El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, anunció, el 17 de abril de 2024, que presentaría una solicitud de juicio político contra Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, por supuestamente utilizar ilegalmente su cargo, cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Zaldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes de los intereses del pueblo de México”, dijo la senadora panista Kenia López Rabadán
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La también jefa de oficina de la campaña de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, afirmó que a pesar de que Zaldívar Lelo de Larrea renunció como ministro en noviembre pasado, aún podía ser objeto de investigación por parte del Congreso de la Unión, ya que según el artículo 114 de la Constitución, el juicio político podría presentarse dentro de un año, después de haber dejado el cargo.
Tras llamarlo “matraquero” de Claudia Sheinbaum Pardo -candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, la panista recordó que según declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el ahora ex ministro le hacía el trabajo sucio, cuando las resoluciones no eran favorables.
“A confesión de parte relevo de prueba. Lo confesó [el titular del Poder Ejecutivo Federal] que ocupaba a Zaldívar siendo éste presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, incluso Zaldívar mismo confesó que, claramente, eso que dijo López Obrador era cierto. Por supuesto que para nosotros es claro: debe de haber juicio político en contra del ministro matraquero, porque no puede segur dañando a las instituciones”, señaló López Rabadán.
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La senadora panista lamentó la “caída profesional” de Zaldívar Lelo de Larrea y reiteró que si bien el Consejo de la Judicatura Federal estaba realizando una investigación, el Poder Legislativo también debería hacer lo propio y fijar las responsabilidades políticas a que hubiera lugar.
“Todo mi respaldo para ella [Norma Lucía Piña Hernández]. Imagínense un país donde un ex ministro trata de enjuiciar a la Ministra porque hay una denuncia contra él, que lo único que dice es que se investigue y si hay pruebas, pues que se presenten”, enfatizó, el 16 de abril de 2024, Gálvez Ruiz, quien también insistió que Zaldívar Lelo de Larrea tendría que ponerse a disposición de la justicia “y no estar amenazando con juicio político contra la Ministra presidenta”.
La política hidalguense aseguró que Piña Hernández no estaba en campaña y menos aún, en la suya. “Si Zaldívar tiene pruebas, que las presente pero que deje de estar chillando porque es un hombre majadero, prepotente que me ha agredido una y otra vez como él”, dijo, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación.
“La ministra Piña no está en mi campaña, él está en la campaña de Claudia Sheinbaum, él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política”, agregó la senadora con licencia.
“Nunca me he reunido con ella desde que es ministra presidenta de la Corte. La felicité en Twitter [ahora la red social X]. He hecho comentarios positivos, pero se los digo a los ojos: nunca me he reunido”, afirmó Gálvez Ruiz, a su llegada a Jalisco, donde sostuvo un encuentro con mujeres.
“Él [Zaldívar Lelo de Larrea] tiene creo que la piel muy sensible, que se aguante. Porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo. Y ahora que le toca, pues, se tira a llorar. Les encanta victimizarse”, indicó la candidata presidencial de oposición.
El 17 de abril de 2024, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, advirtió que el juicio político a la presidenta de la SCJN, esperaría turno para su discusión.
“Cualquier solicitud, cualquier tema que se presente, pues habremos de atenderlo en la Comisión como debe de ser, le daremos el trámite institucional y legal que marca. Muy sencillo, se atiende y se registra, llanamente, que llegue a la Comisión. Va a esperar su turno en el juicio. Así de sencillo, ahí vamos”, dijo el también presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
“Le daremos trámite en la Comisión. Y todo va a seguir bien. Y va a seguir la presidenta de la Suprema Corte. Y vamos a seguir trabajando”, insistió el político campechano, también conocido como “Alito”, quien detalló que en dicha Comisión había más de 200 expedientes de anteriores legislaturas y otras 40 de la actual, que seguían pendientes de discusión.
“No podemos hoy en este día estar permitiendo que se ataque a uno de los poderes de la Unión de esa manera jamás, jamás, nunca”, expuso Morena Cárdenas, quien también expuso que nunca se había visto, en 30 años, un ataque sistemático desde la Presidencia de la República contra el Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Ahora resulta que los perseguidos son los de Morena. ¿Cómo podemos ver eso? Si la persecución política es contra la oposición, si oponerse al poder omnímodo que quiere ejercer el presidente de la República es de todos visto que viola sistemáticamente la ley todos los días”, abundó “Alito”.
“Por eso hoy lo quiero decir categóricamente: respaldo absoluto y total a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial y a su ministra presidenta Norma Piña, así como a las ministras y ministros de la Suprema Corte”, dijo el ex gobernador de Campeche.
El 16 de abril de 2024, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) -integrada por más de 1,300 miembros-, manifestó su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, la JUFED rechazó “cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”.
“Todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial, están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra”, enfatizó la JUFED, en un comunicado.
“No es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de las personas juzgadoras ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso”, explicó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
“De hecho, en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias”, recordó la JUFED.
“El juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante”, abundó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación
“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes. Quienes formamos parte de la carrera judicial, refrendamos nuestro compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia”, finalizó la JUFED.
