En uno de los archiveros del edificio del Poder Ejecutivo del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene preparada una minuciosa reforma a la Ley del Instituto, misma que “golpeará” prestaciones mutualistas para los trabajadores
Cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda asumió las riendas del Gobierno del Estado, se encontraron con una realidad muy grave: la bomba de pensiones y jubilaciones le iba a estallar en su administración.
La bola de nieve que se arrastra desde los últimos dos gobiernos panistas y el primer morenista de Jaime Bonilla Valdez, es inminente y no tendría posibilidades de esquivarse con deuda, como se ha hecho históricamente. De hecho, gran parte de los préstamos a corto plazo que cada temporada solicita del Poder Ejecutivo son a causa de pagos relacionados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado y los Municipios de Baja California (Issstecali).
Según información del análisis financiero de OBSERBC, el Instituto sostiene pasivos y compromisos por 230 mil millones de pesos, aunado a que cada año se erogan entre 13 mil y 15 mil millones más, a causa de pensiones y otros esquemas.
La corrupción de los gobiernos estatales y los líderes sindicales del magisterio y la burocracia en los escalafones y derechos adquiridos mantienen a Issstecali, y por ende al Ejecutivo, en un punto crítico, pero nadie se ha atrevido a poner orden, ya que representaría un repudio por parte de la burocracia y del sector docente.
En estos momentos, la forma en que el Estado ha logrado sobrevivir a los compromisos es a través de deuda -para pagar nómina- y el cobro de participaciones a los municipios, lo cual quiere decir que todos los entes públicos están siendo arrastrados por un esquema mutualista que se firmó hace 30 años.
La reforma planteada dentro del Poder Ejecutivo bien podría ser vista como un proyecto planteado por los gobiernos neoliberales, pues pretende definir un tope a la jubilación dinámica de los trabajadores, para que así no puedan alcanzar percepciones de hasta 230 mil pesos -como ocurre actualmente con las llamadas pensiones doradas– o de 180 mil, con las calificadas como top, sino que se fije un nivel máximo para las próximas generaciones.
También contempla el reconocimiento de prestaciones que están establecidas en la Ley y no más, como se hace actualmente se define, y otros recortes o restricciones, además de diferenciar los servicios de salud con las pensiones en cuentas separadas, y buscar esquemas de manejo financiero para generar rendimientos que generen beneficios para las jubilaciones.
No se puede responsabilizar a la base trabajadora que alcanzó los beneficios que sus líderes y gobiernos indolentes recibieron; ni los maestros ni la burocracia son los malos de la película, pero el planteamiento que seguramente será analizado en el Congreso del Estado antes de que termine el año, va a repercutir en su expectativa de jubilación.
La reforma irá sí o sí, pues se está buscando el respaldo del próximo secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, para cabildear con los sindicatos. También se buscará la federalización de un importante porcentaje del sector magisterial de Baja California, para así liberar la carga del 48 por ciento de la nómina que representa para el Estado.
Nadie pensaría que con un gobierno de Morena y los esquemas que ha pretendido el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones, el Gobierno de Baja California tomaría la decisión de emprender una acción de esta naturaleza, pero si no lo hace, el recurso estatal se vería severamente comprometido.
Ahora que la gobernadora tiene respaldo de la mayoría del Congreso y con representantes a nivel federal en las dos cámaras, un panismo diezmado y otras fuerzas políticas a modo, y que encuentra en Jaime Bonilla a un político derrotado y en la lona, Ávila asumirá el riesgo político que sin duda golpeará a su administración.
