Nacional, corporación que prometieron estaría en seguridad y con un mando civil, es prácticamente desarmarlo con el cascaron de una secretaría de seguridad más enfocada en un secretariado para llevar la estadística, que en una institución preventiva de combate a la inseguridad. Pero la militarización de la seguridad es un hecho que el presidente anhela.
Y contra los votos de Morena en la Cámara de Diputados, y la mayoría ya cantada (a fuerza de traiciones en la oposición) en la Cámara de Senadores, no habrá presidenta electa que le gane a presidente constitucional en aprobar sus reformas clave. De hecho, lo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho en los últimos días, incluso ante la “pausa” interpuesta por el presidente López Obrador con las Embajadas de los Estados Unidos y Canadá, desde donde advirtieron la semana pasada el riesgo de afectar la democracia y no combatir la corrupción con la reforma judicial, ha sido respaldar al presidente López Obrador, erigiéndose como una ferviente seguidora del obradorismo, y a estas alturas, sin voz ni voto.
La desaparición de los órganos autónomos de supervisión, transparencia y regulación, creados precisamente para evitar el abuso de poder, el favoritismo, la corrupción y en un afán de ser candados para el exceso de poder, sumirá al país en una opacidad donde todo le será posible al gobierno y negado a la sociedad. Más allá de la regulación que aportan los órganos técnicos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia ha hecho valer el acceso a la información y la protección de los datos personales a la ciudadanía. Todo eso quedará vulnerado, al servicio del gobierno en turno.
Pretextando una obesidad presupuestal, el presidente López Obrador cerrará los accesos a la información que de suyo ha reservado para ocultarla a la ciudadanía, y proteger a instituciones y personas que eran sujetos obligados de transparentar el uso de recursos, la ejecución de programas y el desarrollo de obras.
La realidad es que el costo de los órganos autónomos, de acuerdo a especialistas, no llega a los dos dígitos en el presupuesto federal, el trasfondo es cumplir el capricho presidencial de ser el único poseedor de la información, como solía suceder en el pasado, y decidir cuál, cómo y dónde la hace pública.
La reforma Judicial supuestamente orquestada para “acabar” con la corrupción y el nepotismo, es en realidad una modificación para tener juzgadores a modo del gobierno de la República, vulnerando al Poder Judicial con elecciones abiertas no solo a la ciudadanía, sino al crimen organizado, grupos de poder externos, corrupción electoral, aderezada además con un adelgazamiento en los requisitos y la ausencia de concursos, lo que consumaría la llegada no necesariamente de los más preparados, sino de los más populares a cualquier costo.
Y no se trata de defender la burocracia del Instituto de Transparencia, el nepotismo del Poder Judicial, o un mando civil para una corporación civil, sino que el presidente prefiere desaparecer instituciones (ya lo ha hecho con programas) en lugar de arreglar problemas, o combatir la corrupción o adelgazar nóminas, para él, es evidentemente más fácil erradicar aquello que le molesta y crear instancias cuyos procedimientos favorezcan más su ideología obradorista que la certeza jurídica, la transparencia, el Estado de Derecho o la autonomía e independencia de los Poderes de la Unión.
En medio de las protestas de trabajadores del Poder Judicial que han paralizado parcialmente las actividades de esa instancia, una de ellas reflexionó al calor de la manifestación y en una desoladora reflexión, “no vamos a poder ganarles”. Se refirió a las condiciones que la oposición le planteó existen y prevalecerán a partir del 1 de septiembre con la aplanadora de Morena en el Poder Legislativo. Ellos tienen los votos, el poder y el capricho que satisfacer una voluntad destructiva cuyo lastre para México aún es inimaginable.
