Los ex funcionarios involucrados en una red de tráfico de licencias de alcohol, pudieron haber entregado permisos pirata de manera irregular en La Paz. “Ahí la cuestión es: quitas a un director, pones a otro, pero ahí hay gente abajo que tiene armado el negocio, y le dice al nuevo jefe, ‘Aquí operamos así ¿Le va a entrar o no?’. Así es”, admitió la alcaldesa Milena Quiroga
Tras analizar las licencias expedidas de alcohol en el municipio de La Paz, se detectaron al menos 800 documentos apócrifos que fueron entregados a lo largo de diversas administraciones municipales, incluso antes del 2010, cuando era alcalde el actual gobernador Víctor Castro.
Cada una de esas supuestas licencias alcanzaron costos de hasta 150 mil pesos, lo que podría ser un indicador de quebranto de alrededor de 120 millones de pesos que no ingresaron a las arcas municipales.
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“Para poder obtener una licencia tiene que pasar por un Consejo, que está conformado por regidores y directores, en ese Consejo es donde se autorizan estas licencias de funcionamiento. Por Consejo han pasado cerca de 500 o 600 licencias que han sido autorizadas, estoy hablando del 2010 o antes, a la fecha; sin embargo, se encontraron que había cerca de 800, sino es que más, licencias que no pasaron por un Consejo, que no pasaron por una administración, que no hubo un pago a la administración municipal y estaban en funcionamiento de manera irregular”, señaló Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz.
El pasado 12 de junio la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) vinculó a proceso a tres individuos: Omar “N”, ex funcionario de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de La Paz y dos servidores actuales, Martin y Miguel N”, por el delito de cohecho, supuestos miembros de la red de tráfico de licencias de alcohol en el municipio paceño.
“Los hoy vinculados a proceso penal en marzo del 2022, cuando se desempeñaban como servidores públicos adscritos a la Dirección de Comercio del XVII Ayuntamiento de La Paz, indebidamente solicitaron a un comerciante de giro comercial para la venta de Alcoholes la cantidad de 150 mil pesos a efecto de proporcionar una licencia de alcohol sin cumplir el trámite correspondiente ante el Consejo municipal de giros restringidos y sin que el dinero ingresara a las arcas del ayuntamiento de La Paz”, dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción.
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Presuntamente dentro de la red de tráfico de licencias (que se han detectado al menos 100) estos individuos se encargaban del conecte con los comercios afectados, además de proporcionar una cuenta, que según la investigación pertenecía a la esposa de Martín “N”, un servidor público adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Sin embargo, información proporcionada desde el Ayuntamiento apunta dos personas más las relacionadas como los operadores directos de la red. Se trata de Martha Karina “N”, que operaba las horas extras en los comercios entre 2018 y 2022, hasta que fue descubierta emitiendo permisos modificados a mano, por lo que fue removida de su cargo, “pero siguió operando desde fuera”, de la mano de Roberto Adahir “N”, quien “era el encargado de meter todo al sistema”.
A la fecha, a decir de los funcionarios públicos denunciantes, estos últimos dos han maquilado la entrega de licencias apócrifas, fungiendo también como testigos principales en el caso de la red. Eran los operadores y ejecutores, y les ofrecieron un trato de “inmunidad” para castigar a los presuntos enemigos políticos de la administración de Milena Quiroga Romero.
“Los que aceptaron que habían cometido los delitos, ahí los tienen trabajando y hasta fungen como testigos protegidos, ¿entonces cuál es el problema?, si quienes venían operando esto a espaldas de todos los mantienen y protegen”, indicó la fuente del Ayuntamiento de La Paz.
En la denuncia contra el ex director de Comercio no hay solidez, la única prueba presentada en su contra es un pantallazo de un celular de una fotocopia hecha a una constancia de licencia de alcohol para la negociación “Poke Loko” a nombre de Basmati S. de R.L. de C.V., ubicado en Camino a Las Playitas en la Delegación de Todos Santos, otorgada por el inspector Martín Aguilar, la cual no tiene firma, y el logo claramente se aprecia fue montado digitalmente.
