La carísima máquina sólo ha sido encendida para la campaña electoral de Darío Benítez y por anuencias ambientales, aunque no cuenta con permisos
Abandonada entre hierbas al interior de la yarda municipal, expuesta al sol y cubierta de telarañas y polvo, es como permaneció más de un año la planta asfaltadora adquirida por el Gobierno Municipal de Tecate. Valuada en más de 20 millones de pesos, la presunta asfaltadora formó parte de los proyectos prioritarios del actual presidente municipal, Edgar Darío Ruíz, quien cerró el trato con una empresa establecida en el estado de Michoacán de Ocampo denominada TESEMEX.
En mayo de 2023, presumió el todavía alcalde de Tecate: “Mandaron ya las primeras pruebas de operación de la planta de asfalto, ya está terminada; la verdad está impresionante, va ser un cambio de paradigma en la forma en que se va hacer la rehabilitación de calles en la ciudad… Viene desde Michoacán de Ocampo, se trasladó en partes por su complejidad, y gracias a ello Tecate ya no va depender de las dos aslfaltadoras que actualmente tienen el monopolio de asfalto en el estado, ni de la contratación de obra privada”.
“Estamos apurando el tema del refinanciamiento, cada obra se reduciría por lo menos entre 80 u 85 por ciento de su costo de ejecución, la cual se contabilizaba en que, de producir el gobierno municipal su propio asfalto, éste se reduciría con un costo por metro de entre 430 pesos y 500 pesos el metro cuadrado, mismo que actualmente costaba tres veces más su compra, traslado y aplicación”.
La realidad es que la planta anunciada durante el primer informe de gobierno de Darío Benítez en 2022, cuando se presentó por primera vez el proyecto que tendría una capacidad instalada de producción de 60 toneladas de asfalto por hora en promedio, con un sistema computarizado y que sólo requeriría de tres personas para su operación, no logró operar. Le faltan permisos ambientales, anuencias, terreno adecuado y la aceptación de la comunidad que pudiera verse afectada.
A 10 días de que se celebraran los comicios electorales del 2 de junio del 2024, en un acto desesperado por asegurar un mayor número de votos y lograr la aceptación de la comunidad, Benítez compartió a medios locales un video en el que se podía observar a la planta asfaltadora trabajando, y en la que, señalaban, habían iniciado a producir toneladas de asfalto.
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El video contenía imágenes de la planta echada a andar, asfalto producido, y a un alcalde asegurando que arrancarían con el mayor programa de bacheo en un máximo de 24 horas; además, gracias a su máxima producción, el gobierno municipal contaría con la posibilidad de vender asfalto a otros municipios del estado e incluso a ciudades vecinas de Sonora.
Pero gente interna del ayuntamiento informó a este medio que la asfaltadora no estaba funcional, que contaba con bandas, una computadora y partes de ésta dañadas como resultado de la larga temporada que permaneció expuesta a las condiciones climáticas en la yarda municipal, a la cual regidores asistieron para llevar a cabo una revisión del estado de la planta de 20 millones de pesos, encontrándose con una maquinaria olvidada, entre hierbas, consecuencias de la exposición al sol, lluvias y polvo, además de basura acumulada.
Así, a un año de la llegada de la maquinaria al municipio de Tecate, ésta fue sigilosamente trasladada de la yarda municipal, hasta las instalaciones del basurero ubicado en la colonia Paso del Águila, es decir, a un espacio administrado por el principal concesionario de la basura del municipio de Tecate, del que es socio mayoritario Roberto Romandía, yerno de Javier Fimbres Durazo, quien mantiene una estrecha relación con Benítez y a quien otorga más de 1.2 millones de pesos anuales por el pago de publicidad, y que además se inmiscuye en el otorgamiento de una segunda concesión que busca obtener Romandía sobre la basura, luego de que el actual basurero haya sido sobrepasado en su capacidad, generando daños de impacto ambiental e irreversibles a vecinos de la colonia Paso del Águila, y aledañas, quienes constantemente son víctimas de las infecciones oculares, gastrointestinales y algunas otras generadas por la sobre acumulación de basura y los constantes incendios que se registran dentro del basurero.
