En foros sólo se escuchan opiniones de miembros del Poder Judicial, pero legisladores aprobarán la reforma como la que plantea el Ejecutivo. Se estima un costo de hasta 3 mil 500 MDP
Aunque se realizaron Foros de Parlamento Abierto sobre la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, y en las entidades federativas se llevaron a cabo Foros de los Diálogos Nacionales con la misma finalidad, es un hecho que en septiembre los legisladores de la mayoría morenista votarán a favor de que se establezcan mecanismos democráticos para la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular directo, disminuya el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se reduzca el periodo de sus funciones de 15 a 12 años.
Así se vislumbra porque, aunque a los foros han asistido los funcionarios judiciales que se encuentran en la picota, de poco o nada ha cambiado el sentido de la iniciativa de reforma que el Poder Ejecutivo plantea dentro del llamado Plan C para acabar con la corrupción, presunta justicia selectiva, altos salarios y demás problemas que se le atribuyen tanto al máximo órgano de justicia en México como a su aparato administrativo, el Consejo de la Judicatura de la Federación, como son nepotismo, acoso laboral y sexual.
Esto ocurre en medio de un descredito político encabezado por funcionarios de gobierno, legisladores y activistas que militan o simpatizan con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), incluidas tres ministras de la propia SCJN, que cuestionan la gestión de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, al frente de la institución, y que como en el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, pide su renuncia. Por su parte, la Corte emitió un comunicado en el que aclara que Piña continuará con su encargo al frente del máximo tribunal constitucional.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma judicial, aseguró que no hace falta que renuncie nadie, ni entrar en negociaciones para descafeinar la intención de legislar a fondo sobre el tema; sin embargo, ha sido más cauto, al reconocer que no se puede realizar una elección masiva de jueces, magistrados y ministros a través de votación popular, ya que no se podría realizar cada seis meses, porque entonces se convertiría en un gasto excesivo. La elección tendrá que ser gradual.
Y es que ya comenzaron a lanzarse cifras alegres del posible costo que tendrían unos comicios de esa naturaleza. Aun sin conocerse cuántos cargos serían votados al mismo tiempo en el Poder Judicial Federal ni la logística a utilizar. Uno de los primeros en proyectar números fue el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que en uno de los diversos foros aseguró que se requiere un monto aproximado de tres mil a tres mil 500 millones de pesos para realizar los sufragios de mil 600 personas juzgadoras de los tres más importantes niveles. Presuntamente, parte del dinero de los fideicomisos del mismo poder sería utilizado para este ejercicio.
El cálculo de esa erogación, dijo Monreal, se realizó con actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral (INE). El gasto sería por única ocasión (sic), porque “Para nosotros la austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado. Desde que inició el gobierno del Presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del Estado así lo hemos asumido, con excepción Poder Judicial y órganos autónomos. Con estos órganos del Poder Judicial consideramos que se está violando la disposición contenida en el Artículo 127 de la Constitución, respecto de las remuneraciones de todas las personas servidores públicos”, agregó el senador zacatecano.
Otro que puso datos de lo que podría costar una elección de juzgadores, en los fueros común y federal, en la Ciudad de México, es el analista político Hernán Gómez Bruera, quien estimó que tan sólo en la capital del país un votante tendría que conocer los nombres de dos mil 088 candidatos y para votar por todos esos candidatos se tendrían que imprimir 175 boletas. Todo el esfuerzo para organizar esas elecciones costaría 4.9 mil millones de pesos. ¡Más que el presupuesto mensual de la UNAM! Por lo que calificó dicho proceso como “absurdo e inviable”.
FOROS DE DIÁLOGO
En la Cámara de Diputados se llevaron a cabo los Foros de Parlamento Abierto sobre la Reforma al Poder Judicial, en los que legisladores y representantes de órganos jurisdiccionales analizaron el paquete de reformas que incluye la conformación y reorganización del Poder Judicial, nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recorte de cargo de los jueces, magistrados y ministros, así como el régimen de responsabilidad. Previamente se realizó una serie de tres encuestas, a través de las que Morena asegura que un promedio superior al 80 por ciento estuvo de acuerdo en la creación de un órgano independiente del Poder Judicial para sancionar y castigar la corrupción de jueces, ministros y magistrados.
Durante los foros destacó la presencia del exministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, quien señaló que su sucesora en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, convirtió al máximo tribunal en defensor de las élites. “En enero de 2023, la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como figura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la Escuela Judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México”, dijo Zaldívar.
En su intervención, el 27 de junio, Norma Lucía Piña afirmó que la justicia en México no es monopolio del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, se dijo dispuesta a dialogar, pero con reflexión y entendimiento, diluyendo así “la idea de una decisión tomada (…) El paso veloz sólo puede dar entrada a problemas mayores (…) por ello en la reforma que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”. La ministra presidenta se dijo “convencida de que en distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias”.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisec reconoció que existen problemas muy importantes en el Poder Judicial, pero considera que la elección por votación popular no es la solución a los mismos, pues podrían agravarse con una propuesta de ese tipo. “Me rehúso a creer que 30 años después, este sistema (carrera judicial y examen de oposición) sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad y tráfico de influencias”. El hecho de que aspiren a los cargos de personas juzgadoras sólo por sus aptitudes para hacer campaña comprometerá la independencia, y estará más propicio a la corrupción y conflicto de interés”, enfatizó Laynez.
