Este martes 20 de agosto un ex diputado local del Partido del Trabajo fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El auto de vinculación tuvo lugar a raíz de la denuncia que el subconsejero jurídico de Baja California, Julio César Díaz Meza, presentó el 25 de agosto de 2023 contra el entonces legislador y con motivo de diversas aseveraciones hechas por el integrante del PT en contra de la mandataria estatal.
La juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, María Elizabeth Castro Rodríguez, remarcó que tales afirmaciones, emitidas en 2022, encuadraron en tres hechos.
Según detalló, el 18 de enero de ese año, el hoy vinculado sostuvo que aunque estuviese sin el compromiso de la maternidad la gobernadora no podría tener el control de la administración estatal y que en todo caso había delegado el poder a su esposo, Carlos Torres.
El 7 de febrero, manifestó que en Baja California había un vacío de poder y autoridad y señaló que así como pidió licencia en su carácter de diputada y alcaldesa, la gobernadora la había pedido por concepto de maternidad.
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El 9 de febrero, señaló que en el gobierno de Baja California quien tomaba las decisiones era Carlos Torres.
La juez detalló que los tres hechos se suscitaron en el marco de los derechos políticos electorales de una mujer y recalcó que como derecho político figura el de participar en el gobierno y asumir cargos públicos.
Castro Rodríguez afirmó que los mensajes emitidos por el exdiputado, desde las oficinas de un medio de comunicación y vía red social, tuvieron un contenido de violencia de género, principalmente por referir que el embarazo disminuía la capacidad intelectual de la gobernadora y que su marido era quien tomaba las decisiones.
Aludió al artículo 3 fracción 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y al artículo 20 bis fracción uno y 8 de la Ley General de las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, en los que se establecen las conductas atribuidas al exlegislador.
Se trata del primer caso por violencia política contra las mujeres en razón de género en que se emite auto de vinculación a proceso en Baja California.
La Fiscalía General del Estado solicitó que se mantengan las medidas cautelares dictadas contra el exdiputado, consistentes en una firma catorcenal y la prohibición de hablar de la mandataria estatal en medio de comunicación alguno o por mensajería, redes sociales.
“Continúan vigentes”, asentó la juez en alusión a las medidas. La FGE también solicitó un plazo de investigación complementaria, aprobado para correr a partir de este martes, hasta el 21 de septiembre.
