Ante el inminente aumento de deportaciones, por la medida ejecutiva aprobada el 4 de junio en Estados Unidos para reforzar la frontera y repatriar de manera inmediata a migrantes que intentan cruzar de manera irregular, activistas señalan que Baja California no se encuentra preparada para ello.
“Aquí tenemos personas que han tardado de 8 a 9 meses para que llegue su cita, entonces imagínate qué va a ocasionar, un problema de aglomeramiento en la frontera, en los albergues, y a la vez también puede llegar a ocasionar una crisis migratoria”, puntualizó José María García Lara, fundador del Albergue Juventud 2000.
De igual manera, afirmó que el municipio de Tijuana se vería rebasado; sin embargo, se podrían ver acciones como la habilitación de albergues en unidades deportivas.
Tan solo el día de ayer, ya se realizó la primera deportación de comunidad guatemalteca y venezolana, por lo que consideró que los números de expulsiones podrían aumentar drásticamente, aunque no pudo precisar a qué magnitud.
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Ante la inminente crisis migratoria, señaló que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México deberían coadyuvar en medidas mitigantes como el aumento de citas de CBP One para orientar a preferir las medidas ordenadas para obtener asilo y el aporte de recursos económicos en la contención de la crisis.
Sergio Tamai, representante de Ángeles sin Fronteras, comentó que, a pesar del esfuerzo del gobierno de Mexicali, actualmente ha quedado rebasado, igualmente, en cuestión de recursos. Al contar con alrededor de 500 y mil deportaciones al día. Asimismo, aseguró que es muy probable presenciar macro campamentos entre muros, los cuales ya existen, en pequeñas cantidades.
Por ello, solicitó a los migrantes una tregua para que no intenten cruzar de esta manera hasta el 4 de julio, ya que, según el reglamento, si los cruces disminuyen a mil diarios por una semana, esta medida sería revocada. En caso de que no se vean acciones positivas cuando se cumplan estas condiciones, convocarán a un cruce masivo.
De igual manera, recriminó las acciones de la Guardia Nacional, quienes actualmente se encuentran resguardando la frontera “haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos”.
Entre los residentes de Juventud 2000, compartieron encontrarse preocupados, ante los grandes tiempos de espera en CBP One y las complicaciones que podrían llegar a generar estas restricciones, pues en su mayoría se encuentran escapando de situaciones de violencia en sus lugares de origen.
Principalmente desplazados forzados de Michoacán, ante la crítica incidencia delictiva se encuentran en búsqueda de asilo político, ya que las zonas en que habitan se encuentran controladas por el crimen organizado: “es salir a la calle y que te caiga un muerto en los pies, ya que miraste, también te quieren matar”.
Actualmente, han esperado alrededor de 2 meses y medio una cita en la aplicación de CBP One, aún sin éxito y con miedo de llegar a esperar hasta 9 meses: “con la esperanza y sobreviviendo, porque no estamos viviendo, inclusive los niños nos dicen ‘mamá ya hay que regresarnos, aunque nos maten, pero ya no quiero estar aquí”.
Una de las residentes compartió que junto con su familia escaparon a Tijuana, pues en Michoacán fueron obligados a cruzar droga a Colombia, trabajo que no lograron completar por perder la mercancía, por lo que fueron secuestrados y liberados conforme pagaban las cuotas indicadas. Sin embargo, el grupo delictivo continúa acechándolos hasta su ubicación en el albergue, actualmente solicitando hasta 800 mil pesos.
También desde Michoacán, madres señalaron huir para proteger a sus hijos, pues reclutan a los niños desde temprana edad para unirse a las filas del crimen organizado: “a los 10 años ya están reclutando a los niños, todos armados tú los ves en la sierra, en lugar de que estén con un juguete y vivan su infancia”.
Con miedo a denunciar por represalias y falta de confianza ante corrupción de autoridades, los desplazados continúan en espera de su cita y con temor ante las reformas del país vecino.
Joseph Robinette Biden, presidente de Estados Unidos, firmó, el 4 de junio de 2024, una orden ejecutiva que restringiría el acceso al asilo -lo que permitiría a las autoridades deportar rápidamente o enviar de vuelta a México a los inmigrantes sorprendidos cruzando de forma ilegal la frontera-, una vez que las detenciones de la Patrulla Fronteriza estadounidense superaran las 2 mil 500 al día.
El mandatario anunció las nuevas medidas ejecutivas en materia de inmigración, afirmando que los republicanos no le “dejaron otra opción”.
