En 2020, el Congreso de Baja California de mayoría morenista aprobó una reforma constitucional que eliminó las restricciones para que diputados, alcaldes y ediles, tuvieran que separarse del cargo para buscar una reelección directa, lo cual fue calificado por diversos sectores políticos y empresariales como Ley Gandalla.
La reforma constitucional al Artículo 78 y el 9 TER de la Ley de Régimen Municipal fue sumamente polémica, pues diversos sectores sociales lo consideraron un desequilibrio en la contienda, ya que el alcalde, diputado o edil, podía seguir ostentando el poder político durante el periodo de campaña. Además, la reforma no vino acompañada de un mecanismo que garantizara la no utilización de recursos públicos durante el periodo en el cargo.
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“Para ser electo presidente municipal, regidor o sindicato de un ayuntamiento, de manera consecutiva no será necesario que el funcionario interesado, solicite licencia para separarse del cargo”, sin embargo, durante los actos de campaña o precampaña “deberá abstenerse del uso de recursos públicos en los términos que prevé el artículo 16 de la Constitución”, refiere dicho artículo, motivado en la reforma política emprendida por el Congreso federal.
El acto promovió la movilización de diversos grupos políticos, sociales y empresariales, los cuales hicieron una recolección masiva de firmas en toda la entidad, con el objetivo de ordenar al Poder Legislativo a someter la decisión a un referéndum.
Pese a las más de 60 mil firmas recabadas y cumplir con todos los requisitos para promover la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció el tema e impidió el avance de los planteamientos de la ciudadanía organizada.
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Casi cuatro años después de lo ocurrido, se confirman todos los males que se analizaron por parte de los sectores organizados, pues diputados, alcaldes y ediles duplican funciones, impiden el arribo de sus suplentes y paralizan acciones tanto legislativas como de campaña.
La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, anunció que por decisión propia iba a definir sus jornadas laborales y de campaña de 07:00 am a 16:00 horas –presidenta municipal- y en adelante para hacer trabajos proselitistas.
Mientras el alcalde de Tecate, Darío Benítez, que llegó a esa posición por Morena en 2021, no solicitó licencia para buscar la reelección, incluso por otro partido, Encuentro Social (PES), que le dio la nominación que en el partido oficialista le negaron para entregarla a quien ahora es su adversario, el ex priista Román Cota.
Pero otros diputados como Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano; Diego Echevarría, del PAN; y Evelyn Sánchez Sánchez, de Morena, también ejercen acciones similares para burlar la Ley, con el objetivo de beneficiarse de la Ley Gandalla.
LICENCIAS A MEDIAS Y RECOVECOS LEGALES
La única presidenta municipal que busca reelección directa por el mismo partido, sin solicitar licencia, es Norma Alicia Bustamante Martínez, pues Darío Benítez pretende repetir en el cargo en Tecate, aunque por medio del PES.
Así como ella, los diputados que buscan la reelección directa sin solicitar licencia son Alejandra Ang, Dunnia Monserrat Murillo, Michel Sánchez Allende, Juan Manuel Molina, Ramón Vázquez Valadez, Gloria Arcelia Miramontes, Aracely Geraldo, de Morena; y Rosa María Zamarripa, del PES;
Mientras tanto, Alejandrina Corral Quintero, del PAN, solicitó licencia y permitió el ingreso de su suplente de nombre Raquel Guadalupe Silva Espinoza; César Adrián González García, del PVEM, dejó el cargo a su suplente Raúl Guadalupe Revellín Ibarra; al igual que Julia Andrea González, de Morena, se dedicó totalmente a campaña y dejó a Rebeca Lona Cuevas en su lugar; lo mismo ocurrió con Sergio Moctezuma Martínez, del PT, al dejar su espacio a Wendy Ontiveros González.
El resto abandonó el cargo para buscar presidencias municipales u otros cargos de elección popular.
Para el abogado Fernando Rosales, todos los que duplican funciones, como candidatos y representantes populares, no ofrecen certeza de que no estén usando recurso público para financiar campañas u otros apoyos, pero además -aseguró- utilizan las oficinas gubernamentales, al personal y el poder tácito que tienen por ser legisladores, lo cual dirige la balanza de la contienda a su favor.
Hay tres casos igual de cuestionables para el abogado Héctor Ibarra y el propio Rosales: los tres diputados que han solicitado licencias temporales de poco tiempo, con la intención de burlar la Ley e ir y regresar de manera libre.
Ese es el caso de la diputada Daylín García Ruvalcaba, de MC; Diego Echevarría, del PAN; y Evelyn Sánchez Sánchez, de Morena, quienes “tramposamente” van y vienen a sus diputaciones, evidentemente en un intento por burlar la Ley Gandalla.
En un comunicado de prensa hecho público el 9 de mayo por parte del Congreso del Estado, los tres legisladores de diversas bancadas políticas anunciaron que se retirarían temporalmente de sus funciones.
Echevarría solicitó licencia por un día, pero ya no regresó y no se reincorporó a su suplente; Evelyn Sánchez Sánchez la solicitó por cinco días naturales, a partir del 15 de mayo, con la posibilidad de solicitar una nueva licencia a partir del 21. Mientras que Daylín García Ruvalcaba solicitó licencia a partir del 7 de mayo para un periodo de 14 días, fecha límite para solicitar licencia sin la necesidad de llamar a su suplente.
Los legisladores aprovecharon que la Ley Gandalla les da el beneficio de acudir o ausentarse de manera libre, por lo que pueden ausentarse 14 días, pero regresar de manera prematura para cualquier ejercicio o actividad y retirarse nuevamente.
De hecho, la página de internet del Congreso de Baja California retiró las fotos de Daylín y Diego del muro de los diputados, por lo que actualmente sólo hay 23 parlamentarios.
