Casi a las diez de la noche del miércoles 12 de junio, una niña de 10 años de edad caminaba por la banqueta con su hermana gemela, un amigo y su primo, cuando un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tomó del brazo y le dijo “Qué bonitas están”.
La caseta está a pie de banqueta en la comandancia del fraccionamiento de interés social Los Encinos, tal fue la versión de la niña, presunta víctima de violación equiparada agravada cuyo agresor forma parte de la milicia y fue vinculado a proceso bajo la causa penal 01-2024-08939.
El fraccionamiento Los Encinos tiene un alto índice de delitos del fuero común, como robos, robo de autos y narcomenudeo. La comandancia está rodeada por un área verde despoblada por la parte posterior, pero también, negocios en la parte frontal, como supermercados; y del otro, el preescolar público Mariano Escobedo.
De acuerdo con testimonios, esa noche el grupo de jóvenes caminó como lo hacía con frecuencia por el frente de la comandancia para ir al supermercado. De regreso, la menor fue interceptada del brazo por el cadete Eliobeth, de 29 años de edad, originario de Chiapas, con su uniforme militar y armado. La metió a una pequeña caseta de vigilancia del estacionamiento de 2×2 metros con una ventana que tiene vista hacia la calle del Sector Noroeste. Una vez dentro, la puso de espaldas hacia él y comenzó a desnudarla de la parte baja.
El resto del grupo se quedó afuera, esperando entre 10 y 20 minutos, sin saber qué hacer, manifestaron a las autoridades de investigación.
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Mientras eso sucedía, dentro de la caseta el sujeto al parecer causó daño a la menor, quien al salir les platicó cómo el militar la inclinó, le quitó el pantalón y la lastimó con su miembro viril.
“Se sintió feo y no sabía cómo defenderse”, contaron.
Cuando regresaron a su casa, platicó a su madre lo sucedido, quien regresó y pidió a los niños identificar al supuesto agresor, por lo que de inmediato y sin perderlo de vista, llamó al número de Emergencia 911.
Al arribar los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), los encargados afirmaron que los compañeros militares trataron de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no interviniera, con la finalidad de dejarla como una investigación interna.
La Policía Municipal no permitió y dio parte a las autoridades correspondientes, por lo cual arribó personal del Escuadrón Violeta, Unidad de Delitos Sexuales y Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo la detención, así como posterior investigación.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, aclaró que el elemento militar llevará el proceso bajo las leyes de Baja California y no será entregado a la autoridad militar. “Cualquier militar que comete un delito en contra de la población civil inmediatamente responde ante las autoridades civiles correspondientes, y los delitos de orden militar están dentro del Código de Justicia Militar”, reiteró.
Al buscar a las madres que estaban por recoger a sus menores hijos, se pudo observar a niños acercándose a saludar a los integrantes de la Sedena, quienes se encuentran imponentes en la puerta, con uniforme verde, casco, armas largas y un pasamontañas color negro.
VECINOS DE LA COMANDANCIA, ENTRE ROBOS Y EXTORSIONES
En Ensenada hay tres comandancias de la Policía Municipal, las cuales fueron prestadas a la Sedena para sus elementos: en Los Encinos, en la calle Sector Noroeste; la delegación Noroeste en la Colonia 89 y la Estación Integral en Maneadero, donde el Gobierno del Estado dejó en abandono un rastro municipal hace una década.
Durante un recorrido por Los Encinos, una comerciante de productos de saldos que está casi frente de la corporación compartió que no sabía que existiera esa comandancia. Comentó cómo en la casa donde se encuentra, han robado por lo menos cuatro ocasiones y mostró los daños de los delincuentes a la propiedad. “Las rejas están botadas, todas las rejas para robar”, dijo.
Sobre los hechos ocurridos el 12 de junio, lamentó que todos los días su hija de 9 años pasa por ahí, saludando a los soldados. “Ella piensa que son personas que cuidan de ella”, reveló el hombre.
