Pagan casi 2 mil millones de pesos a Seguritech Privada por operación del C4, sistema que no ha brindado resultados favorables. Empleados de la central de emergencias siguen en condiciones precarias
En los primeros meses de gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se revivió un proyecto plagado de señalamientos de corrupción, llamado C5i, el cual consistía en ofrecer un servicio de videovigilancia de última generación para convertirse en los ojos de la seguridad en el Estado.
La mandataria no sólo se comprometió a pagarles el contrato leonino a la empresa Seguritech Privada, el cual fue exhibido por diversos sectores políticos y empresariales por los presuntos sobreprecios que ofrecía el proyecto de la empresa fundada en el Estado de México, sino que además los contrató para ofrecer un nuevo servicio que consistía -básicamente- en renovar todo lo que la empresa instaló en la primera etapa del proyecto, durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Ahora, el erario bajacaliforniano se comprometió a pagar en cinco años prácticamente 2 mil millones de pesos, pese a que, a la fecha, no hay certeza de que el contrato se haya cumplido en tiempo y forma porque el Poder Ejecutivo ha reservado la información al respecto.
Haber invertido tanto dinero en cámaras de vigilancia de dudoso funcionamiento y resultados, es una verdadera burla para los trabajadores del C4 o la central de emergencias de Baja California, quienes hicieron llegar un escrito a este reportero para exponer y denunciar las precarias condiciones en las que se encuentran desde el tema salarial, hasta las condiciones generales de trabajo.
En el documento enviado al autor de esta columna refieren que existe sobrecarga de trabajo debido a la falta de personal para atender las emergencias del 911 y del 089, y monitorear los sistemas de video vigilancia.
Además, refieren que gran parte del personal del centro de vigilancia percibe un salario de 14 mil pesos mensuales, de los cuales sólo 6 mil son directamente su salario y el resto se percibe mediante compensaciones que no se registran en sus beneficios mutualistas, lo cual resulta curioso, ya que el salario mínimo para esta frontera es de más de 11 mil pesos, lo que discrepa totalmente con la obligación gubernamental.
En la denuncia también exhiben que empleados ingresan a trabajar como prestadores de servicio, medida utilizada para burlar la Ley y no ofrecerles aguinaldos ni prestaciones de ningún tipo. A esto se suma que deben doblar turnos cuando se genera la ausencia de alguno de sus compañeros, ya sea por enfermedad o vacaciones -los que tienen derecho a ellas-, pues carecen de personal que pueda cubrir las vacantes que se generan.
¿Cómo se pide al personal rifarse el físico por la causa, cuando se les mantiene en la precariedad, o cuando se les ha incrementado el sueldo en más de 10 años?
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y por extensión el General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, priorizaron invertir en un proyecto cuestionable una cantidad de dinero que habría mejorado la vida y condiciones laborales de gran número de trabajadores que se encargan de coordinar a todas las corporaciones de seguridad y de rescate de Baja California, lo que es casi equivalente a un trabajador del tráfico aéreo, debido a los niveles de estrés.
Ahí es donde radica la crítica, pues se presume la adquisición de tecnología de punta y de volver visibles las conductas criminales a lo largo de las ciudades, pero no se dota del personal suficiente ni bien reconocido para ver esas cámaras o emitir reportes tan importantes para la intervención policial.
En otras palabras, pueden poner 100 mil cámaras, pero de seguir con el mismo número de personas en condiciones de semi explotación, nadie las va a observar y se mantendrá como lo que siempre ha sido: un elefante blanco.
