Ante peligrosas condiciones de sequía en la región binacional que comparte agua del Río Colorado, agricultores de Mexicali quieren descansar sus tierras las y recibir una indemnización
El calor y la humedad son envolventes en las instalaciones de la Junta de Mejoras del Ejido Nuevo León, en el Valle de Mexicali. Pese a ello, los ánimos de decenas de agricultores no cesan y cada uno intenta tomar la palabra para expresar su opinión; todos reclaman malos manejos del recurso y abusos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y algunos módulos de riego.
Empujados por la bilis, pero también por la esperanza de tener un respiro ante la que consideran una fracasada política del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia agrícola, que lejos de beneficiarles, los ha perjudicado con la falta de apoyos y financiamiento para la producción de trigo, algodón, hortalizas, sorgo y otros cultivos que ofrece el Valle de Mexicali, Javier Gaona Ochoa, uno de los representantes en reunión realizada el martes 25 de junio, se levanta y somete a consideración el pago de mil pesos por usuario para contratar a dos especialistas jurídicos y en materia hídrica, con la intención de que sean ellos quienes los defiendan y asesoren en caso que la autoridad intente amedrentarlos.
La mayoría de los asistentes levantaron la mano con billetes de diversas denominaciones y los colocaron en la mesa sin un solo titubeo. Usuarios de los módulos de riego y comisariados ejidales se están organizando para otorgar una propuesta -o en el peor de los casos iniciar una batalla- en contra de las decisiones de Conagua y de los módulos de riego de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
Asesorados por especialistas como el doctor Alfonso Cortez Lara, del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los agricultores pusieron sobre la mesa el descanso de poco menos de 44 mil hectáreas de siembra, a cambio de una compensación económica que los ayude a salir de la crisis por el abandono rural que sufren -según dicen- durante este sexenio que está por terminar.
En abril de 2024, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) oficializó la entrada en vigor del Acta 330, que regula el acuerdo entre México y Estados Unidos para el manejo del recurso hídrico proveniente del Río Colorado, el cual se origina en el vecino país del Norte, pero a la región conformada por Baja California y parte de Sonora, le corresponden mil 850 millones de metros cúbicos de agua, los cuales se destinan -principalmente- a la actividad agrícola del Valle de Mexicali.
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A raíz de la crisis hídrica generada por la intensa sequía que azota la región desde hace más de 20 años, los niveles de la Presa Hoover se encuentran en los niveles más críticos jamás registrados, con un nivel del mar que alcanza apenas los mil 60 pies, muy cerca de los 890 pies que -de alcanzarse- representarían un riesgo como el que ni siquiera se puedan generar condiciones para distribuir el agua a México.
La propuesta del Acta 330 es que el Gobierno Mexicano ceda alrededor de 500 millones de metros cúbicos de agua para mantener los niveles de la Presa Hoover, a cambio de un recurso entregado directamente de 65 millones de dólares para los siguientes tres años.
Sin embargo, usuarios de riego y comisariados ejidales jamás han visto ese recurso, por lo que ahora se organizan para destronar a los intermediarios y decidir el manejo del mismo.
AGRICULTORES EMPUJAN POR DESCANSO DE TIERRAS
Al término de la reunión, Javier Gaona Ochoa, Miguel Soto Ávila y Alejandro Medina, conocidos representantes del sector agrícola que han ocupado puestos dentro de la administración del agua en el Valle de Mexicali, hablaron con ZETA sobre la propuesta de descansar 43 mil 760 hectáreas.
Para comprender el planteamiento, hay que conocer que la principal fuente de abastecimiento de agua es el Río Colorado, el cual alcanza para cubrir todas las necesidades del campo, de la ciudad de Mexicali y para vender alrededor de 80 millones de metros cúbicos de agua al año para Tijuana.
Desde hace algunos años, los gobiernos de México y EU signaron las actas 319 y 323, que regulan el manejo del agua y a su vez contemplan medidas preventivas en caso que se registre una crisis hídrica como la que se está viviendo.
En los últimos años, BC y Sonora han sufrido reducciones de entrega de agua a causa de los bajos niveles de la Presa Hoover, pero en 2023 se registró el más severo de todos, al alcanzar los 128 metros cúbicos, es decir, más de la totalidad del agua que requiere toda la ciudad de Mexicali para su operatividad diaria.
Dado que es el nivel más crítico planteado en dicha acta, el 1 de abril entró una ampliación de la misma por medio del Acta 330, la cual contempla una serie de medidas más severas sí el flujo hídrico de las Rocallosas de Colorado no mejora las condiciones de la Presa Hoover.
Como medida de contención, las tres actas vinieron acompañadas de una entrega de recursos del Gobierno de Estados Unidos al de México para destinarse de manera libre en temas relacionados con el agua. Según los agricultores, el recurso del Acta 319 se destinó a una serie de trabajos de rehabilitación mal hechos, como la construcción del Canal Nuevo Delta, el cual -aseguran- basta con tocarlo para que se rompa.
“Ese canal no sirve”, refieren Soto y Gaona, quienes dijeron desconfiar del manejo de recursos por parte de Conagua y los módulos de riego, los cuales reciben el recurso económico.
