El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Toluca, absolvió, el 2 de mayo de 2024, a 12 ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y ex miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR), por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada.
El órgano judicial canceló, en forma definitiva, la investigación contra los ex funcionarios federales -entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, ex director general del CONACYT, del 3 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2018, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto- y otros 11 académicos, por las aportaciones de 244 millones de pesos (mdp), que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo al FCCyT.
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El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Toluca, resolvió sobreseer o cancelar la carpeta de investigación, al concluir que no existían datos de prueba de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por los que eran imputados. El fallo tuvo efectos de sentencia absolutoria, por lo que puso fin, no sólo al procedimiento judicial, sino también a la carpeta de investigación.
Por mayoría de dos votos contra uno, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Toluca, confirmaron el fallo dictado el 17 de abril de 2023, por un juez de control en el EDOMEX.
Las 11 personas absueltas fueron: además de Cabrera Mendoza, Alberto Borja Tamayo, Gerardo Carreón Rodríguez, Adolfo Guajardo Mendoza, José Rodrigo Roque Díaz, Elías Micha Zaga, María Dolores Sánchez Soler, Mónica Ramírez Bernal, Mauricio Francisco Coronado García, David García Junco Machado, Luis Gabriel Torreblanca Rivera y Julio Cesar Ponce Rodríguez.
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En la lista original de 31 denunciados por la actual titular del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, contra quienes la FGR pidió la orden de aprehensión, desde septiembre de 2021, la encabezaron Cabrero Mendoza; así como los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López; y el ex Oficial Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
También Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, y, Elías Micha Zaga.
Además, Inocencio Higuera Ciapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, y, Rosa Eugenia Sandoval Bustos.
Asimismo, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, y, Francisco Salvador Mora Gallegos.
El 8 de septiembre de 2021, Cabrero Mendoza fue nombrado por unanimidad miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de su carrera fue director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM).
Por otra parte, la doctora Julia Tagüeña Parga, doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford y física por la UNAM, además, por su labor científica es investigadora nivel III del SNI, fue coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a partir de 2019. Anteriormente se había desempeñado como directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT.
GOBIERNO DE AMLO PROMULGA REFORMA PARA REEMPLAZAR AL CONACYT POR EL CONAHCYT
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó, la noche del 8 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un paquete de ocho reformas legales, entre las que se encuentran el dictamen que expedía la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, ello para sustituir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).
La madrugada del 29 de abril de 2023, senadores de los grupos legislativos de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aprobaron dicho proyecto. Antes, el 26 de abril del mismo año, con 257 votos a favor, 208 sufragios en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el dictamen que expedía la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.
Los votos a favor fueron de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), mientras que los sufragios en contra fueron emitidos los integrantes de los grupos legislativos de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió, el 13 de diciembre de 2022, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para sustituir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En su lugar proponía un nuevo organismo, llamado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).
El CONACYT, creado el 29 de diciembre de 1970, era un organismo público descentralizado del Gobierno Federal -del cual dependen 27 centros de investigación y que administra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)-, dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.
La propuesta presidencial eliminaba el voto para representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de dos investigadores en funciones, del SNI, y dos representantes del sector empresarial, propuestos por el director general del CONACYT.
Solo quedarían los representantes de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Cultura, Economía (SE), Educación Pública (SEP), Energía (SENER), Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Relaciones Exteriores (SRE) y de Salud (SSa).
“A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnológicas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimiento y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”, indicaba la iniciativa presidencial.
Asimismo, se consideraba una reformulación en la organización de los centros de estudio, que serían llamados Centros Públicos. Además, se expedíala Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y de Planeación.
Aunado a lo anterior, con la iniciativa presidencial se abrogaría la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
También se indica que el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología seguiría siendo un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que actuaría como entidad asesora del Ejecutivo federal.
La iniciativa presidencial detallaba que el nuevo organismo se especializaría en articular las políticas públicas del Estado, en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, coordinando dichos sectores.
“En la actual Administración, el CONACYT ha reorientado la política pública de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación para superar el lastre del periodo neoliberal y volcar las capacidades nacionales en la materia a favor del pueblo de México”, agrega la exposición de motivos de la iniciativa presidencial.
“Sin embargo, esta nueva política comprometida con el enfoque de la ciencia como un derecho humano supone consolidar la función correspondiente del Estado, principal objetivo de la presente iniciativa”, explicaba la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal.
MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA, DEL CONACYT, NO SUSTITUIRÁ A DELFINA GÓMEZ EN LA SEP, INFORMA AMLO
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), no sustituiría a Delfina Gómez Álvarez -quien, a su vez, será candidata del partido Morena a la gubernatura del Estado de México-, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, según lo informó, el 9 de agosto del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La necesitamos donde está, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario”, dijo, al ser cuestionado al respecto, el político tabasqueño, quien -durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, también destacó el profesionalismo de la funcionaria federal.
“¿Quién es María Elena Álvarez-Buylla? Es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí [en el CONACYT], que es una vergüenza. Y tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces por eso no va a ir a Educación”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Por su parte, la titular del CONACYT presentó un informe del avance de la vacuna Patria, que, según Álvarez-Buylla Roces, estaba por alcanzar el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para uso de emergencia contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
¿QUIÉN ES MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES?
María Elena Álvarez-Buylla Roces, de 64 años de edad, originaria de la Ciudad de México, nació el 11 de julio de 1959. Es Licenciada en Biología, con Maestría en Ciencias y especialidad en Ecología Vegetal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además, cuenta con un Doctorado en Botánica por la Universidad de California. Asimismo, es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Además, es cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de dicha institución académica de educación superior.
