El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027, de manera que en Baja California el Poder Judicial del Estado, así como un comité interinstitucional se encuentran trabajando en la implementación del esquema circunscrito a la modalidad de juicios orales.
“Estamos con esta incesante tarea porque vamos afrontar con la oralidad, la cual establece juicios orales en materia civil, juicios orales en materia familiar y también juicios sumarios que van a ser más todavía simplificados”, refirió a ZETA la magistrada de la Cuarta Sala Superior de Justicia en Baja California, Carolina Valencia Márquez.
“El día 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expide este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el objetivo de homologar los procedimientos en todo el país para dirimir las controversias entre particulares bajo la óptica de la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial”, recalcó la magistrada.
Detalló que para que entre en vigor el Código Nacional el Congreso del Estado debe emitir una declaratoria a petición del Poder Judicial del Estado y una vez que se haya cumplido con la armonización de las leyes secundarias, la capacitación de funcionarios y comunidad jurídica y los requerimientos en materia de infraestructura se deberá hacer la respectiva solicitud.
Ponderó que en la Ciudad de México se presentó la declaratoria esta semana en un afán de consumar la implementación del Código Nacional.
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“Ellos quieren iniciar en diciembre de este año, pero también hay que comprender que ellos ya tenían la oralidad, ellos ya tienen salas orales, va a ser más fácil adelantarse con esta declaratoria que ya la presentó en la Ciudad de México y están por aprobarla para que inicie, porque debe de mediar 120 días entre la aprobación de la declaratoria con la fecha de inicio, de arranque”, mencionó.
En cuanto a avances a nivel local, “ya llevamos a cabo la armonización de la ley orgánica del Poder Judicial junto con el Código Nacional, junto con el Código Civil en algunas adecuaciones mínimas, porque sí es mucho”, reveló.
Sostuvo que por otro lado se llevó a cabo un seminario en la Universidad Autónoma de Baja California unidad Mexicali y que está por concluir un curso de capacitación con 8 módulos.
“Hay visitas a Vista, California, también con los jueces orales, para tener una idea de cómo se desarrollan las audiencias, por la cercanía”, abundó.
La magistrada estableció que el número de salas de audiencia se determinará conforme a la población de cada municipio.
“Por infraestructura se está viendo las instalaciones que se cuenta con Rosarito, con Ensenada para hacer las adecuaciones, un predio en Mexicali y aquí Tijuana también otras opciones, lo que sea más viable para la ciudadanía, que pueda contar esas instalaciones y por parte de nosotros también poderlas adecuar al esquema que nos lleva el Código Nacional”, indicó.
En cuanto al modelo a implementar expuso que el procedimiento abre con una etapa postulatoria, concerniente a demanda, contestación, auto admisorio; continúa con una audiencia preliminar, consistente en depuración de pruebas y subsiguientemente una audiencia de conciliación.
“Si no la llegan se señala una audiencia de juicio, en la cual se desahogan las pruebas admitidas, se desechan las que no estén preparadas, va a haber alegatos y ahí oralmente el juez va a dictar sentencia”, asentó.
“Se está haciendo los estudios de infraestructura de capacitación para que todo pueda arrancar si es posible antes, se va a hacer, pero previa declaratoria que emita el Congreso local”, concluyó.
Carolina Valencia Márquez participó como invitada especial en sesión del grupo Unidos por Tijuana A. C., celebrada este viernes 5 de julio. (Eduardo Andrade Uribe)
