Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó, el 8 de julio de 2024, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), porque, según aseveró, ésta no resolvería los problemas de raíz.
Durante su participación en el ‘Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia’, evento convocado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra aseveró que la solución no era remover a los integrantes del PJF. Además, alertó respecto a acelerar el diagnóstico de los problemas, porque, según ella, “el contexto tan complejo que vive el país no permite la improvisación”.
“Lo peor que podemos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución esté en remover a quienes estamos enfrentando este reto, este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto […] No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero”, apuntó Piña Hernández.
“El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, agregó la ministra.
“Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre […] La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir”, dijo Piña Hernández.
La ministra reconoció que el Poder Judicial de la Federación requería una reforma, pero ésta “debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real la reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados”.
“Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal es cierto es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional es indispensable considerar el problema de manera integral”, expuso Piña Hernández.
Según la ministra, si se votaba a los jueces y magistrados del país, llegarían a dichos cargos los más populares y no necesariamente los más capacitados. Además, señaló que una eventual reforma podría provocar incertidumbre, por lo que hizo un llamado al presidente Andrés Manul López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual mandataria nacional electa, para que se unieran al diálogo.
“Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los ‘grupos de poder’ que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que intenta erradicar”, abundó Piña Hernández.
“La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad, para invitar tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así como afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo el país”, sostuvo la ministra.
Al evento asistieron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Marcela Guerra Castillo, así como los otros diez ministros integrantes del Pleno de la SCJN, los consejeros de la Judicatura Federal, así como el Fiscal General de Justicia Militar, General Alejandro Ramos, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y diplomáticos de varios países, entre ellos Estados Unidos y Alemania.
Asimismo, acudieron Oscar Cantón Zetina, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, así como la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Lizbeth Mata Lozano, entre otros legisladores que deberían dictaminar la iniciativa que López Obrador envió el 5 de febrero de 2024, aunque su aprobación correspondería a la Legislatura que iniciaría el 1 de septiembre del presente año.
