Agentes de distintas corporaciones de seguridad, quienes participaron en un operativo criminal en el que el Cártel Arellano Félix (CAF) le robó droga al Cártel de Sinaloa en Tijuana, están prófugos.
Por estos hechos, jueces le concedieron a la Fiscalía General de la República (FGR) siete órdenes de aprehensión contra los uniformados corruptos. Los acusan por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, con la agravante de ser perpetrados por servidor público y “contra la administración de justicia, por alterar un lugar donde se cometió un delito”.
Los presuntos responsables son el sargento Luis Reynaldo Espinoza Alfaro, el cabo Jesús Hernández Leonardo, Óscar Yahir Ríos Martínez y Miguel Ángel Vázquez- detenido- de la tropa, todos, elementos de la Guardia Nacional. Y los ya identificados desde 2023: el policía municipal de Tijuana, Hugo Alejandro Murua Rico; así como los integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE): Óscar Gaucín Orozco y Melissa Ramos Curiel (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
De acuerdo a una carpeta administrativa iniciada por la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría del Estado, y a otra investigación penal promovida en la delegación de la FGR, estos elementos, participaron y fueron video grabados en el robo de droga realizado el 17 de noviembre de 2023 en la casa marcada con el número 52 de Privada Altitud 58, Fraccionamiento El Lago en Tijuana.
Delito que irónica y públicamente, fue reclamado por traficantes y asesinos de la mafia sinaloense encabezada por los hermanos René y Alfonso Arzate, quienes ese noviembre ejecutaron tres balaceras y dos homicidios para exponer su molestia:
* El día 18 balearon las instalaciones de la FGR en Tijuana.
* El 24 agredieron a tiros a un elemento de Robos Domiciliarios de la fiscalía estatal; y asesinaron al policía municipal León Bueno Loreto.
* El 27 de noviembre a balazos asesinaron al agente ministerial Salvador Vargas Ruiz.
Estos dos últimos oficiales participaron también en la sustracción de enervantes en Privada Altitud 58.
Por el asesinato del policía León, la última semana de diciembre de 2023 capturaron a Edmundo Joaquín Paz alias El 17, Jaime Guadalupe Manríquez Cruz, Carlos Sánchez Carrasco y Edgar Enríquez. Por la balacera contra la FGR, el mismo día del ataque consignaron a Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente por intento de homicidio contra dos policías municipales y el recepcionista que estaba a la entrada del edificio de la fiscalía. Todos los detenidos son integrantes del Cártel de Sinaloa.
EL SARGENTO Y OTROS DEL CAF
Labor de inteligencia realizada adicionalmente por diversas autoridades integradas a la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, revela que miembros del CAF que participaron en el mencionado baje de droga del fraccionamiento El Lago estuvieron presuntamente encabezados por un hombre identificado como José Alfredo Barrón Rodríguez, ex soldado de caballería que desertó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2014, cuando estaba adscrito a las fuerzas militares en Matamoros.
Este sujeto, descrito por sus cómplices como “robusto, moreno claro, de aproximadamente 1.75 metros de estatura”, de entre 25 y 35 años, sería al que se observa en videos filtrados a través de redes sociales en noviembre, dando indicaciones a los ladrones que suben a las patrullas y autos las bolsas negras -presuntamente conteniendo droga- sacadas de una de las casas de la Privada Altitud.
En las carpetas de investigación, el coordinador del robo fue identificado con los alias El Sargento, El Federal y/o El Alfa, quien, de acuerdo a información en poder de los investigadores, para el hurto del 17 de noviembre y otros robos de enervantes, fue el encargado de convocar a agentes corruptos de diversas corporaciones porque tiene los contactos telefónicos.
Durante siete meses, Barrón ha sido rastreado por las autoridades, pero no lo han podido localizar.
Los mismos reportes de inteligencia revelaron como participante del mencionado robo de noviembre, al agente federal detenido el 27 de julio de 2023, luego que la Guardia Nacional persiguiera tres pick-ups blancos -aseguró dos y una tercera camioneta escapó- en Santo Tomás, Ensenada, los cuales presuntamente transportaban y protegían a Héctor Manuel Gil García alias El Kado, uno de los operadores del CAF, pero en aquel momento sólo fue sancionado por estar en el municipio porteño, cuando estaba comisionado a Tijuana y era su horario laboral.
