Educadora acusa favoritismo al resolver casos de violencia contra mujeres: sentencias rápidas y expeditas que favorecen a funcionarias. Ciudadanas deben esperar y presionar para tener justicia
El 25 de enero de 2024, la maestra, Isabel Peña presentó una queja en contra del gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, por violencia de género ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), sin embargo, a casi cinco meses de haber interpuesto este procesamiento, la instancia no ha desembocado el caso en una sola recomendación.
Fue en noviembre de 2023 cuando Isabel Peña, como integrante del Segundo Parlamento de Mujeres, sufrió una agresión verbal por parte del mandatario, misma que quedó grabada en audio y posteriormente se viralizó en redes sociales.
Asesorada por sus abogados, dos meses después acudió ante las oficinas provisionales de la CEDHBCS en la Escuela de Música de la ciudad de La Paz, para presentar una queja por estos hechos que podrían tipificarse como violencia simbólica de género.
Aunque las investigaciones y el desahogo de pruebas debieron concluir en abril de este año, elementos de Derechos Humanos solicitaron un plazo adicional de 30 días.
La educadora precisó que la instancia argumentó que la queja contra el gobernador por violencia simbólica de género, es un caso extraordinario, del que no hay antecedentes -“algo nuevo”- y que, por ello, se requería un poco más de tiempo.
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“Lo que me comentaba el licenciado asignado para llevar el caso de mi carpeta, fue que como la denuncia era extraordinaria, algo que nunca había pasado en el estado, que una ciudadana denunciara al titular del Ejecutivo, pues tenía que hacerse una revisión minuciosa”, reiteró.
En este escenario, Isabel Peña refirió que la comunicación que ha tenido con los trabajadores de la CEDHBCS que han llevado su caso ha sido buena, constante y abierta; sin embargo, recalcó que es un hecho que ya se rebasó el tiempo necesario para concluir con las investigaciones y dar una resolución.
Expuso que el 31 de mayo se dio el proyecto final, no obstante, el 10 de junio la Presidencia de la Comisión solicitó el expediente para revisar la línea de investigación, situación que alargará más el proceso.
“Lo cual realmente me parece un poco molesto o ya fuera de sí; ya estamos aquí jugando con los tiempos porque los plazos ya se agotaron, lo que la ley dicta ya sobrepasa. Estamos hablando del titular del Ejecutivo por unas conductas que son erráticas… me parece una burla”, expresó.
Recordó que su queja contra Castro Cosío no es la única que pesa en su contra, ya que en febrero la ciudadana Eva Castillo presentó una denuncia por el mismo tipo de agresión que vulnera derechos humanos, la cual tampoco ha recibido una respuesta.
Desde este contexto, señaló que la alcaldesa reelecta, Milena Quiroga Romero, presentó una denuncia por violencia política de género y en unas semanas obtuvo una resolución; en cambio, acusa, las ciudadanas “comunes” se enfrentan a largos procesos.
“Yo celebro que se haya dictado una sentencia, claro que sí, porque los logros que tienen las mujeres son para todas y lo felicito y lo celebro; sin embargo, creo que es muy importante que la justicia debe ser para todos, debe ser igual y en este caso no está siendo igual”, enfatizó.
“Tenemos otros casos, como el que hizo no hace mucho la diputada María Luisa Ojeda, y determinaron que no era lo suficiente como para analizarlo; estamos viendo una justicia que no es igual para todas las mujeres”, añadió.
Tras recapitular la lentitud en instancias, la víctima denunció que hay favoritismo de algunos casos de violencia contra las mujeres.
Es por ello que exhortó a las diputadas electas, que tomarán protesta en septiembre de este año cuando inicie la XVII Legislatura, a que hagan un análisis y lleven con seriedad esta problemática.
“Yo exhorto realmente a estas nuevas autoridades para que tomen el análisis de la justicia para las mujeres y que sea igual para todas, no que necesite ser yo presidenta del Ayuntamiento para que se me dé una sentencia”, concluyó.
Por último, compartió que ante esta situación, ya analiza con sus abogados qué procederá ante la tardanza de la CEDHBCS porque, reitera, ya se rebasaron los tiempos para dictar una resolución en su caso.
Es un caso excepcional: CEDHBCS
La presidenta de la CEDHBCS, Charlene Ramos Hernández, respondió a los señalamientos de la educadora, reconociendo que según artículo 54 de la ley de la Comisión, a partir del momento en que sea presentada una denuncia o queja, los procedimientos no podrán extenderse más allá de un plazo de tres meses.
No obstante, argumentó que las circunstancias actuales del organismo, cuyas oficinas llevan cinco meses tomadas por un grupo de extrabajadores y consejeros (en una huelga que el Tribunal laboral ya declaró como inexistente), así como los aspectos jurídicos de este caso, que califica como excepcional, permiten también que haya una extensión de tiempo.
“Sin embargo, en casos excepcionales, como éste, debido a la complejidad del asunto y a las circunstancias por las que atraviesa el organismo y que son por todas y todos conocidas, el plazo puede extenderse, también en términos de la ley, por lo que el proceso de investigación continúa su curso”, reiteró.
La ombudsperson sostuvo que no es posible brindar más información, en apego a la protección de los datos personales contenidos en el expediente de la queja.
“Nuestro compromiso es garantizar que cada denuncia sea atendida de manera oportuna y efectiva, asegurando así la protección de los derechos de todas las personas involucradas. No omito comentarte a ti y a la ciudadanía que, desde la CEDHBCS, continuaremos trabajando diligentemente en cada queja para brindar a la ciudadanía atención pronta y expedita”, finalizó.