El Acta 323 también vino acompañada de poco más de 31 millones de dólares, de los cuales -según el doctor Alfonso Cortez Lara- datos oficiales de Conagua refieren que sólo se han gastado 10 millones de dólares, a casi siete años de entregado el recurso.
Con la adhesión del Acta 330, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a entregar 65 millones de dólares a Conagua para ejercerlos de manera libre en temas hídricos. Tanto la Comisión como los módulos de riego sugieren que ese dinero sea destinado a obras de infraestructura hídrica, pero la desconfianza de los agricultores ya no les permite aceptar.
De ahí que presentaran un proyecto que contempla utilizar el recurso entregado por el Gobierno de Estados Unidos, principalmente para indemnizar a los agricultores que entregarán su recurso hídrico para mantener los niveles de la Presa Hoover. Es decir, en lugar que Conagua use los 65 millones de dólares para obras poco transparentes, se dispersarían en beneficio de cientos de agricultores que concentran las casi 44 mil hectáreas que requieren para abastecer los casi 500 millones de metros cúbicos que serán retenidos por el Gobierno de Estados Unidos por los próximos tres años.
Sería la primera vez que el Valle de Mexicali descanse 44 mil de las 200 mil hectáreas disponibles de siembra, pues anteriormente se han realizado esquemas de descanso a menor escala o condiciones.
MEDIDA URGENTE Y NECESARIA: CORTEZ LARA
Aunque reconoció como algo no positivo, el doctor Alfonso Cortez Lara comentó que es la mejor opción que tienen los agricultores y los gobiernos ante la situación crítica que se vive en la Presa Hoover.
El especialista en materia hídrica comentó que con el análisis realizado por el sector agrícola y la disponibilidad de agua que se tiene, el planteamiento de los agricultores para la CILA es descansar casi 44 mil hectáreas de agua a cambio de que el recurso entregado por EU se destine un 90 por ciento para los agricultores de manera directa y 10% para obras de infraestructura.
Haciendo la cuenta, a cada agricultor le corresponderían mil 258 dólares por hectárea, entendiendo que la mayoría cuenta con un mínimo de 20. Con ese dinero, pretenden capitalizarse ante la compleja situación en los mercados internacionales por los productos que principalmente se siembran en el Valle de Mexicali, como el trigo cristalino, cuyo precio en el mercado está muy por debajo de lo que podría considerarse rentable.
Dado a que Conagua aún no se gasta alrededor de 30 millones de dólares de infraestructura del Acta 323, el Acta 330 les ofertaría otra fuerte suma de dinero acumulable, por lo que no habría afectaciones en la materia. De los 65 millones de dólares, cinco de ellos serán utilizados para subsanar las afectaciones relacionadas con la falta de agua.
De acuerdo con Javier Gaona, no todos entrarían al descanso de tierra, pues se priorizaría a agricultores con tierras de baja productividad, principalmente las que se ubican al Sur del Valle de Mexicali, que son las que se abastecen del Río Colorado.
Con la medida se descansarían las tierras más desgastadas y en un periodo de uno o dos años volver a ser más productivas.
El planteamiento es que, a través de módulos de riego, los agricultores acepten ingresar a este esquema y definan cuáles son las tierras candidatas para entrar al descanso, teniendo como restricción que durante tres años, sólo pueden descansar como máximo dos y el siguiente año cedan su espacio a otro agricultor.
El proyecto contempla que once de los 22 módulos de riego entren a dicho esquema, pero hasta el momento sólo los 11, 13 y 14 han respondido de manera positiva, mientras las asambleas y reuniones para reforzar la propuesta continúan.
SE ESTÁ PRIORIZANDO INFRAESTRUCTURA: MELÉNDREZ
Aunque no lo ve probable, el titular de la Secretaría del Campo de Baja California, Juan Meléndrez, refiere que estarán de acuerdo en el esquema que los agricultores decidan para cubrir sus necesidades. Sin embargo, recordó que la Ley de Aguas contempla la sanción a concesionarios de agua que descansen la tierra durante dos años.
En entrevista con ZETA, indicó que el descanso de tierras es sólo una opción de varias, como usar el dinero para revestimiento de canales, la conservación parcelaria, la tecnificación de recursos de riego, entre otros, la mayoría de infraestructura; sólo en uno contempla el descanso de tierra.
“Hay que ser muy cuidadoso, no podemos definir la propuesta de los productores, respetamos lo que están planteando, lo que sí sabemos, es que tienen ciertas limitaciones legales”, refirió Meléndrez. Las restricciones serán evaluadas por la CILA.
“Sabemos que hay una disminución de los productores en cuanto a los cultivos en el Valle, y que las restricciones son porque no hay rentabilidad en los cultivos de granos, pero no es local, sino un problema mundial; también la escasez de agua”, declaró.
En la última reunión con el Distrito de Riego, donde se afirmó que requerirían 10 días para definir los proyectos, tienen como prioridad la cesión temporal de derechos de agua para mejora de infraestructura. “La reconversión del maíz, el sorgo y la avena, también queremos apoyar el cárcamo, que tiene un consumo de agua menor y una aplicación y comercialización con el tema del aceite requiere un proyecto para que pueda desarrollarse”, sentenció el funcionario, quien por último, dijo que al final ellos respaldarán cualquier medida que los agricultores apoyen.