En el mismo operativo y por las mismas causas fue detenido el mencionado ex militar Alfredo Barrón, tampoco tuvo problema para ser liberado y evadir la justicia.
En cuanto a la participación del mencionado agente federal en el robo, la FGR reportó que esa versión se investigó y fue eliminada porque corroboraron que el oficial -a quien nuevamente se negaron a identificar- estaba trabajando en Jalisco el día del “baje”.
Otro criminal mencionado como cómplice en el crimen de Privada Altitud, fue José Nerlictff, asesinado dos meses después -17 de enero de 2024- en un camino vecinal del fraccionamiento Natura en Tijuana.
Respecto a él, los investigadores consideran que su participación fue mayor en la distribución y venta de la droga, después del robo.
DETENIDO, UNO QUE APOYÓ ROBO DEL CAF
Como parte del grupo de agentes uniformados que colaboraron el robo de droga organizado por la célula del CAF encabezada por Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito y Héctor Manuel García el Kado, las autoridades sólo han capturado a Ángel Vázquez Valle (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), uno de los cinco elementos de la Guardia Nacional que, de acuerdo a la indagatoria, estuvieron presentes en la sustracción de droga el 17 de noviembre. La orden de aprehensión se tramitó y otorgó semanas atrás, pero se pudo ejecutar hasta el jueves 13 de junio de 2024.
Fue el único agente que no huyó, tras darse a conocer que elementos asignados a la unidad de la Guardia Nacional GN 303306 –al inicio habían mencionado la 303307- estaban siendo investigados el día de los hechos.
De manera extraoficial, ZETA pudo conocer que después que los criminales de Sinaloa publicaron en redes sociales los videos del robo, el sargento Luis Reynaldo Espinoza Alfaro y el cabo Jesús Hernández Leonardo, quienes estaban a cargo de la tropa durante los hechos, escaparon, mientras los mandos en la GN en Tijuana detuvieron temporalmente como medida administrativa, a dos de los elementos implicados: Óscar Yahir Ríos Martínez y Miguel Ángel Vázquez, quienes en aquel momento se ampararon y debieron ser liberados, pero fueron enviados activos al destacamento más grande de la guardia en el Estado de México, desde donde informaron a la fiscalía estar a disposición.
Pero cuando se ejecutó la orden, resultó que sólo Vázquez estaba en activo laborando, de Ríos nada se sabía.La carpeta de investigación de la FGR contempla un quinto elemento de la GN presuntamente implicado en el operativo delictivo, es mujer, pero no fue acusada. A ella la mencionaron como testigo. Se trata de Diana Fernanda Ramos Salazar, quien en declaración menciona que era compañera del acusado Miguel Ángel.
De acuerdo a su declaración leída por el Ministerio Público federal, el día del robo la mujer estuvo junto con Vázquez y un agente -Ríos Martínez- todo el tiempo en la batea (parte trasera) del pick-up de la GN, el cual reconoce estuvo en Privada Altitud 58, pero no supo decir la hora.
Comentó que iniciaron recorridos por la ciudad alrededor de las cuatro de la tarde del 17 de noviembre de 2023 y que llegaron a Privada del Lago cuando ya estaba oscureciendo.
QUE SEGUÍAN ÓRDENES
Diana dijo haber observado que desde una casa sacaron bolsas negras de las que ignoraba el contenido, pero vio cómo las metieron en las patrullas de las otras corporaciones. También, que el pick-up en que ellos iban, se fue detrás en convoy con los carros cargados con las bolsas negras y advirtieron cuando las entregaron en un domicilio particular.
Sin embargo, como Miguel Vázquez, su defensa fue que ellos estaban siguiendo las órdenes del sargento Espinoza y el cabo Hernández Leonardo, quienes conducían la patrulla de la GN; que ellos no podían saber que se trataba de un delito y no de un operativo oficial.
JUDICIALIZACIÓN
Tras la captura del agente Vázquez el 13 de junio, el viernes 14 se realizó la audiencia inicial con retraso de media hora y duró alrededor de dos horas, contando el receso de 20 minutos solicitado por la defensa. En el proceso, el juez federal de Distrito, Fausto Rolando González Urzaiz, concedió la petición de la fiscal federal para dictarle la medida cautelar de prisión preventiva, convocando a las cuatro de la tarde del miércoles 19 de junio para la audiencia en la que fue vinculado a proceso, manteniendo la medida cautelar.