Para el abogado Héctor Ibarra esto es grave por muchos motivos, pues quitaron la seriedad del trabajo legislativo, y por decisión propia le quitan la representatividad a los ciudadanos que sufragaron por ellos.
Días atrás, la diputada García Ruvalcaba comentó a ZETA que su intención era no usar el recurso público durante el periodo de campaña, y por ello intentó restringir el manejo del mismo a su diputada suplente.
La legisladora emecista, quien dijo que por congruencia solicitaría licencia a su cargo para no promover la Ley Gandalla, actualmente se está beneficiando del mismo, al hacer peticiones temporales para ausentarse, pero regresa cuando lo desea.
LO MISMO OCURRE EN CONGRESO DE LA UNIÓN
Este tipo de episodios también se replican a nivel federal, e incluso afectan a la representatividad de los ciudadanos que votaron por ellos, como es el caso de Julieta Ramírez Padilla, quien solicitó licencia el 28 de febrero de su cargo en la Cámara Baja del Poder Legislativo.
La Mesa Directiva autorizó el abandono del encargo y mandó a llamar a los legisladores suplentes, según información oficial que consta en la Gaceta Parlamentaria, en su página 5 del mismo día.
“Julieta Andrea Ramírez Padilla, de Morena, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el segundo distrito electoral de Baja California, a partir del 28 de febrero del año en curso (…) En votación económica, se aprueban. Comuníquense y llámense a los suplentes”, refiere el documento oficial.
Esto quiere decir que su suplente, Michelle Tejeda Pineda, debió asumir el cargo. Sin embargo, no lo hizo sin razón justificada.
Pese a que el documento es claro, la legisladora suplente comentó que Julieta “solicitó licencia a su curul, su suplente, pero el proceso dentro de la Cámara debe llevar un proceso adecuado; entonces, la Mesa Directiva debe solicitar mi presencia, no puedo presentarme como Juan por mi casa, hasta el momento no hay una solicitud a tu servidora”.
El equipo de Tejeda Pineda dijo que tanto en Ley Orgánica como en la Constitución, no existe una sanción por no presentarse en el cargo. Sin embargo, el Artículo 12 de la Ley General en Materia Electoral indica: “Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo, a desempeñar el cargo, dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo”.
Pese a ello, Tejeda Pineda asegura que en caso de llamarle acudiría. En tanto, decidió participar como candidata al Distrito I local.
Por su parte, la senadora Nancy Sánchez Arredondo, quien actualmente busca el cargo de diputada federal por el Distrito 02, no se ha parado en su escaño desde el 25 de abril de 2024, según la Gaceta Parlamentaria. Nancy llegó siendo abanderada del PRI, por medio de una suplencia de la peñista Vanessa Rubio Márquez.
Esto quiere decir que tanto Michelle Tejeda como Nancy Sánchez, abandonaron los cargos sin importarles que se perdería representación política. Mientras tanto, el senador Jaime Bonilla Valdez hizo todo lo contrario, pues se enfocó totalmente al trabajo de campaña y, en las 27 sesiones de pleno que se han realizado en ese periodo de sesiones, Bonilla Valdez se ausentó en 19.
LEY GANDALLA, SINÓNIMO DE ABUSO Y EXCESO: HÉCTOR IBARRA
Héctor Ibarra Calvo, uno de los principales impulsores del referéndum contra la Ley Gandalla, quien estuvo durante varias horas (y varios días) recabando firmas en plazas públicas de Mexicali, aseguró que pasó todo lo que dijeron que ocurriría con la reforma constitucional.
En entrevista para ZETA, el ex regidor panista afirmó que la actual administración de Norma Bustamante es el ejemplo perfecto, toda vez que existen acciones camaleónicas de funcionarios-brigadistas, o de un supuesto tiempo libre el cual aprovechan para acudir a trabajos de campaña.
“El tema de las licencias y Mexicali, les quiero avisar a los legisladores, no se va a caer porque nos dejen de brindar su sapiencia y entrega legislativa y un gobierno fallido por 45 grandes días, eso que se los crea quien no sigue la política, está sucediendo un control absoluto de tener esta doble cachucha, de usar el poder, tener influencia sobre las estructuras del poder y beneficiarse ni cuando menos 45 fregados días, seis semanas el poder, porque no quieren soltarlo, porque tienen una ventaja sobre los que vienen, algo que señalamos desde 2020 que no era democrático”
Al igual que Rosales, consideró que si bien, la Ley Gandalla restringe el recurso de emolumentos, vales de gasolina y de todo recurso público del Congreso o el Ayuntamiento, la realidad es que las estructuras de poder siguen respondiendo a sus peticiones.
“La Constitución dice que no podrás recibir durante la campaña apoyos para gestión social, qué significa esto: que esos apoyos, en términos del espíritu de la norma, significa que tú nunca serás merecedor de un apoyo, no significa que se te van a acumular, guardar la bolsa más grande para el momento que regreses el 3 de junio”, refirió Ibarra Calvo, recordando a la vez que un grupo de regidores encabezados por José Ramón López Hernández, solicitó un reembolso al día siguiente de concluida la elección 2021, mismo que les fue otorgado por 300 mil pesos, por el tiempo que estuvieron en campaña.
Cabe señalar que el PRI, a través de su representante Joel Abraham Blas, presentó denuncia contra Francisco Echeverría Verdugo, secretario particular de Norma Alicia Bustamante; José Ramón López Hernández, director de la Dirección de Bienestar Social de Mexicali (también regidor con licencia, el cual tiene otra denuncia por mal uso de recursos públicos relativos al gasto social); Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del Gobierno de México; y Dagoberto Valdez, director de Issstecali, por participar en eventos de campaña de la alcaldesa cachanilla.
