Un exhorto del Congreso de Baja California, un llamado a misa y la primera advertencia del Servicio de Administración Tributaria para cubrir las obligaciones fiscales, son prácticamente igual de inútiles que una resolución de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP). Pocos los toman en serio. Los comisionados José Francisco Gómez McDonough, José Rodolfo Muñoz García y Luis Carlos Castro Vizcarra, están pintados para el Poder Ejecutivo, que descaradamente ignora las determinaciones del órgano garante para cumplir con las obligaciones de transparencia. Gómez McDonough, quien no pasa un día sin que entregue algún reconocimiento a funcionario del Estado por “cumpir” con la Ley, se ha vuelto una caricatura de lo que solía ser el ITAIP durante la época -por ejemplo- de Octavio Sandoval López cuando se emitieron sentencias vanguardistas e incluso multaron a funcionarios que incumplían con las determinaciones de transparencia. Ahora los tres comisionados -entre ellos el suplente José Rodolfo Muñoz García, cuya única virtud es ser protegido de Rocío López Gorosave- casi piden perdón cuando modifican o revocan alguna determinación, y confirman el desinterés por hacer cumplir la Ley a los sujetos obligados a la transparencia, no dando seguimiento a los acuerdos para que cumplan con la obligación. Ejemplos: en dos solicitudes de acceso a la información -022500022000026 y 021166022000155- para que la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa) y Oficialía Mayor del gobierno de Marina Ávila Olmeda, brinden información sobre los contratos de Seguritech Privada y el acuerdo del Estado para suspender -sin consecuencias- la operación de la planta fotovoltáica de Next Energy, el ITAIP emitió dos sentencias importantes. En la primera ordenó brindar el contrato -testado en los temas sensibles- sobre la instalación de las cámaras de vigilancia; y en el segundo, entregar el documento con el cual se llegó a un acuerdo entre la empresa y el gobierno sobre la fotovoltaica. Ambos temas fueron reservados por el Poder Ejecutivo, pero el ITAIP les demostró que no había elementos para impedir que la información se hiciera pública. Sin embargo, en el Gobierno del Estado han ignorado la determinación de transparencia y siguen sin entregar la información como corresponde, manteniendo -con consentimiento del Instituto de Transparencia- la opacidad que les caracteriza y sin consecuencia alguna.
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