Petróleos Mexicanos reveló esta mañana que denunció a María Amparo Casar, actual Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización de Claudio X. González, y otros, por recibir de la paraestatal pagos por millones de pesos por el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, quien se suicidó aventándose desde un edificio de Pemex en la capital en 2004.
Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informó de este caso en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de una serie de casos de combate a la corrupción dentro de la empresa productiva del Estado.
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Derivado del fallecimiento de su cónyuge, María Amparo Casar Pérez solicitó a Pemex: el pago de seguro de vida; ayuda de gastos funerarios; pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años; la pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales, explicó Romero desde Palacio Nacional.
“Todo lo anterior, porque los directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que fue un suicidio”, resaltó Romero.
Para atender el problema, se solicitaron copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa del asunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. “Al estudiarlas, se encuentra el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, en donde se concluye que ninguna persona privó de la vida al C. Carlos Fernando Marquez Padilla García, ya que él se quitó la vida voluntariamente”, detalló el funcionario.
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Entonces, al verificarse que Márquez ocasionó intencionalmente su muerte,” se suspendieron de forma inmediata las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor la beneficiaria, y se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron”.
Por estas acciones, “están en trámite para intentar recuperar los montos pagados indebidamente estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”, explicó Romero. ZETA/SinEmbargo