En la primera lectura de los elementos de prueba, hecha por la Ministerio Público federal Nidia T. Gómez, se hizo referencia al testimonio de Melissa Ramos Curiel, agente estatal de la FGE, recabado en un procedimiento administrativo de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría del Estado y posteriormente entregado a la FGR, en la que detallaron que el 17 de noviembre de 2023, junto a su pareja Óscar Gaucín, recibió una llamada de quien apodan El Federal o El Sargento. Los citó en el estacionamiento del restaurante Carl’s Jr. sobre Bulevar Agua Caliente, les ofreció “un jale” y accedieron.
Asimismo, declararon haber participado en otra reunión más tarde en el estacionamiento del restaurante Burger King Macroplaza, ejecutaron el baje de droga en Privada Altitud y trasladaron el enervante a dos puntos: uno en un lote baldío en Calle La Flamita del fraccionamiento Guaycura, y otro en el estacionamiento de un edificio de condominios en el número 10617 del Bulevar Agua Caliente.
Para evidenciar la presencia de Miguel Vázquez, investigadores solicitaron el rol de servicio. Pero de acuerdo a la defensa, en la carpeta no hubo claridad en la forma en que obtuvieron el número de la patrulla, el mencionado rol y la identidad de su defendido.
POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO
La FGR no los puede acusar por llevarse decenas de bolsas que no logran probar que contenían droga, pero los señalan por el enervante que “olvidaron” en la misma casa.
Tras recibir una denuncia anónima en el mismo caso, la fiscalía realizó un cateó el inmueble, menos de 24 horas después del presunto robo. En la primera planta, en una alacena, localizaron 13 bolsas de plástico con la droga conocida como cristal, 15 bolsas de la misma droga, una bolsa grande con cinco bolsas pequeñas con cristal en su interior, y otras cinco bolsas rojas con la misma sustancia. Un total de 15,857 gramos de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, así como 70 mil pastillas de comprimidos de la misma sustancia y 217. 1 gramos de metanfetamina.
Tras evidenciar que estuvieron presentes el día de los hechos, acusaron a Miguel Vázquez, así como al resto de los oficiales y criminales participantes, argumentando que “estuvieron en la actitud de ejercer acciones de dominio” de las bolsas que se llevaron, al igual que de la droga que se quedó en la escena y posteriormente asegurada. Por la cantidad, en este momento inicial, pueden presumir que era para venta.
POR ALTERAR UN LUGAR DONDE SE COMETIÓ UN DELITO
En cuanto al cargo por delitos de la administración pública, la parte acusadora refirió que, al ingresar al domicilio sin orden judicial, llevarse las bolsas -más allá del contenido- y trasladarlas a un lugar diferente a la FGR, es evidente que alteraron la escena que se aseguró al día siguiente y el juez estuvo de acuerdo.
“LO SIENTO, MIGUEL…”
Al solicitar que Vázquez fuera liberado, la defensa argumentó que ninguno de los testigos señaló directamente a su defendido, y que en la presentación de cargos, la Ministerio Público había señalado erróneamente que el agente estuvo “en el interior” del inmueble, cuando los testimonios lo ubicaron todo el tiempo en la parte de atrás del pick-up patrulla.
También reiteró el hecho de que estaba siguiendo órdenes y desconocía que el protocolo no era el de un cateo oficial.
Por su parte, con el fin de evidenciar que él no implica un riesgo para la sociedad, Miguel expuso: “Sigo siendo un elemento de la Guardia Nacional”. Dijo estar libre en el cuartel, tan así, que allí le ejecutaron la orden de aprehensión y “en ningún momento me he separado del trabajo”.
Frente al cúmulo de información, el juez González Urzaiz le comentó al procesado: “Lo siento, Miguel…”, pero existen elementos suficientes para considerar su posible participación en los hechos, recordando que como agente de la GN conocía los protocolos y estaba capacitado para saber que la droga asegurada no se deja en domicilios particulares. Sin embargo, por la forma en que la FGR solicitó la imputación, manifestó que no se actualizaba la agravante de un delito cometido por servidor público, y dio hasta el 19 de julio, un mes, para terminar la investigación.
