El abogado Iván Castro denunció que el Gobierno del Estado dejó sin justicia social a las calamareras de Santa Rosalía, y continúan en la ruta jurídica para que se les indemnice y reconozca la violencia laboral y el despido injustificado que sufrieron por parte de la empresa Hanjin.
Aunque el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, se comprometió a dar seguimiento, e incluso a prestar equipo jurídico para apoyarlas en esta lucha, el abogado precisó que esto nunca sucedió.
“Es falso del señor gobernador, está simulando. Tuvimos una reunión con su gabinete hace más de un año, se comprometieron a explorar las mejores opciones jurídicas, políticas y sociales a favor de los derechos humanos y la justicia social de las compañeras calamareras”, expuso.
“Lo que obtuvimos es una respuesta, (que) ni siquiera se atrevió a firmarla, de su director jurídico donde dice que no, que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no va a apoyarlas; que no las va a agregar en la categoría de justicia social para hacer alguna indemnización o cubrir de alguna manera jurídicamente viable las prestaciones que les corresponden”, acusó.
El representante legal comentó que las autoridades estatales se excusaron vagamente en el juicio laboral que existe en el plano federal y en que no tienen competencia, sin embargo, eso no es lo que las trabajadoras estaban solicitando.
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Quedó claro que lo que se estaba pidiendo era justicia social a favor de los derechos humanos e históricos de las compañeras, recalcando que para eso existen mecanismos jurídicos y políticos.
“Pero la respuesta que obtuvimos fue un no, así que es simulación y mentira del señor gobernador, es falso que le interesen las mujeres, es falso que le interesen los derechos de las mujeres y es falso que le interesen los derechos humanos de las compañeras calamareras”, precisó.
A pesar de que las casi 200 afectadas hicieron una solicitud de reunión con el gobernador, no sólo no las recibió, sino que tampoco les contestó.
Recordó que el Gobierno del Estado, aunque responda que no son competentes, tiene responsabilidades marcadas en este tema laboral.
Por ejemplo, desde el Registro Público, que depende de la Secretaría de Finanzas, un funcionario canceló los embargos que ya existían a favor de las calamareras, en un acto de corrupción y colusión con la empresa surcoreana.
Todavía existe un procedimiento penal en etapa intermedia, con el que se vinculó a proceso al funcionario involucrado.
“El Gobierno del Estado tiene injerencia y responsabilidad por haber cancelado los embargos”, insistió el abogado.
Aunado a esto, enfatizó que existen mecanismos jurídicos y políticos, en los que el gobernador puede expropiar esos terrenos por causa de utilidad pública.
“Se le presentó un proyecto para beneficio de la comunidad de Santa Rosalía, aprovechando que es Pueblo Mágico, para que generara la expropiación, para que pagara a las compañeras por causa de justicia social y dice que no es su atribución”, argumentó.
Para el abogado es claro que se necesita voluntad política -que no ha existido- para avanzar en el caso que lleva alrededor de 20 años, y en el que empezaron con 196 trabajadoras el juicio laboral; algunas de ellas ya han fallecido a la fecha, sin que la justicia llegara a sus hogares.
Además del despido injustificado, denuncian que sufrieron con jornadas laborales nocturnas de más de 12 horas, que iniciaban desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana, en la maquiladora.
En los gobiernos panistas se estancó el proceso; luego llegó la administración de la Cuarta Transformación y pensaron que habría un avance positivo, pero no fue así.
“No sólo dejaron fuera a la empresa coreana que las despidió; la eliminaron sin un documento sin firma. De manera irregular e ilegal la dejaron fuera. Además, están queriendo dejar fuera a las compañeras del procedimiento laboral”, acusó el representante legal.
Sobre este caso, en breves declaraciones el gobernador contestó que apela para que pronto den con los responsables de la venta del terreno que le pertenece a las calamareras de Santa Rosalía.
Asimismo, reconoció que no ha recibido a las afectadas, que han solicitado audiencia con el mandatario desde que inició su administración en septiembre de 2021.
“Te voy a ser franco, yo estoy del lado de la causa hace muchos años. No he podido hacer más, los coreanos se han escondido, han buscado las mil maneras; vendieron, revendieron”, respondió.
“Tenemos un proceso judicial porque vendieron, arrancaron hojas del libro. Hicieron un fraude y en ese proceso estamos; yo espero que haya resultados pronto, la justicia se dilata mucho y a veces no está a mi alcance como quisiera”, finalizó.
