Las 20 reformas presentadas por Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024, que hace cuatro meses fueron congeladas por la oposición, se podrán concretar.
Publicidad
Algunas están destinadas a fortalecer el gobierno centralista y el dominio presidencial; otras, los programas sociales, lo que podría parecer positivo, pero no se le pone candado al uso clientelar de los mismos. Unas más, intentan restar autonomía al Poder Judicial y otras reducir el Poder Legislativo, afectaciones a dos de los tres Poderes que, junto con el Ejecutivo, integran el Estado mexicano.
Finalmente, están las modificaciones para desaparecer organismos ciudadanos y autónomos creados para generar equilibrios y contrapesos a gobiernos centralistas con tendencias al absolutismo.
Los argumentos de AMLO para las modificaciones a la Constitución Mexicana es que estas entidades y Poderes son onerosas al erario y están plagadas de corrupción.
Publicidad
De acuerdo al conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral, el contrapeso quedaría únicamente en las manos alzadas de dos o cuatro senadores de la oposición, unos cuantos más o unos pocos menos, pero en resumen, “una cantidad de votos fácil de comprar”, como han señalado algunos ciudadanos ante el recuerdo certero de anteriores legisladores que, aprovechando su peso en la oposición, han cambiado su voto por puestos en el gobierno o cuantiosas cantidades de dinero.
En la Cámara de Diputados, de acuerdo a las proyecciones, el Presidente López Obrador o la virtual primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no tendrían problema alguno para las modificaciones a la Constitución, dado que, junto a sus aliados, ostentan la mayoría calificada que para ello se requiere.
El electorado le dio al partido oficialista y su coalición, todo el margen para la mayoría legislativa. Comparado con las elecciones de 2021, este 2024 Morena obtuvo 5.1 millones de votos adicionales que, junto a los votos extras obtenidos por los partidos PVEM y PT, suman 8.3 millones de sufragios más a su favor.
En contraparte, la oposición perdió confianza y votos. El Partido Acción Nacional apenas consiguió 315 mil votos más que en 2021, pero sus asociados anclaron la coalición opositora: el PRI registró 2.6 millones de votos menos que hace tres años, y el PRD, que está a punto de quedarse sin registro nacional como partido, perdió más de 437 mil votos.
Esa diferencia, más votos para la alianza oficialista y menos para los opositores, permitirá a Morena contar con entre 365 y 372 diputados, superando la marca de 334 requeridos para la mayoría calificada.
En el Senado, en 2018 Morena obtuvo 21.2 millones de votos y este año alcanzó los 22.4 millones de sufragios, considerando los votos del PVEM y el PT llegaron a los 30.4 millones de sufragios contra los 19. 9 millones de votantes que favorecieron a los partidos opositores aliados que, en comparación con la elección de hace seis años, perdieron muchos seguidores: 2.9 millones menos el PRI, 1.7 millones menos el PT, y el PAN alejó a poco más de 468 mil votos.
En ese contexto, incluso si la oposición logra recuperar algunos sufragios en la impugnación de casillas, la mayoría calificada obtenida por López Obrador es una realidad que será poco más que difícil de enfrentar para las minorías legislativas. El primer mandatario mexicano ha sido contundente: a la llegada de la nueva Legislatura, el 1 de septiembre, avanzará su paquete de reformas para sacarlas a la brevedad posible; para cuidar las formas, dijo que lo hablaría con su virtual sucesora.
Las primeras tres reformas que anunció para reactivar el primer día de septiembre, son la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa; la del Poder Judicial para disminuir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección por la vía del voto libre de jueces, magistrados y ministros; así como la reducción de salarios a la clase gobernante, particularmente a quienes integran el Instituto Nacional Electoral.
En esas condiciones, de nuevo como en tiempos del absolutismo priista, corresponderá a la sociedad pugnar ante el poder absoluto, presionar a los diputados de todos los partidos para que protejan sus derechos, informarse del contenido claro de las reformas y trasmitir el conocimiento al resto de la ciudadanía. Tomar lo positivo y rechazar lo que pretenda limitar la democracia.
No se trata de aceptar ciegamente las reformas oficiales ni d rechazar todo porque militan en colores distintos, sino de proteger el futuro de sus gobernados. Mientras ganadores y perdedores se siguen peleando por unas cuantas curules, sería prudente que empiecen a revisar el contenido y pertinencia de temas que ya están sobre la mesa y pretenden votar el 1 de septiembre, para perfeccionarlos y analizar el proceso legislativo para que todos los nuevos legisladores federales puedan actuar a conciencia y en favor de quienes los eligieron, y no como han acostumbrado por décadas, sin importar el color o las siglas, ante los intereses de la Presidencia.
