Todos los días, militares, municipales, estatales, trabajadores federales, del Ayuntamiento o del Estado, les pasan por un lado sin verlos. Pero a los ciudadanos se les paran enfrente, los obligan a detenerse, a causar algún accidente o padecer la inseguridad. La Zona Norte de Tijuana, la entrada internacional y la escena de la construcción del Viaducto Elevado que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es también una zona de zombis.
Cientos de hombres, mujeres, adolescentes, niños que en la indigencia y las adicciones, viven en los perímetros del canal de la Zona Río.
Las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, el Parque de la Constitución, lo que fue un centro comercial, la lateral hacia Oriente en la Avenida Internacional y las calles aledañas a Zona Centro, están prácticamente tomadas por personas con evidentes rezagos físicos, propios de las adicciones a las drogas. Se ve, como suele mostrarse en videos de ciudades de Estados Unidos, a mujeres y hombres con actitudes que llaman zombis, consumidos por una droga que les impide la movilidad, el raciocinio y les arrebata la dignidad.
En varias ocasiones, mujeres completamente desnudas deambulan frente a Catedral, el Desayunador del Padre Chava, o la zona internacional, sin que autoridad alguna vaya a su rescate y protección. Las banquetas de las calles Primera, Segunda y Tercera, están tomadas por indigentes y vendedores ambulantes que ofertan cualquier cosa puesta sobre una banqueta sucia.
Tijuana se está convirtiendo en una ciudad de personas sin hogar que toman banquetas, calles, avenidas, lotes baldíos y los costados de la canalización para “residir”. Levantan hechizas paredes de tela, de cartón o cavan cuevas para resguardarse de los elementos.
Una ciudad, un ayuntamiento que ahora mismo enfrenta una guerra interna en plena sucesión entre quien aún dirige los destinos de Tijuana y quien habrá de hacerlo a partir del 1 de octubre de 2024, es un caos urbano, una ciudad infectada por las adicciones y el abandono oficial. Ni la Secretaría de Salud del Estado realiza estudios o apoya a los enfermos indigentes canalizándolos a instituciones oficiales o privadas de cuidados y atención, ni Servicios Médicos Municipales les lleva un registro en su beneficio.
Tampoco hay estadística o censo sobre las adicciones, ni apoyo gubernamental para los sin casa. Los gobiernos ahora de Morena, federal, estatal y municipal, han crecido el fenómeno de la indigencia y las adicciones en las calles de Tijuana. La entrada a la ciudad, proveniente de Estados Unidos, es quizá el ejemplo más visible de lo que sucede, pero no el único. En la Zona Este hay polígonos de indigencia, como también en el área de la playa, donde las arenas han sido tomadas por toda clase de personas sin hogar y sin rumbo.
A esta terrible situación de indigencia no atendida o deliberadamente abandonada por Municipio, Estado y Federación, se suma el desaseo de la ciudad. Basura, contaminación e inseguridad son el marco de este círculo de vicio que empieza a confirmarse como una característica de la frontera.
Las autoridades pretextan las deportaciones de EU hacia esta región, pero la realidad de las adicciones y la falta de oportunidades, supera esa narrativa: no hay interés ni compromiso oficial ya no se diga por limpiar la ciudad, sino por ayudar a esa parte de la población que, enfermos de adicciones o tomados por la delincuencia, rondan las calles en busca de alimento, de objetos para sustraer, de ciudadanos a los cuales pedirles dinero, y en muchos de los casos causan accidentes, atropellamientos, incendios, violaciones… tragedias todas que se atienden en la emergencia, pero se ignoran en el fondo del fenómeno para solucionarlas de alguna manera.
Ismael Burgueño, el alcalde electo que todos los días sostiene reuniones con autoridades estatales o grupos de la sociedad civil, no ha develado como es urgente, su plan para sanear la ciudad más insegura del país, la más violenta y a la postre, una de las más caóticas, sucias y desordenadas.
Los pleitos entre la alcaldesa saliente y el alcalde entrante, son por el poder para administrar el recurso económico, no para rescatar a una ciudad que de próspera frontera se está convirtiendo en una zona de adictos, indigentes e inmundicia. Resulta imposible que no los vean, están alrededor de la obra federal, en las cercanías de las oficinas de la Policía Municipal, al lado de las estaciones de Bomberos, en calles cerradas y en vías alternas, a la entrada a México y en la salida, en la playa, en el cerro, en zonas residenciales y en sitios de entretenimiento. Pero los indigentes, los adictos y los sin casa no votan, no son parte de ese electorado con el que los políticos quieren quedar bien. Su carencia de ciudadanía los hace invisibles, al grado que sólo los ciudadanos que se topan con ellos, que casi los atropellan, que les dan centavos o comida, son los únicos que los ven.
Porque los gobiernos, los tres órdenes, están ignorando una crisis de indigencia que crece todos los días, y toma más y más calles en el abandono, contribuyendo a la inseguridad, la violencia y el caos urbano.
