El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió, el 9 de julio de 2024, no vincular a proceso a Enrique González Tiburcio, ex titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) -cuya superior directa era María del María del Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, ello por un convenio de 106.8 millones de pesos con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), en la actualidad Intercultural de Sinaloa.
Por unanimidad, los tres magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió no vincular a proceso al ex funcionario federal, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque, según él, la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó que su firma fuera la que aparecía en el convenio.
“No existe algún indicio razonable que le permita suponer que probablemente el justiciable signó el convenio tildado de ilegal […] Lo que en modo alguno significa desestimar el ‘valor probatorio’ del convenio de referencia, pues su existencia quedó acreditada, que fue indebido y que se trató de recursos públicos, pero no quedó razonablemente demostrado que sea el justiciable quien haya plasmado su firma en él”, indicó la sentencia.
Los tres magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirmaron de forma unánime la no vinculación a proceso contra González Tiburcio, dictada el 23 de abril de 2023, por Juan José Hernández Leyva, titular del Juzgado de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Según lo informó el diario Reforma, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México tomó en cuenta un dictamen en grafología, elaborado el 10 de abril de 2023, por un perito particular, que concluyó que la firma que aparece en el convenio cuestionado no era la del ex subsecretario.
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Los magistrados señalaron que los abogados defensores de González Tiburcio le entregaron este dictamen a la FGR, en la misma fecha en que fue elaborado, pero el Ministerio Público federal no hizo su propio análisis forense, para estar en igualdad de condiciones y controvertir el de su contraparte.
“La Fiscalía, pese a haber tenido la oportunidad y tiempo suficiente para controvertirlo con otro dato de prueba igualmente razonable, no lo hizo y únicamente se limitó en la audiencia a alegar que debe desestimarse”, explicaron los magistrados en el fallo judicial.
En este asunto, la FGR imputó a González Tiburcio por haber suscrito, en forma supuestamente indebida, el convenio general de colaboración entre la SEDATU y la UAIM, el 4 de enero de 2016, un documento sin contenido económico.
Derivado de dicho convenio, el 28 de enero del mismo año otros funcionarios de la SEDATU y la UAIM firmaron un convenio específico y el anexo de ejecución, mediante el que se transfirieron 106 millones 838 mil 900 pesos a la citada Universidad.
El servicio que la UAIM prestaría a la SEDATU en dicho contrato consistía en elaborar un ‘Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños’.
En su revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que este trabajo presuntamente ya había sido realizado con anterioridad, debido a que su contenido prácticamente era el mismo de otro proyecto financiado en 2014, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que implementó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el mismo municipio guerrerense.
La FGR señaló que la SEDATU incurrió en cuatro ilegalidades: no haber realizado una investigación de mercado, para garantizar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento; no convocar a una licitación; y no publicar la convocatoria de esta contratación, en las páginas de internet de Compranet y de la citada Secretaría.
Además, según lo señaló la Fiscalía General de la República, la SEDATU no verificó que la UAIM tuviera la capacidad para prestar los servicios, debido a que subcontrató el 100 por ciento del convenio, cuando el límite establecido por ley era del 49 por ciento.
González Tiburcio denunció ante la FGR que su firma había sido falsificada en los contratos de la llamada “Estafa Maestra”. Sin embargo, el ex funcionario federal tenía otros tres procesos penales en curso en su contra.
Dos de ellos están relacionados con el convenio de 185 millones de pesos que suscribió la SEDATU con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, uno el delito de falsedad en declaración -precisamente porque negó que fuera su firma-, además de otro por uso indebido de atribuciones y facultades.
El tercer proceso contra González Tiburcio era también por este último ilícito, pero relacionado con un convenio de la misma Secretaría con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por 100 millones 925 mil 730 pesos.
¿QUIÉN ES ENRIQUE GONZÁLEZ TIBURCIO?
Enrique González Tiburcio nació en el municipio de Alvarado, Veracruz. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias Económicas por la misma institución.
Desde 1983 se desempeñó en diversos cargos en la Administración Pública Federal, vinculados con el desarrollo social y comunitario, como el Programa Nacional de Solidaridad (89-91), el Instituto Nacional de Solidaridad (92-93), el Instituto Nacional Indigenista (94-98), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de 1999 a 2001.
De 2013 a 2015, fungió como Coordinador de Asesores en la Secretaria de Desarrollo Social, así como Secretario Técnico del Gabinete Especializado “México Incluyente” y enlace de la SEDESOL Federal en el Estado de México, además de subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU), desde septiembre del 2015.
Ha colaborado como consultor de diversos organismos internacionales y ha sido profesor investigador en la UNAM (1980-2008) y en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de 1990 al 2000, institución que le otorgó el Premio Nacional de Administración Pública.