En tanto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa -quien en una sesión privada del Pleno de la SCJN, llevada a cabo el 1 de julio, solicitó la renuncia de Norma Piña como presidenta de la Corte-, durante los foros consideró que la reforma judicial se mandató en las urnas el 2 de junio al dar continuidad a la Cuarta Transformación. Sin embargo, propuso una sustitución escalonada de jueces y magistrados, para no desmantelar el sistema de justicia. Además, avaló la iniciativa de elegir a jueces, magistrados y de ministros a través del ejercicio democrático del voto popular.
También considerada pieza importante del bloque del Presidente López Obrador dentro de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres Guadarrama planteó transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, publicando los proyectos de sentencia del máximo tribunal constitucional y propuso limitar las interpretaciones y resoluciones de la SCJN “absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa, limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional”.
REFORMA SÍ, ELECCIÓN NO
Autor del libro “El Cártel Judicial”, publicado en enero de 2024 por editorial Grijalbo, el periodista J. Jesús Lemus Barajas aseguró que existe una necesidad de reformar al Poder Judicial porque “Simplemente no funciona, no responde a las necesidades de la gente. No hay una aplicación real de la justicia. Se simula la justicia. Son sentencias a modo, a conveniencia de los jueces, de los litigantes, pero no se da nunca la aplicación de la justicia en México, y por eso creo que tiene que revisarse a fondo es tema y tiene que haber un proceso”. Sin embargo, estima que este cambio no debe realizarse a través del voto popular directo.
“Urge una reforma al Poder Judicial, pero no es la reforma como la está planteando el Presidente López Obrador. Eso es populismo, eso es demagogia, eso es impregnarle un tufo político al Poder Judicial, y a final de cuentas tú sabes que cuando le das un tufo político a la justicia, no funciona. La justicia no es democrática. No tiene por qué serlo. Entonces, yo creo que llevar a los jueces a una de elección por el voto popular directo de la gente, no resuelve el problema de fondo, al contrario, lo va a acrecentar”, expresó el comunicador de origen michoacano.
Lemus Barajas considera que la elección popular de juzgadores podría quedar para un segundo o tercer momento, ahora lo realmente importante es que si hay corrupción y delitos al interior del Poder Judicial “Debe llevarse ante la justicia a todos los jueces que han cometido algún ilícito o algún acto indebido. Llevarlo ante la justicia y que intervenga la Fiscalía General de la República (FGR). Mira, que haya una mesa grande donde tú puedas ir como ciudadano, y digas: ‘A mí el juez fulano de tal me agravió porque me sentenció, porque me dio una orden de aprehensión ilegal, porque me despojó de mis derechos’, por lo que tú quieras presentarlo, y que se abra una carpeta de
investigación contra esos jueces. Eso es lo que necesitamos en este momento”.
El periodista y escritor recordó que dentro de la reforma al Poder Judicial realizada bajo la administración del presidente Ernesto Zedillo se sentaron las bases de una carrera judicial. “Eso es algo bueno, pero resulta que, actualmente, de cada 100 aspirantes a juez solamente 11 llegan al cargo por un examen de oposición; y de esos 11 que llegan, por lo menos la mitad hizo trampa, compró las respuestas, compró el examen, le filtraron la información antes, o no hizo el examen y aparece como que lo presentó; o sea, lo fundamental que debe de haber aquí es que los jueces sean electos por un sistema de oposición, pero totalmente honesto, no corrupto”.
“Sí, eso es lo positivo, la forma es lo positivo; las maneras como se están haciendo es lo negativo. Lo mismo sucede con los magistrados: de cada de cada 100 magistrados que llegan al cargo, siete de ellos llegan por sus méritos. Otros 30 llegan designados por el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía dentro del Poder Judicial hay un gran problema de amiguismo y de corrupción para poder llegar a los cargos y que no es el piso parejo para aquellos que quieren ingresar al poder judicial, porque se va copando a final de cuentas de amiguismo y de componendas personales”, recalcó el entrevistado.
Jesús Lemus asevera que la parte más putrefacta del sistema de justicia mexicano lo configura la infiltración del crimen organizado en los órganos jurisdiccionales. “Y sin duda, el nepotismo, porque por lo menos 600 jueces y magistrados tienen algún tipo de pariente dentro de sus juzgados o tribunales. Por lo menos 600 tienen ahí familiares. Hay casos, que, por lo general, tienen dos o tres, pero hay casos que llegan a tener 14 familiares en un sólo tribunal. Un tribunal que tiene 22 plazas y resulta que 14 de ellas las tienen los familiares del magistrado. Ahí como que ya no está funcionando la administración de la justicia y ese es un grave problema, que ni el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, pudo resolver”.
