Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, liberó, el 3 de julio de 2023, a los soldados Bernardo ‘N’, Agustín Cornelio ‘N’, Jorge Nicolás ‘N’ y Juan Carlos ‘N’, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes estaban vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa penal 46/2023, por su presunta responsabilidad en el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrido el 26 de febrero de 2023.
Así lo informó Edgar Netro Acuña, uno de los abogados de los familiares de las víctimas e integrante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, citado por el diario Reforma, explicó que la defensa de los militares solicitó una revisión de las medidas cautelares que otro juez de control había impuesto a los soldados, por su involucramiento en otro proceso por desacato y desobediencia militar, caso del cual fueron absueltos.
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“Durante la audiencia, el juez decidió revocar la prisión preventiva oficiosa justificada y permitir que los militares enfrenten el proceso en libertad, bajo estrictas condiciones”, explicó el abogado, citado por el rotativo.
Netro Acuña indicó que los militares -bajo el mando del capitán Elio Conde Toledano- serían sometidos a vigilancia aleatoria por parte de la Guardia Nacional y que no tenían permitido acercarse a los familiares de las víctimas y testigos del caso. También deberían presentarse cada sábado en la dirección del Campo Militar Número Uno, para firmar y se les prohibía salir de la Ciudad de México.
“Este cambio no implica que los acusados sean inocentes o que no puedan ser nuevamente privados de su libertad si se demuestra su culpabilidad […] Si violan alguna de las medidas impuestas, la prisión preventiva justificada podría ser restablecida”, detalló Netro Acuña, quien también recordó que en otros casos, algunos soldados acusados habían aprovechado la no detención para desertar y huir.
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“Existe el riesgo latente de una fuga en este caso, dado que los militares enfrentan cargos de homicidio calificado y homicidio grave en grado de tentativa, acusaciones extremadamente graves”, afirmó Netro Acuña.
Netro Acuña se mostró inconforme con la resolución del juez de retirar la prisión preventiva, debido a que sostuvo que no consideró que los derechos humanos de los jóvenes fueron vulnerados y que, según él, era muy evidente el riesgo de que los cuatro soldados cabos pudieran huir y descuidar el proceso.
Eduardo Javier Sáenz Torres, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, vinculó a proceso, el 12 de abril de 2023, a los militares -con el rango de cabo en el 16 Regimiento de Caballería Motorizada con sede en Nuevo Laredo-, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que llevó a cabo en el Campo Militar Número 1-a, ubicado en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) presumió que los militares eran los probables responsables de la muerte de Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, éste último de nacionalidad estadounidense. También por las lesiones que sufrió Luis Gerardo “N” y el intento de homicidio contra Alejandro Pérez Berlies, que resultó ileso, pero con daño sicológico.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que cuatro militares realizaron uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por tales hechos, emitió, el 21 de marzo de 2023, una recomendación para Luis Cresencio Sandoval González, titular de la SEDENA.
“Se acreditó la violación al derecho humano a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego que derivó en la privación arbitraria de la vida”, se lee en la recomemendación de 54 páginas, emitida por el órgano constitucional autónomo, cuya presidenta era María Rosario Piedra Ibarra.
La CNDH detalló que entre las 04:30 y 4:50 horas, del 26 de febrero de 2023, los cinco jóvenes fueron ejecutados en las calles de Méndez y Huasteca, de la colonia Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, cuando los siete civiles circulaban en un vehículo tipo pick-up y, por “sospecha”, fueron seguidos por 21 militares que se transportaban en cuatro vehículos oficiales, mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública.
Según detalló la Comisión en su recomendación, después, “sin que mediara amenaza real en contra de la vida de militares o de terceros”, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, “sin emitir previamente comandos de voz”, un elemento de la SEDENA accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres militares más, para dar apoyo al primer tirador. En la declaración que hicieron en Nuevo Laredo los cuatro soldados detenidos, dijeron haber disparado en al menos 114 ocasiones (15 el identificado como autoridad responsable uno; 30 el dos; 39 el tres; y 30 el cuatro).
Asimismo, el órgano constitucional autónomo confirmó que no se encontraron armas dentro de la camioneta de las víctimas. Además, la CNDH explicó que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por armas de fuego, que ningún militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que todos los elementos de la SEDENA involucrados declararon que ninguno vio que de la pick up particular se originaran disparos de arma de fuego.
