Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa-, acusó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Femenil, Número 16, el cual se ubica en el municipio de Coatlán del Río, Estado de México, de tortura, segregación, hostigamientos, incomunicación y omisión de brindarle atención médica.
Según lo reportó el diario El Universal, el 31 de julio de 2024, un juez de amparo concedió una suspensión de plano a la hermana del ex funcionario federal, para que cesaran de inmediato la tortura, segregación, hostigamiento e incomunicación que denunció.
Publicidad
Además el juez de amparo ordenó a las autoridades penitenciarias que brindaran de inmediato la atención médica necesaria a su alcance y posibilidades, que fueran de acuerdo a los padecimientos de Gloria García Luna.
Los abogados de Genaro García Luna acusaron, el 19 de marzo de 2024, ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que, entre otras cosas, que la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obstruyó la defensa legal del ex funcionario federal mexicano, por las acusaciones de narcotráfico, que concluyeron en un veredicto de culpabilidad en su contra, por lo que debería de concederle “un nuevo juicio”.
El litigante detalló que desde la Presidencia de la República mexicana se creó un ambiente hostil contra el ex funcionario federal y cualquiera que hubiera colaborado con él, incluyendo la detención de la hermana y el sobrino de García Luna.
Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso, el 20 de diciembre de 2023, a Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino, respectivamente, de Genaro García Luna, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicidad
El juzgador federal también les imputó, tanto a García Luna, como a Rodríguez García, la prisión preventiva justificada, por un plazo máximo de hasta dos años. Al mismo tiempo les fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, en el cual, tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como el defensor público federal, reunirán sus respectivos datos de prueba.
Publicidad
La hermana de García Luna llevará su proceso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Femenil, Número 16, el cual se ubica en el municipio de Coatlán del Río, en la misma entidad. Por su parte, su hijo fue enviado al CEFERESO No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El juez también ordenó al penal morelense extremar medidas para garantizar la seguridad y la integridad física de la procesada, debido a que dijo que temía ser víctima de un atentado, porque que varias de sus compañeras de celda fueron detenidas y sentenciadas durante la gestión de García Luna, en la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Mientras que a Rodríguez García, sobrino del ex funcionario federal, no le implementaron medidas adicionales de seguridad, porque él dijo que no las necesitaba, al estar aislado en una celda durante 23 horas del día, dentro de El Altiplano.
Durante la audiencia, la hermana de García Luna tomó la palabra para defender a su familia y responsabilizar a la FGR de cualquier agresión de la que pudieran ser víctimas ella y su hijo, mientras permanecerían en prisión.
“No tenemos antecedentes penales, no tenemos más interés que nuestro nombre como familia, que ha sido mancillada por los medios de comunicación y las autoridades. Oro a Dios que no escuchen mis apellidos y esto es difícil porque todos los días nuestro nombre es mencionado en las llamadas ‘mañaneras’, la población no entiende que no somos delincuentes y que estamos siendo expuestos por nuestra condición de familia por las autoridades y no se puede pasar por alto”, insistió García Luna.
“No es una situación que se deba soslayar que se sepa entre los internos que soy hermana del ingeniero, yo puedo sufrir un atentado y también mi hijo. A la FGR yo la hago responsable de mi vida e integridad física y de la de mi familia”, agregó la imputada, quien también fue titular de la Dirección de Prevención Social, de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos.
Gloria García Luna y su hijo eran accionistas de GLAC Security Consulting, una empresa de seguridad privada constituida en 2014, que tenía contratos de consultoría con los gobiernos federal y algunos estatales, partidos políticos y empresas.
Dicha compañía está inmersa en la trama de triangulación de recursos de los contratos del sistema penitenciario, según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Según la UIF, entre 2015 y 2019 Nunvav -una empresa constituida en Panamá en 2005, misma que participó en los contratos ilícitos- hizo transferencias a Operadora Grupo Gas Mart, otra compañía cuya contabilidad supuestamente controlaban los supuestos cómplices de García Luna. A su vez, esta gasera depositó 20 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting.
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés), emitió, el 19 de julio de 2023, fichas rojas para localizar y detener Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como a Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, hermanos del ex funcionario federal.
La FGR reveló, en un comunicado, que las fichas rojas fueron solicitadas a la INTERPOL, con base a las órdenes de aprehensión giradas por el juez de Control Federal Salazar Hernández, el 22 de mayo de 2023, en contra de 61 personas -entre ellas Pereyra Gálvez y los hermanos de García Luna-, por al menos 10 contratos formalizados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por un monto total de 5 mil 112 millones de pesos.
La institución de procuración de justicia informó, el mismo 22 de mayo de 2023, que obtuvo del Juez de Control Federal Salazar Hernández, el 4 de abril del mismo año, órdenes de aprehensión en contra de 61 servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero no detalló quiénes eran.
Pero según lo reveló el diario Reforma, el 23 de mayo de 2023, además de los familiares de García Luna, entre los acusados están varios ex funcionarios federales, como es el caso de Eduardo Guerrero Durán, quien se desempeñó como oficial mayor del OADPRS, así como Oswaldo Luna Valderrábano, quien fue Oficial Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP) y es tío de García Luna.
También está María Vanesa Pedraza Madrid, quien de 2008 a 2012 se desempeñó como directora general adjunta en la Coordinación de Asesores de García Luna y en octubre de 2019 fue nombrada apoderada legal de Nunvav, una empresa constituida en Panamá en 2005, misma que participó en los contratos ilícitos.
Además, figuran los accionistas de las empresas que obtuvieron los contratos de la OADPRS, como son Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López, Francisco Carreira Pitti, Gabriel Carreira Pitti y Natan Wancier Taub.
La FGR aseguró, el 19 de julio de 2023, que contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes contra de García Luna, su esposa y los hermanos del ex titular de la extinta SSP, emitidas por jueces federales, por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el proceso penal que el ex funcionario mexicano tenía en Estados Unidos.
Además, según indicó la institución de procuración de justicia, dichas órdenes de aprehensión eran independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estaba llevando a cabo ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar bienes del Gobierno de México, supuestamente producto de los delitos cometidos por dicha García Luna y sus familiares.
Asimismo, la FGR indicó que la primera orden de aprehensión que estaba vigente era la que correspondía a la participación de Genaro García, en el caso “Rápido y Furioso”, a través del cual se “introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”.
La segunda orden de aprehensión se refería a la supuesta participación de García Luna, “en un daño patrimonial inmenso”, que llegó a más de 64 mil millones 900 mil pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales, “privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices”.
La tercera orden de aprehensión era por la probable participación delictiva de García Luna “en los contratos ilegales y abusivos” de equipamiento de las cárceles públicas federales mexicanas, cuyo daño se estimaba en 5 mil 112 millones de pesos, en 10 contratos ilegales.
“Y en este expediente, el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y varios hermanos de Genaro ‘G’, igual que a más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, agregó la FGR.
La institución de procuración de justicia detalló que varias de las personas ya se encontraban vinculadas a proceso y se habían librado fichas rojas “para quienes se fugaron del país en su momento”. También se aseguraron diversos bienes inmuebles, bloqueando las cuentas bancarias de los involucrados.
La FGR finalizó su comunicado diciendo que las órdenes de aprehensión contra García Luna y de sus supuestos cómplices que se dieron a la fuga, se estaban tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes, para obtener, en su caso, la extradición que procedía.