“Esa es la prueba con la que supuestamente incriminan al ex director. Además, por muchos es sabido, y el Delegado de Todos Santos lo puede confirmar, la vez que se clausuró al Poke Loko, fue Omar quien lo hizo y él señaló a Martín; le dijo que era el que entregaba licencias de alcohol piratas y ni siquiera era de Comercio. Él siempre ha sido de Servicios Públicos, pero conoce a la pareja que hace la trácala”, denunció la fuente del Ayuntamiento.
ASÍ OPERABA LA RED
“Estos ratas tenían un modus operandi: si querías adquirir una licencia de alcohol, te decían que era fácil, pagabas 150 mil pesos a una cuenta, de la esposa de uno de ellos, y estos agarraban del stock de licencias viejas que estaban archivadas y a esas les daban vuelta; no las metían al sistema, sólo modificaban firmas y fechas y las revendían”, platicaron los servidores públicos del Ayuntamiento.
Para la administración municipal, el protocolo oficial es que siga los mecanismos, y según ellos, esto es lo que se venía dando desde administraciones pasadas, sin mencionar los vicios que ya se arrastraban en la adquisición de licencias de alcohol, que supuestamente la red la encabezan los detenidos.
Sin embargo, los servidores públicos, tanto de Comercio y Servicios Públicos involucrados, le hacían creer a los comerciantes que su licencia estaba en trámite; para ello les entregaban una constancia clonada que afirmaba que el pago se había realizado a las arcas municipales, cuando en realidad caía el pago a la esposa de Martín “N”.
Enseguida, los inspectores le presentaban en pantalla el folio de “su licencia de alcohol”, el cual era un montaje, ya que sólo les presentaban la carátula de una licencia antigua, archivada por años, y como los empleados municipales nunca ingresaban a sistema la solicitud y nueva licencia, se quedaban con el dinero y se repartían por partes iguales, hasta que en una inspección las detectaron.
“No se entiende el actuar de la autoridad, desde el Ayuntamiento, la Procuraduría y el Gobierno del Estado, que tiene las manos dentro del proceso judicial, al ex director que señalan no hay manera de que lo puedan vincular; no hay pruebas, son inventos, en la carpeta se menciona a tres personas, y la única persona que no trabaja en el Ayuntamiento es Omar, los otros dos siguen trabajando y el mismo municipio les paga. Aparte hay dos más que son los responsables, los que se encargaban de modificar las licencias a mano”, comentó el funcionario público.
Dentro de las licencias apócrifas y autorizaciones en la que se le vio presente a Martín “N”, quien era el que recibía los pagos, se encuentra la de “Poke Loko”, bar instalado en el Camino a Las Playitas en Todos Santos, y clausurado por Omar “N”, el entonces director de Comercio Municipal el pasado mes de junio del 2022.
En el lugar enfrentó el ex director de Comercio a Martín “N”; según testigos le dijo que “dejara de engañar a los comerciantes, deja de vender permisos piratas”. De todas las irregularidades, quien estuvo enterado en todo momento fue Tesorería Municipal y el propio Pavel Castro Ríos, secretario general del Ayuntamiento de La Paz.
“Haz de cuenta que tú pagabas tu refrendo de la licencia de alcohol, y ellos te mandaban una constancia en lo que salía tu licencia o en lo que la firmaba el presidente municipal para que no te multaran, y eso se pagaba, ya que tenías el refrendo. Y esta gente lo que hacía es que modificaban esas constancias a mano y las entregaban a los comercios”, lanzaron los funcionarios que contactaron a ZETA.
A pregunta expresa a la alcaldesa de La Paz sobre la posible vinculación de un director en estas malas prácticas, Milena Quiroga reconoció que era un problema del pasado.
“Usted detecta en su gobierno, pero que por el número y el tiempo que ha transcurrido, vienen de varias administraciones, entonces ahí la cuestión es: quitas a un director pones a otro, pero ahí hay gente abajo que tiene armado el negocio, y le dice al nuevo jefe, ‘aquí operamos así ¿Le va a entrar o no?’. Así es”, reconoció Quiroga.
En septiembre del 2022 se organizó el “Forajido Tour – Christian Nodal”, en el que funcionarios de Deporte Municipal, desde el director Guillermo Ortalejo y demás servidores públicos, se encargaron de la venta de alcohol, en dicho evento.
