En septiembre pasaría de la Secretaría de Seguridad al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Presidente AMLO presume que la Guardia Nacional es incorruptible. Especialistas en derechos humanos ven con preocupación que continúe la militarización. En 2024, la GN tiene más quejas ante la CNDH que el Ejército
A cinco años de que fue creada la Guardia Nacional (GN) y de que se planteara como una de las principales apuestas para abatir la inseguridad pública y la corrupción que habitualmente permea hacia el interior de los cuerpos policiales, analistas en temas de derechos humanos y algunos sectores de la sociedad cuestionan su eficacia y sus resultados; en tanto, autoridades federales presumen la confianza que despierta en otros segmentos sociales y ya se proyecta la continuidad para el siguiente sexenio, pero bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con la aparición de la Guardia Nacional en 2019, se puso en marcha la sustitución de la Policía Federal para conformar un cuerpo civil de seguridad que cubriera todo el territorio de la República Mexicana, y con ello permitir la salida del Ejército de las calles y regresar paulatinamente a los soldados a sus cuarteles. Al menos ese era el plan original, que desde campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vendió a los electores.
“Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función”, aseguró en uno de sus discursos el mandatario.
Al asumir el poder, el político tabasqueño cambió de opinión y se conformó una corporación civil con espíritu militar, pues más del 80 por ciento de sus efectivos fueron reclutados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). El resto se completó con los viejos elementos de la Policía Federal, creada durante la administración del expresidente Felipe Calderón. A la fecha, la GN cuenta con poco más de 130 mil agentes y sus principales mandos, tanto de forma inicial como hasta ahora, son 100 por ciento del ámbito castrense.
El 2 de julio último, en el Campo Marte, al conmemorar el quinto aniversario del que se creía iba a ser un grupo élite, el Presidente López Obrador se mostró orgulloso del órgano de seguridad: “Ya tenemos la Guardia Nacional que es una corporación profesional aprobada por los mexicanos. En la última encuesta que vi, del INEGI, ya el 75 por ciento de los mexicanos le da su confianza a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional debe ser un ejemplo de honestidad, una organización incorruptible para que de esa manera se siga garantizando la paz y la tranquilidad en nuestro país”.
El Presidente reiteró que la estrategia está funcionando y se refleja en una reducción en la incidencia delictiva, pues cada vez son menos los jóvenes detenidos o que pierden la vida en enfrentamientos, aunque la realidad estadística diga lo contrario, sobre todo en el tema de los homicidios dolosos. Andrés Manuel es el principal impulsor para que la GN pase a ser manejada por la Sedena, deseo que espera ver materializado en septiembre cuando asuma la Presidencia de la República su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha expresado que dicha reforma constitucional va porque va.
Al respecto, el especialista en derechos humanos y analista internacional, Jacobo Dayán, afirmó durante un seminario de Política Criminal que la estrategia fallida de “Abrazos, no balazos” fue una cesión del territorio nacional a los grupos del crimen organizado con la intención de reducir violencias en el país, particularmente, homicidios.
“Mediante la presencia en el territorio de fuerzas militares literalmente disfrazadas de Guardia Nacional, con el objetivo de ceder territorio, población e incluso mercados al crimen organizado, con tal de reducir las cifras de violencia, particularmente, repito, los homicidios. Sobran los reportes, repito, investigaciones, de pactos de fuerzas del Estado -sin demonizar los pactos- con grupos criminales”.
“Lo que se sigue haciendo es entregar, repito, territorio y población, a cambio de una supuesta reducción de homicidios y compartir riquezas generadas de manera ilegal entre los grupos criminales, las fuerzas de seguridad y la clase política. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta reciente, digamos, de la administración anterior y que ahora en esta administración habrá una continuidad, no solamente de partido político, sino lo que nos han dicho hasta ahora, de proyecto ideológico que nos ofrece un segundo piso de una autollamada Cuarta Transformación (4T)? Bueno, lo que hemos visto en este sexenio que está por terminar, y lo que hasta ahora ha dicho la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es de que este gobierno tampoco estuvo dispuesto a perder el control político de la verdad y la justicia”, reiteró Dayán.
EL IDEAL DE AMLO
El compromiso de López Obrador al asumir la Presidencia y anunciar su plan de crear una Guardia Nacional era que ese cuerpo policial mantuviera una naturaleza civil, ya que había un aspecto que preocupaba a diversos sectores, sobre todo por el perfil de los elementos y mandos que lo integrarían: primero, si se señalaba que los agentes de la Policía Federal eran corruptos, por qué habrían de continuar en la nueva corporación; y, por otra parte, el anuncio de la incorporación de elementos de la policía militar y de la policía naval, que no están acostumbrados a interactuar con la población civil.