Sus investigaciones han sido sobre la diversidad de recursos biológicos en el país, enfocándose en su conservación y estudio, en especial de plantas cultivadas como el maíz. Es investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde el año 2001.
Ha obtenido reconocimientos del Young Investigator Award de la Sociedad de American Naturalists, en 1994; la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1997; y, el Premio Investigación Academia Mexicana de Ciencias 1999; entre otros. Desde 2018 es directora general del CONACYT.
ARTURO ZALDÍVAR RECIBE A CIENTÍFICOS Y EX FUNCIONARIOS DE CONACYT DENUNCIADOS POR FGR; LES PROMETE “IMPARCIALIDAD”
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió, el miércoles 29 de septiembre de 2021, a un grupo representativo de ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y ex miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR), por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada.
A través de un comunicado, la SCJN detalló que el ministro presidente escuchó las inquietudes de científicos y ex funcionarios, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) seguiría actuando con independencia e imparcialidad en su proceso.
“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, destacó la SCJN.
Ese mismo miércoles 29 de septiembre de 2021, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió de nueva cuenta a la denuncia de la FGR contra 31 investigadores y ex funcionarios del CONACYT y del FCCyT, además de que aseguró que no debía haber preocupaciones, porque sólo se buscaba ir “contra la corrupción”.
“Un investigador del CONACYT no tiene que preocuparse, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción […] porque es lo que más ha dañado […] Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, dígalo en lo que tarde parado en un solo pie, la corrupción, el segundo problema de México, la corrupción, el tercero, la corrupción”, dijo el mandatario nacional.
Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, afirmó, ese mismo día, que los integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C., presionaron para obtener 33 millones de pesos del CONACYT, durante la presente Administración.
A través de su cuenta de la red social Twitter, el funcionario federal sostuvo que dicha asociación civil consiguió 16 millones de pesos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, deslindó a la directora del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, de las pesquisas iniciadas por la FGR en contra de 31 investigadores, académicos y ex funcionarios de dicho Consejo.
“El Foro Consultivo gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios. El 1 de diciembre de 2018, el Gobierno federal cambió las reglas de financiamiento; el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos del CONACYT, habiendo ejercido ya 16 millones de pesos, adjudicados desde la Administración de Enrique Peña Nieto”, tuiteó Ramírez Cuevas.
Según el Vocero, el Gobierno del presidente López Obrador no perseguía a los científicos, pero tampoco encubre irregularidades. Además, el funcionario federal recordó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002 y después se reformó la Ley Orgánica de CONACYT, para incluirlo en la estructura.
“Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de CONACYT; su directora no tiene causa legal en contra. El Gobierno no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, expresó el vocero presidencial.
FGR INSISTIRÁ EN CONSEGUIR ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 31 CIENTÍFICOS DEL CONACYT
El 22 de septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció, lue después de que Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México-, negó las órdenes de aprehensión que solicitó contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por “delitos patrimoniales en contra del erario público”, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el CONACYT al FCCyT, las solicitará de nueva cuenta.
“[…] después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud [de orden de aprehensión] cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso”, indicó la FGR, a través de un comunicado.
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”, detalló la Fiscalía.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución”, insistió la FGR.
“[…] y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, dijo la Fiscalía, en su comunicado.
“Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, agregó la FGR.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”, abundó la Fiscalía.
“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, finalizó la Fiscalía General de la República.
JUEZ NIEGA EN DEFINITIVA GIRAR ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 31 CIENTÍFICOS DEL CONACYT
Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó el 22 de septiembre de 2021, las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos (mdp), que durante seis años otorgó el CONACYT al FCCyT.
El juez federal consideró que los hechos imputados no correspondían o se adecuaban a los delitos que se pretendían atribuir a los indiciados, es decir que no existía la tipicidad del delito. La FGR buscaba imputar a científicos los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del FCCyT, supuestamente recibieron ilegalmente 50 mdp por parte del CONACYT, durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“La FGR [cuyo titular es Alejandro Gertz Manero] puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en una tarjeta informativa, citada por diarios nacionales.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto de 2021 -siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el CONACYT si podía entregar recursos al foro- la FGR solicitó a Salazar Hernández, las órdenes de captura, pero el juez federal las negó, por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
Luego, el 21 de septiembre de 2024, la Fiscalía General de la República pidió por segunda vez las órdenes de aprehensión contra 31 científicos, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, en la que coincidió con la denunciante, María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del CONACYT, en que fue ilegal que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces encabezado por Enrique Cabrero Mendoza, transfiriera recursos a una asociación civil como el FCCyT.
Sin embargo, el diario Reforma señaló que aunque la FGR imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales, el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
AMLO CONFIRMA IMPUTACIÓN CONTRA LOS CIENTÍFICOS
Ese mismo 22 de septiembre de 2021, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó sobre el tema que “el que nada debe, nada teme”, y que tenía entendido que sí existía una investigación en curso por supuestos malos manejos en el CONACYT.
“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el CONACYT. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, parejo. No tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo”, señaló el mandatario nacional.
“Nosotros tenemos que acabar con la corrupción. Nada de, cómo se llama lo que se investigó del sexenio pasado, la ‘Estafa Maestra’, universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero. Rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española. Ya no, no debe de haber impunidad para nadie”, indicó el político tabasqueño.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL
En su primera sentencia, Salazar Hernández estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.
Además, el juez federal señaló que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro [Consultivo, Científico y Tecnológico], en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”, abundó el juez de control, en una tarjeta informativa.
Por último, Salazar Hernández indicó que en las demás acusaciones penales -uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR, por lo que se negaron las órdenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.