El Ayuntamiento de La Paz informó que como administración no vendieron estos productos, que fueron particulares, y se sabe que al director Ortalejo le permitieron la comercialización sin pagar un sólo peso de autorizaciones.
“Por todos es sabido que, si realmente quieren hacer las cosas bien en contra de todos los que operan la red y tráfico de alcohol y licencias, desde cuándo hubieran metido a la cárcel al Ortalejo; ese director vendía alcohol con el personal de Deporte Municipal en eventos y sin licencia para vender, ni los permisos, nada. En ese sentido, ¿a qué están jugando? Todos se enteraron que el personal de la Dirección de Deporte Municipal vendiendo alcohol en el evento de Christian Nodal y muchos otros”, comentó el servidor público consultado del Ayuntamiento de La Paz.
VICIOS GUBERNAMENTALES
En una revisión a las licencias de alcohol expedidas en el municipio de La Paz, la cifra alcanzó las 800, aunque no todas expedidas por los imputados, incluso el ex director de Comercio, Omar “N” pudo haber incurrido en omisiones, que son faltas administrativas, pero que eso será resuelto en un plazo de cuatro meses.
Dentro de las licencias apócrifas destacan negociaciones como las cervecerías Pacífico, Tecate y las Tiendas OXXO, quienes presuntamente se apoderaron de múltiples autorizaciones “legales” en su momento.
“Establecimientos importantes se encontraban, pues compraban estas licencias de unos a otros; quien las compraba no se percataba de que estas licencias fueran ilegales, probablemente porque tenían tiempo generando estas irregularidades. Estoy hablando de tiempo porque es una red que nosotros encontramos en esta administración, pero que tenía más de dos administraciones que seguramente estaba funcionando”, afirmó Milena Quiroga.
Afirmaron funcionarios públicos municipales consultados, que antes, desde la era de Víctor Castro (2005 – 2008) y hasta Esthela Ponce (2011 – 2014), la tramitología era muy simple, o así la hacían, dijo el funcionario público con más de dos décadas al servicio.
“En su momento a la (inaudible) le pidieron sólo su copia de la credencial de elector, y que ya con eso podían meter su licencia al Consejo de Alcoholes, ¿por qué ahorita le vas a pedir mil documentos, que en ese momento no le pidió, y por qué está en proceso, si en ese momento cuando pasó por Consejo, es el documento que le pedían? ¿Por qué poner en esa situación al comercio si al inicio no se los pidieron, y ahora sí y ahí es cuando vienen las clausuras? Ellos mismos generaron el problema”, expuso el funcionario.
Las primeras licencias que han sido clausuradas y retiradas, son de empresas particulares, aún no se han tocado a los corporativos, ya que ahí sí existe la posibilidad de un combate legal, ya que al momento de entregarse la documentación con sellos y firmas de funcionarios públicos, hay soporte legal para evitar el retiro de los permisos, así lo manifestaron los servidores públicos de La Paz.
“El ejemplo es OXXO, no anda comprando una licencia porque tiene muchísima licencias, y que ahorita salieron que había como 50 o 60 de OXXO que no pasaron a Consejo, a ver cómo le van a hacer porque ellos mismos, los del Consejo, así las pasaban y sin más ni más las aprobaban, ahora quieren echar para atrás todo y chingarse al más pend… Y en las mismas condiciones están las de la Pacífico, Tecate y OXXO; si así están tumbando de particulares, ¿por qué no están tumbando a las grandes cadenas?, pues no pueden enfrentar a un bufete de abogados”, detalló.
Señalan los denunciantes que los comercios pequeños que les vendieron licencias piratas, deben presentar todo documento que les entregaron y amparen su funcionamiento con el soporte documental con que cuentan, de esta forma obligarán al Ayuntamiento a una negociación y no una pérdida total, porque realmente es una responsabilidad compartida.
Mientras tanto, el proceso legal ya está en juicio, sin embargo, dos de los principales responsables sólo fueron llamados como testigos y no forman parte de la carpeta de investigación, cuando, según los funcionarios públicos, fueron quienes orquestaron la falsificación de licencias.