El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, advertía: “La Guardia Nacional no es pertinente ni viable. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos. No garantiza en modo alguno, ni sustantivamente a terminar con la impunidad; debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir”.
Al final, la GN terminó siendo una institución conformada por militares uniformados como policías.
Al aprobarse la creación de la nueva corporación y la desaparición paulatina de la anterior Policía Federal, el Presidente López Obrador celebró su triunfo: “Estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional”. Después anunciaría un acuerdo para que ese cuerpo de seguridad quedara formalmente bajo el control del Ejército Mexicano.
La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión para que de un plumazo cambiara la naturaleza de esta fuerza policial. “Por acuerdo de la Presidencia, la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa”.
El supuesto objetivo de esta medida era evitar que la corrupción corroyera a la dependencia (como pasó con la Policía Federal), dejarla al margen de intereses políticos y garantizar su permanencia. AMLO le contestaba a sus críticos no sólo nacionales, sino internacionales: “Es que no queremos militarizar al país. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué? ¿No declararon la guerra? ¿Y no se dedicaron a reprimir al pueblo? Ahora no es así. Ahora se respetan los derechos humanos. No hay tortura. No hay masacres”.
De acuerdo con el balance que realiza la propia Guardia Nacional a cinco años de su surgimiento, ha detenido aproximadamente a unos 37 mil presuntos integrantes del crimen organizado. “Hoy tenemos un cuerpo policiaco profesional y disciplinado, que se fortalece día a día, como lo requieren las exigencias de nuestro país”, dijo el comandante de la GN, David Córdoba, durante la celebración del quinto aniversario. Sin embargo, estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refieren que la nueva dependencia, aún bajo su mando, ha capturado a poco menos de seis mil personas como primer respondiente y el 25 por ciento de esas detenciones correspondieron a faltas administrativas.
Para el Presidente López Obrador la creación de la GN fue una buena decisión: “Creo que fue un acierto el haber creado la Guardia Nacional”.
Pese a tener buena aceptación entre la percepción de los ciudadanos, esta fuerza policial registra una tendencia al alza en materia de violaciones a derechos humanos, pues desde que entró en funciones, se ha elevado el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos superando en ello al Ejército Mexicano. Durante 2024, hasta el 31 de mayo, registraba 183 expedientes de queja, contra 146 que tienen elementos de la Sedena.
MILITARIZACIÓN
Académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), como Jorge Rocha Quintero y Alejandra Nuño, ven con preocupación la continuidad planteada por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a la política de militarizar la seguridad y la Guardia Nacional pase a ser controlada por la Sedena.
Rocha señala que “desde ya hace varios sexenios se ha ido empujando cada vez más esta política de militarización de la seguridad pública. Y a pesar de que cada vez más los militares están metidos en tareas de seguridad, es obvio que esto no ha impedido la grave crisis que tenemos al respecto. Es decir, hasta ahora esa política no ha dado resultado en términos prácticos; o sea, no es una hipótesis, es una evidencia que no ha dado resultados y resulta bastante preocupante que la nueva Presidenta quiera seguir por esa línea”.
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, afirmó en un comentario en Radio Metrópoli que “en términos generales, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional busca cambiar la naturaleza civil de esa institución a una castrense. Contrario a lo que establece actualmente el artículo 21 constitucional, se propone que pasé a formar parte del Ejército y que las cuestiones disciplinarias, lejos de ser revisadas por un control civil, sean resueltas por la jurisdicción militar. Esa entidad también tendría facultades de investigación, entre otros asuntos.
“La naturaleza civil de la Guardia Nacional fue un tema muy debatido durante la administración federal que está pronta a terminar. Fue con el Presidente López Obrador, con el Senado saliente y con las respectivas legislaturas estatales, que en 2019 se lograran varias reformas constitucionales en la materia, para luego dar vida a las leyes de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones. El artículo transitorio quinto de esa reforma, facultaba al titular del Ejecutivo federal a disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, por cinco años; el argumento fue, que ese era el plazo que se consideraba prudente para que la Guardia Nacional desarrollara su estructura, capacidades e implantación territorial. La intervención de las fuerzas armadas, según ese artículo, sería extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, agregó la especialista.
Aun cuando no se había cumplido el plazo de cinco años para que las fuerzas armadas continuaran en labores de seguridad pública en el país, originalmente para el 2024, el Ejecutivo federal nuevamente quiso hacer una modificación al plazo para extenderlo cuatro años más; es decir, hasta el 2028, asegura Nuño, quien agrega que “por todo esto ha habido una serie de recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y por la situación actual, el miércoles 26 de junio un grupo de asociaciones civiles aglutinadas en el Colectivo Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional emitieron un comunicado conjunto llamando a la futura Presidenta de México a no continuar con la reforma. En su lugar, dijeron, es necesario un plan de desmilitarización para proteger nuestros derechos”.
