De suyo es sabido que, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le estorba la Ley. Él mismo ha referido con un dejo de menosprecio, que no le vengan con eso de que “la Ley es la Ley” como hace unos dos años, cuando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó la reforma a la industria eléctrica y él respondió: “¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí que la Ley es la Ley, no me vengan con ese cuento de que la Ley es la Ley”.
Cuando el cuento de la Ley no le favorece, con la ayuda de su bancada en el Poder Legislativo y sus aliados políticos, reforma las leyes a conveniencia. Pensando en que siempre gobernará él, o alguien de Morena, López Obrador acomoda las leyes para beneficio del Gobierno de México.
La última, la reforma a la Ley de Amparo, con la cual evita conceder la suspensión de leyes y actos de autoridades declarados inconstitucionales con efectos generales durante la tramitación de los juicios de garantías.
Es decir, si un particular, otro gobierno, otro poder, una entidad o parte de la sociedad se amparan ante la realización de una obra, la modificación de una Ley, la aplicación de un programa porque consideran no es acorde a los preceptos de la Constitución y el amparo se acepta, decretando la suspensión en tanto se resuelva de fondo, no podrán suspenderse los actos reclamados.
Publicidad
__
En el juicio de amparo, la suspensión es una medida cautelar a favor de los quejosos que detenía el estado de las cosas cuando se trataba de inminentes afectaciones. Sucedía que todo se suspendía hasta la determinación final o de fondo.
Dos casos fueron ejemplo de ello recientemente. Las obras del Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. En ambos casos, organizaciones y ciudadanos promovieron amparos al ver que la construcción de las mismas afectaría de manera irremediable el medio ambiente, afectando los derechos de los ciudadanos y las áreas naturales reservadas, especialmente en la Riviera Maya.
Los casos llegaron hasta la SCJN, en varias ocasiones las obras fueron suspendidas, producto de una determinación de amparo, lo que obviamente molestó sobremanera al Presidente de la República. Pero eso ya no sucederá. Con la reforma, AMLO ha institucionalizado las arbitrariedades que se puedan cometer al amparo de una obra insigne de gobierno, de cualquiera, no nada más del suyo que está por terminar.
Los mexicanos ya no cuentan con ese mecanismo de defensa legal que les protegía de las acciones abusivas de gobiernos. Gracias a Morena, ante la aceptación de un amparo ya no podrá decretarse la suspensión cuando se trate de un tema donde se refiera la inconstitucionalidad.
El cuento de la Ley que no favorecía al Presidente, tiene hoy otro final feliz para el gobierno de López Obrador y Morena, y en detrimento de la sociedad toda.
Puesto que las adiciones a la Ley de Amparo se hicieron para proteger al gobierno en la inconstitucionalidad, López Obrador está pensando en él, en sus obras, en sus reformas, en sus acciones, sin considerar que en el futuro otro partido y otro gobierno podrán, como él, beneficiarse de estos cambios en detrimento de la sociedad mexicana y los otros Poderes que integran el Estado.
Lamentablemente las reformas del titular del Poder Ejecutivo federal no pararán ahí. Ya plantea la posibilidad una modificación a la Ley para que la inconstitucionalidad determinada en la SCJN pueda ser inhabilitada con una votación de mayoría calificada en el Poder Legislativo.
Estas reformas, las aprobadas y las que están por venir, sólo aportan más poder, al Poder Ejecutivo federal, restándole a la ciudadanía, a la oposición o los otros Poderes, margen de acción para salvaguardar sus derechos. Son reformas con tintes dictatoriales que concentran la determinación y el poder en la figura presidencial y en el partido que tenga mayoría en las cámaras legislativas que integran el Congreso de la Unión.
En época electoral, esto debería ser base para hacer un llamado al electorado a no entregar todo el poder a un solo partido para mantener los contrapesos entre tres Poderes que se requieren autónomos para el buen resguardo de la Constitución y el ejercicio de los gobiernos.
Desafortunadamente la oposición en el país no tiene calidad moral para hacer un llamado de tal naturaleza. Guardadas las proporciones, pero en menor medida, intentaron hacerse del poder como ahora lo concreta AMLO al amparo de sus bancadas y el fuero público que parece aun asistirle.
El miércoles 24 de abril, los legisladores lograron la reforma a la Ley de Amparo con 258 votos a favor, fueron 213 votos en contra por parte de la oposición. Si la integración de la Cámara se modifica a partir de las elecciones del próximo 2 de junio, se evitarían atropellos oficiales como los que han concretado desde Morena y aliados.
