Este sábado 22 de junio se llevó a cabo un homenaje para quien en vida fue el editor general de Semanario ZETA, Francisco Ortíz Franco, así como una marcha para clamar justicia por su asesinato cometido en 2004, el cual ha cumplido ya 20 años en la total impunidad, pues aunque las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo han dejado en el olvido, ni este medio ni su gremio lo han hecho.
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Durante el homenaje sus hijos, Francisco, Héctor y Andrea, hablaron de sus anécdotas junto a su padre, de quien dijeron era siempre serio dentro y fuera de esta redacción, alguien que gustaba de azar carne marinada mientras miraba a sus hijos y esposa disfrutar un fin de semana en el rancho, o como un hombre valiente que dejó un legado en quienes lo leyeron, trabajaron con él y quienes encontramos en el periodismo una forma de hacer contrapeso ante las injusticias.
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Después de la ceremonia, dio inicio la marcha desde el Centro Cultural Tijuana (CECUT) hasta la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) donde familiares, amigos y miembros del equipo de esta casa editorial dejaron cartulinas con consignas como “No se mata la verdad matando periodistas”, “20 años de impunidad”, “20 años de indiferencia” y “Justicia para Ortíz Franco”, pues no las autoridades federales han sido completamente omisas en dar verdad y justicia en este caso.
¿Quién era Francis Ortíz Franco?
Francisco Ortíz Franco, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, nació en 1954, pero emigró desde muy joven junto a su familia a Tijuana. El editor de Semanario ZETA era visto por sus conocidos y amigos como un hombre sencillo, su profesión era como abogado, lo que le sirvió más tarde para convertirse en un periodista increíblemente sagaz con su pluma, oficio en el que encontró una pasión donde podía exponer aquellas injusticias que como estudioso del derecho atestiguó muchas veces.
El periodista escribía de todo, principalmente de política y de justicia. Más tarde, la propia transformación de Tijuana le llevó a realizar investigaciones sobre el crimen organizado que obtenía con el rastreo de averiguaciones y expedientes. Su formación de abogado le hacía moverse como pez en el agua por las agencias ministeriales y los Juzgados penales y civiles, donde ya contaba con informantes que le revelaban asuntos confidenciales a los que muy pocas personas podían acceder.
No obstante, para su familia el editor era un hombre íntegro de una ética que no tenía precio alguno y siempre perseguía causas justas.
““He recibido todo tipo de comentarios sobre mi padre, siempre llenos de admiración, nunca uno negativo. Él estableció un estándar de conducta para mí y mis hermanos, que no siempre es fácil de seguir….Era un hombre íntegro, creo que es la mejor palabra para describirlo. Era una persona con una ética profesional y personal muy fuerte que no tenía precio alguno, me enseñó a vivir así y es con el ejemplo que intentamos seguir”, expresó su hijo menor, Héctor Ortíz.
El crimen impune
A Francisco Ortíz Franco, de 48 años, le fue arrebatada la vida la tarde del 22 de junio del año 2004 por cuatro balas detonadas por criminales a bordo de una camioneta Jeep Cherokee de color negro, las cuales se alojaron en su cabeza, tórax y hombro izquierdo, causando su nminente deceso en el lugar. El editor ni siquiera alcanzó a despedirse de sus dos hijos más jóvenes, Héctor y Andrea, de solo 10 y 8 años, respectivamente, quienes presenciaron el artero crimen.
La tragedia ocurrió cuando ese día el periodista asistió a una clínica de fisioterapia para atenderse una semi-parálisis facial, acompañado de sus dos hijos. Una vez terminada la consulta, Francisco regresó a su carro estacionado, uno tipo sedan de color azul marino, que estaba cerca de la confluencia de las calles Río Yaqui y Río Bravo, de la colonia Revolución de Tijuana.
Una vez abordo con sus hijos, que iban en la parte trasera del automóvil, apenas se colocaba el cinturón de seguridad cuando a su costado frenó la camioneta Jeep Cherokee, de la que descendió un sicario enmascarado para dispararle a bocajarro al editor, asesinandolo en el acto.
Cometida su tarea, el homicida abordó nuevamente la unidad, en la que lo acompañaban varios individuos, y detrás de ellos iban otros vehículos que les servían de escoltas para salir huyendo del lugar. La camioneta fue abandonada a cuatro cuadras de distancia y localizada posteriormente por las autoridades, que tardaron mucho en reaccionar, pese a que los hechos ocurrieron a sólo dos cuadras de la comandancia de la Policía Judicial del Estado. Agentes estimaron que por lo menos cuatro personas intervinieron en los hechos.