Por otro lado, el dueño de otro negocio cercano a la comandancia expresó que la operación de ese cuartel es poco saludable para la comunidad porque no atienden reportes, y que en varias ocasiones les han pedido auxilio por un robo o un problema de violencia; los propios oficiales piden que llamen a la autoridad competente, en este caso, Policía Municipal.
“No sirve de nada, porque nos dicen que llamemos al 911, y cuando llamamos, hay ocasiones en que la Municipal no llega, entonces no hay beneficio para nosotras en la familia”, afirmó el ciudadano. Mientras que una mujer dedicada al trabajo doméstico, describió a los militares como personas poco confiables, asegurando que la han molestado verbalmente.
“Cuando salgo a limpiar la calle, salen para verme, y no creo venir vestida de manera provocativa, trato de limpiar rápido porque uno sabe y siente la mirada”, reveló.
DEFENSA INTENTÓ RECLASIFICAR, NO LO LOGRARON
La localización de restos de semen fue un razonamiento válido para que el juez de Control decidiera decretar la vinculación a proceso en el caso de la violación.
Durante la audiencia celebrada el 18 de junio, el militar Eliobeth fue presentado ante el juez, donde un defensor de oficio, el cual será reemplazado en próximos días por un privado, pidió una reclasificación del delito de violación a abuso sexual.
El argumento del litigante para desestimar el hecho fue que, de acuerdo con el peritaje médico, la víctima no presentó desgarre vaginal o anal, tampoco daño en himen.
Como dato de prueba para la reclasificación, se obtuvo la entrevista con dos militares que dijeron conocer a la menor junto a más jóvenes, quienes son conocidos por pasar por frente a la comandancia a altas horas de la noche, incluso, dos días antes de los hechos, afirmaron haber visto entrar a la menor al edificio a preguntar por “un novio”, que ambas hermanas solían caminar solas por el parque comunitario a pocos metros de la estación policial, solas y sin supervisión.
En respuesta a los señalamientos, la fiscal a cargo del asunto en defensa de la menor, rechazó los argumentos de la defensa, al afirmar que no es necesario que exista una lesión o cópula para consumar una violación.
Hizo referencia al Artículo 176 del Código Penal de Baja California, que establece prisión de 10 a 20 años y hasta 300 días multa, a quien por medio de violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Si la persona ofendida fuese menor de 14 años, la pena de prisión será de 15 a 30 años y hasta 500 días multa.
“Se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo (…) El delito se agrava al ser cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público, independientemente de las penas y sanciones que señala este capítulo, será destituido definitivamente de su cargo o empleo, o suspendido por el término de nueve años en el ejercicio de dicha profesión”.
La fiscal puso como evidencia que, tras una revisión médica, hubo restos de semen en la pantaleta y vagina de la menor, evidencia suficiente para llevar la investigación a otro nivel.
Por otro lado, lamentó las declaraciones de los militares, al considerar injustificable cometer un delito contra alguien por caminar sola y de noche por la calle.
“TODO EL PESO DE LA LEY”: MARÍA ELENA ANDRADE
Durante un encuentro con el sector empresarial de Ensenada, la fiscal general María Elena Andrade informó que habrá “cero tolerancia” con el elemento militar señalado, aunque sea parte de la Guardia Nacional o cualquier otra corporación.
“Muy reprobable que personas agentes de servicio, que deben estar al servicio de la comunidad y sobre todo la protección, en su caso hayan sido señalados de cometer un delito, pero más aún, contra una pequeña indefensa”, sostuvo.
Describió que tras la denuncia, personal de la fiscalía tomó cartas en el asunto y en ningún momento obstaculizaron la investigación, sino por el contrario: participaron para poner al señalado a disposición de la autoridad.
“Nos parece un caso aberrante, sin embargo, no podemos prejuzgar porque tiene derecho al proceso, el cual se judicializó. Me comprometo a dar seguimiento de manera personal, y en su oportunidad pediré todo el peso de la Ley”, advirtió.
Hasta el cierre de edición, jueves 20 de junio, no había interés de la autoridad competente por retirar el campamento de militares de las tres colonias donde se encuentran en operación.
