Sí hay una familia en Baja California que tenga pluralidad -aparte de la familia Hank, que pretende infiltrarse en todos los partidos- es la familia Cañez-Ríos, unida políticamente por el candidato panista a una diputación de Iztapalapa, Aníbal Cañez y a su esposa, la ex priista ahora convertida en militante de Fuerza X México, Patricia Ríos López, quien forma parte de la planilla de regidores de la candidata Norma Alicia Bustamante Martínez. Los vínculos son interesantes, pues por un lado, Cañez es prácticamente un hijo del kikismo, que abandonó Baja California para unirse al equipo de Santiago Creel Miranda, de quien fue secretario particular. Mientras el panista mexicalense escalaba en cargos de poder en Ciudad de México, la entonces diputada del PRI en la XXII Legislatura, hacía relaciones dentro del tricolor y el PAN en Baja California. Luego de permanecer algunos años en el ostracismo, regresó a la vida en 2021, cuando su buen amigo, el ex priista Alejandro Arregui, ocupó la titularidad de la Secretaría del Trabajo con el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y ella, una Dirección. Ríos López se unió al equipo del partido guinda y posteriormente logró incrustarse en la planilla de Morena a la regiduría. Así, mientras Aníbal busca destronar a Morena en CDMX, Ríos López empuja a los gobiernos vinotinto para lograr entrar en la planilla como Regidora. Como si lo anterior no fuera suficiente, la madre de Paty Ríos -como es conocida- es Blanca Estela López López, quien según la página del Instituto Estatal Electoral, es la Secretaria de Finanzas del PRI y trabaja de la mano de la candidata al Senado, Guadalupe Gutiérrez Fregozo. Suponemos que las mesas en las fiestas navideñas de esta familia están cargadas de intensos debates ideológicos y políticos, a menos -claro- que a ninguno de ellos le interese realmente la congruencia, sino ocupar cargos por el partido que sea. Por cierto, no hay que olvidar que tanto Patricia Ríos como Alejandro Arregui, fueron compañeros de Legislatura con Carlos Torres Torres, esposo de la actual gobernadora, cuando en el Congreso de BC se llevó a cabo el fraude constitucional conocido como Ley Bonilla, que pretendía extender el mandato del ahora militante del PT, de dos a cinco años. Parece que esa camada de políticos fue premiada por sus actos, y en todos los partidos posibles.
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