Automáticamente, al cometer un delito e irse al penal, el infractor pierde sus derechos constitucionales como ciudadano, por lo que no puede participar en elecciones electorales.
El INE-gobierno quiere darles autoridad de elegir desde el botellón o penal, dígase El Hongo, La Mesa y demás cárceles (hasta extranjeras). Además, quiere liberar cientos de reos peligrosos, con el riesgo de duplicar los delitos en las calles.
Creo que está fuera de ley darle voz y voto a un criminal o infractor de leyes. Sigue el plan de gobierno-INE: cascada de votos a su favor, aunque vengan de manos sucias, de cárceles e ilegales.
Atentamente,
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Leopoldo Durán Ramírez.
Tijuana, B.C.