A pesar de no contar con los permisos requeridos de impacto ambiental, la planta se echó a andar por unos días, y, con visibles engaños, mostraron una capacidad de generación de asfalto que no fue sustentada a la vista de testigos. Incluso días después de las elecciones en las que Benítez registró una votación mínima ante los votos obtenidos por su contrincante Román Cota Muñoz, la planta fue desarmada y cubierta nuevamente, señalando que la batuta ya no le corresponde a esta administración, que decidió comprar una planta de la cual desconocían totalmente su funcionamiento y operación por presuntamente más de 20 millones de pesos, y que en más de año y medio logró operar solamente un par de días (y para hacer campaña).
De la misma manera que Benítez, pero como parte del estandarte utilizado por los entonces candidatos aspirantes a obtener un nuevo cargo político, María Teresa Méndez, diputada local electa de Morena, impulsó su campaña electoral basada en la asfaltadora, señalando que regresaría a su cargo luego de las elecciones; y en efecto, realizándolo al siguiente día de haberse celebrado la elección. Su primera acción sería, informó públicamente, el revisar el estado de la asfaltadora, pero a un mes de su regreso no ha realizado revisión alguna, desconociendo en su totalidad el estado de la planta.
Contrario a llevar a cabo funciones que le corresponden bajo el cargo que ostenta, durante la sesión de Cabildo número 40 celebrada el viernes 14 de junio, y 12 días después de haber abanderado el proyecto de verificar el estado de la planta, Méndez solicitó el apoyo de los regidores al actual presidente municipal Darío Benítez y enmudeció tema alguno sobre la asfaltadora.
El acuerdo entre Benítez y Méndez está respaldado en el apoyo bridado por parte de Benítez, para que Méndez pudiera regresar a sus puestos de trabajo a personal conformado por amigos y familiares dentro de sindicatura, luego de que su suplente durante los comicios, la licenciada Dora Nidia Ruíz Chávez, realizara la remoción de personal.
La justificación de la síndico suplente fue que el personal no se encontraba apto para sus funciones o que estos habrían sobrepasado los lineamientos de conducta, siendo el caso más conocido la detención del representante jurídico de la Sindicatura, Ricardo Mejorado, quien fue detenido por policías municipales mientras circulaba en evidente estado de ebriedad a altas horas de la noche.
El funcionario fue trasladado a las celdas municipales, y después, gracias a una llamada telefónica entre la diputada electa y la directora de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecate, Licenciada Elsa Macías Vázquez, Mejorado fue dejado en libertad.
Horas más tarde, Dora Nidia Ruíz informó de la apertura de investigación del caso y que, de encontrarse pruebas que ameritaran su conducta y traslado a celdas, éste sería removido, por lo que el señalado solicitó un periodo de ausencia por los días faltantes para que tomara nuevamente el cardo María Teresa Méndez Vélez, quien de inmediato lo reintegró a su cargo, así como a dos funcionarios más, a cambio de no tocar más temas sensibles contra el alcalde.
A la fecha, los más de 20 millones gastados en la adquisición de la planta, representan una inversión que se abandonó, que está envuelta en lonas viejas y bajo el calor del sol; además de que la fecha de garantía establecida por la empresa ha caducado. Es decir que, en caso de ponerla en marcha, ésta ya no podría ser atendida por la empresa sin generar costo alguno para su revisión y mantenimiento, debido a que durante el tiempo establecido fue inutilizada y abandonada.
Por su parte, el presidente municipal electo y que tomará las riendas del gobierno de Tecate en los próximos meses, Román Cota Muñoz, ha expresado en diversas ocasiones que aún no sabe si el proyecto de la planta seguirá en marcha, debido al desconocimiento del estado en el que ésta se encuentra; además que en el supuesto de que se pudiera cumplir con los lineamentos ambientales requeridos, se realizaría un análisis para saber qué tan efectiva es para producir asfalto y que ello signifique un ahorro para el Ayuntamiento.