Tres días después del homicidio, luego de una balacera registrada en la calle Monte Olimpo de la colonia Loma Dorada, en Tijuana, elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a una célula criminal del Cártel Arellano Félix (CAF) encabezada por Mario Alberto Rivera López alias El Cris y siete de sus seguidores fuertemente armados. El entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró un día posterior que este grupo podría estar vinculado con el homicidio del editor.
Los narcotraficantes fueron llevados a la Ciudad de México (CDMX) y posteriormente internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 La Palma (hoy Altiplano) en el Estado de México, pero nunca se les vinculó en algún proceso penal por el crimen del periodista.
Cabe destacar que de lo anterior no hubo retroalimentación hacia el periódico y el silencio de la Procuraduría local, que estaba a cargo de las investigaciones, motivó al equipo de editores y reporteros de ZETA a realizar sus propias pesquisas, lo que puso en el radar un trabajo periodístico de Ortiz Franco de alto riesgo.
Teorías
Durante los meses de abril y mayo de 2004, Ortíz Franco realizó algunos reportajes sobre el crimen organizado, entre los que destacaba uno especial que revelaba la identidad y fotografías de 71 miembros del CAF. La amplia nota denunciaba a narcotraficantes y sicarios al servicio de la organización delictiva, quienes, mezclados entre los tijuanenses, se habían tomado las fotografías para obtener credenciales que los identificarían como agentes de la PGJE por las que pagaron 70 mil dólares. Los tipos usaron para las fotos el mismo saco y corbata.
El Semanario informó que días antes de la publicación del trabajo periodístico, el ex policía ministerial José Encinas Filatoff visitó dos veces al editor en su oficina, pues según las libretas del fallecido, el referido personaje era su informante. El dato se aportó a la PGJE, a cargo de las investigaciones a través de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado (UECO), a donde la averiguación previa fue destinada el 29 de junio de 2004; sin embargo, poco después, el asunto fue turnado a la recientemente creada Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la PGR, que ejerció su facultad de atracción y se comprometió a esclarecerlo, lo que nunca ocurrió.
Otras teorías formuladas sobre el asesinato de Ortíz Franco son que detrás de la autoría intelectual del crimen podría haber estado el entonces candidato a la alcaldía de Tijuana del PRI, el empresario y millonario casinero Jorge Hank Rhon.
Lo anterior derivado de que como abogado que era, Francisco Ortíz coadyuvaba en el seguimiento periodístico y jurídico del expediente del homicidio de Héctor “El Gato” Félix Miranda (co-fundador de ZETA, ejecutado el 20 de abril de 1988), para encontrar los nexos de coparticipación de los asesinos materiales: Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, con su patrón en el Hipódromo Agua Caliente (Hank Rhon), quien a la fecha sigue siendo señalado como autor intelectual del hecho. No obstante, la hipótesis fue diluida por las autoridades.
Las presunciones se centraron sobre las células delictivas de Manuel Arturo Villarreal alias El Nalgón y José Briceño alias El Cholo, quienes colaboraban directamente para Javier Arellano Félix en el CAF, y fueron afectados directamente por la publicación del editor, pues al parecer los sujetos que se tomaron las fotografías pertenecían a esos grupos. Se dijo que habrían actuado con auxilio de pandilleros del Barrio Logan de San Diego, California, con sicarios de esa organización local.
También se destacó la sospecha sobre el grupo de Los Zetas, que en ese tiempo habían establecido nexos con el CAF, dada la buena relación existente en la prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, entre los capos Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, que tenían el apoyo de los ex militares de élite. Se dijo que quien disparó fue Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder del sanguinario grupo armado.
Como el homicidio aconteció a dos cuadras de la comandancia de la PGR en Tijuana, se estableció la posibilidad de que policías hayan protegido el arribo y huida de los homicidas. Presuntamente El Cholo Briceño era el chofer de la camioneta Cherokee negra. En 2005, se agregaron nombres al operativo planeado para asesinar al periodista. Eduardo Ronquillo Medina alias El Niño, miembro del CAF, habría tenido un papel importante vigilando las actividades y movimientos del editor.
Acompañado de dos agentes judiciales, El Niño habría avisado a los sicarios sobre la ubicación de la víctima y dieron cobertura a la escapada de los ejecutores. Otros dos individuos, probablemente judiciales o Zetas, también cubrieron la huida de los sicarios. Detrás de ellos se fueron Ronquillo y todos los participantes rumbo al Bulevar Agua Caliente. Desaparecieron. El Niño fue asesinado el 6 de octubre de 2004 en Tijuana, aunque fue localizado ocho días después junto al cadáver de su medio hermano, Raúl Medina Gutiérrez.
La Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, hoy conocida como FEADLE, no resolvió nada y con el tiempo devolvió la manoseada averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (hoy Fiscalía General), en cuyas gavetas reposa polvorienta y sin actos de investigación alguna, en completa opacidad para los familiares de la víctima y de la sociedad.
