La administración pública implica una práctica dinámica y plural que se entiende como el “conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras publicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado”.
Es tan amplia que abarca todo acto de los Poderes Ejecutivos, particularmente, los servicios públicos, las estructuras, los procedimientos, el patrimonio, los presupuesto, la regulación y sus relaciones. Las tareas del quehacer diario de los poderes ejecutivos son formalmente administrativas.
Para advertir lo que el derecho humano a una buena administración pública representa es necesario señalar su base normativa y su reconocimiento, que encontramos en diversos documentos normativos como por ejemplo en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California la cual señala lo siguiente:
“Artículo 13. En Baja California las personas tienen el derecho a una buena administración pública, cuyo contenido implica:
- El tramite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos, lo que se encamina a que los actos y resoluciones se emitan con objetividad y sin caer en dilación indebida para resolver, a fin que la resolución pueda ser eficaz;
- El debido proceso, que se refiere al derecho a ser oído antes que se dicte un acto o resolución;
III. El acceso al expediente administrativo, que consiste en poner a disposición del interesado el expediente para conocer de la situación jurídica, respetando la confidencialidad y el secreto profesional;
- La motivación y fundamentación de los actos y resoluciones administrativas, lo que significa que todas las actuaciones deben estar sometidas a la ley y al derecho; y,
- La indemnización por los daños en sus derechos o bienes como consecuencia de la actividad administrativa irregular”.
Dicho derecho asegura que los asuntos administrativos se resuelvan en tiempo y forma bajo el amparo de los estándares de calidad y salvaguardando el interés general; esto considerando que la persona es el centro y finalidad de la actuación de la autoridad.
Este derecho resulta de tal relevancia que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución A/RES/57/277, reiteró que una administración pública responsable, eficiente, eficaz y transparente tiene un papel básico que desempeñarán la aplicación de los objetivos convenidos internacionalmente; y designó el 23 de junio como “Día de la Administración Publica de las Naciones Unidas” para alentar a los Estados Parte a organizar actos especiales para poner de relieve la contribución de la administración pública al proceso de desarrollo.
El derecho humano a una buena administración pública es un pilar fundamental para el funcionamiento eficiente y efectivo de cualquier Estado. Este derecho es reconocido y protegido en Baja California de manera vanguardista, para que todas las personas sean tratadas con imparcialidad y que sus asuntos sean resueltos de manera oportuna y eficaz.
Todo derecho humano representa para el Estado mexicano demandas de actuación o de abstención, o en ocasiones ambas, en aras de garantizar la dignidad humana; el reconocimiento de la Administración Pública como derecho contribuye a impulsar las relaciones justas y equitativas entre las personas y sus instituciones.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
