Autoridades congelaron la investigación del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco, por dos décadas. Durante tres años incumplen compromiso de reparación del daño a su familia
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En agosto de 2006, cuando ante el juez Larry Burns presentaron a Manuel Arturo Villarreal alias El Nalgón, detenido junto con Javier Arellano Félix el Tigrillo en aguas internacionales, fiscales al servicio de la entonces subprocuradora de Estados Unidos Laura Duffy, al leer los cargos, declararon en audiencia que este líder del Cártel Arellano Félix había sido organizador y partícipe del asesinato del editor general de ZETA, Francisco Ortiz Franco, cometido el 22 de junio de 2004.
Pero también argumentaron que era un homicidio por el cual ellos no lo juzgarían, al haberse cometido en Tijuana, México.
En 2017, los abogados de Villarreal Heredia -sentenciado en Estados Unidos- empezaron a promover juicios de amparo para combatir órdenes de aprehensión vigentes en México, ninguna por el homicidio del periodista. Este es uno de los ejemplos que muestra cómo el Estado mexicano abiertamente abandonó y, en el peor de los casos, decidió ignorar todas y cada una de las líneas de investigación surgidas tras el homicidio alevoso, premeditado y ventajoso, cometido en contra de nuestro compañero, que además de periodista, era esposo y padre de tres hijos, cabeza de una familia que creció y ha enfrentado la vida sin él.
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Tampoco le dieron seguimiento a las hipótesis y elementos de prueba que ubicaban como participantes del crimen a Eduardo Ronquillo alias El Niño, del Cártel Arellano Félix (CAF), asesinado en octubre de 2004; a Armando Gálvez del Barrio Logan y a Heriberto Lazcano alias El Lazca de Los Zetas, abatido en octubre de 2012. Incluso a Jorge Hank Rhon, entonces candidato a alcalde de Tijuana, dueño del Hipódromo Agua Caliente y jefe de quienes mataron en 1988 a Héctor Félix Miranda, codirector fundador de ZETA. Ni investigaron a los informantes de Ortiz Franco: el abogado David Valle y el ex policía José Encinas Filatoff.
En agosto de 2005, sin elementos de prueba, publicitaron la captura de Ray del Villar como uno de los asesinos de Ortiz Franco, delito por el cual ni siquiera fue procesado.
Para quienes estimaron y admiraron a Pancho, más para sus seres queridos que lo amaron, el vacío, la sensación de no poder respirar, el dolor por la pérdida, no se reduce tras 20 años, y las emociones regresan con los recuerdos. Pero el tiempo ha enseñado a los integrantes de esta casa editorial a convivir con la frustración frente a autoridades cobardes o cómplices que le han negado la justicia a un hombre justo, para convertirla en uno de los acicates que sostiene la dura línea editorial de periodismo de investigación, crítico y combativo.
Ese martes de junio de 2004, un comando de sicarios atacó directamente a Francisco mientras subía a su auto, tras acudir a una terapia médica. Sus dos hijos pequeños, a quienes recogió de la primaria, atestiguaron el crimen. Estaban a 300 metros de las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero nadie fue detenido y, el vehículo de huida, abandonado a pocas cuadras de la escena, fue localizado mucho tiempo después.
El atentado criminal ocurrió después que el editor general investigara, redactara y publicara un reportaje revelando fotos e información de integrantes del Cártel Arellano Félix, que en colusión con funcionarios estatales, habían pagado 700 mil dólares y recibido credenciales auténticas y oficiales con fotografía, como agentes de la entonces PGJE.
En noviembre de 2021, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Alianza de Medios Mx presentaron observaciones del Caso Ortiz Franco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando quedó evidenciado que ninguna autoridad sabía quién tenían el expediente, porque a pesar de los reclamos, lo habían abandonado durante décadas, encontrándolo empolvado en uno de los archiveros Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
“… hace tres años el Gobierno Federal ofreció -a la familia- reparación del daño para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no emitiera recomendación debido a que el expediente del asesinato no tuvo movimientos -durante casi dos décadas- y hasta el momento no los han buscado”, expuso la organización Yo Sí Soy Periodista en su invitación al homenaje y marcha organizada en honor a Francisco Ortiz Franco, que se realizará mañana sábado 22 de junio con participación de la familia y representantes de Artículo 19, así como de la SIP.
Por eso, hoy, como ha sucedido durante 20 años, levantamos nuevamente la voz desde estas páginas, reclamando la justicia y el respeto que Ortiz Franco merece, uniéndonos a la exigencia de que su familia, que por dos décadas ha sido victimizada ante la incapacidad y corrupción de las autoridades judiciales, sea atendida.
No hay manera que logren compensarles la ausencia de Pancho ni las injusticias sufridas durante veinte años por sus mediocres trabajos, pero en medio de tanta impunidad, el Gobierno Federal mínimamente está obligado a obedecer la Ley de Reparación del Daño y responder a la viuda y a sus hijos, convertidos hoy en jóvenes productivos.
