Así como es cuestionable el abuso policial perpetrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también es digna de analizar la omisión en la procuración de justicia
En la edición anterior de ZETA, en esta columna cuestionamos la labor de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y a su secretario, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, debido a las intromisiones y abusos policiales cometidos por la corporación, justificando la violación de derechos fundamentales para combatir la inseguridad.
Sin invalidarlo, tampoco podemos recargar toda la culpa hacia un solo ente, pues también es importante hablar del abandono histórico de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, tanto local como federal, para el combate a los grupos delictivos.
El cuestionamiento viene a raíz de las declaraciones vertidas por la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez, quien aseguró que ningún sujeto apodado El Ruso, haciendo referencia a Jesús Alexander Sánchez Félix (Se presume inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según Artículo 13 del CNPP), cuenta con un mandamiento judicial para proceder en su contra.
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Su declaración se da cuando apenas dos semanas atrás, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) exhibió nombre, rostro y detalles sobre uno de los objetivos prioritarios o personas de interés de Baja California.
El Ruso se unió a la lista de estos lugartenientes del Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Arellano Félix que son exhibidos en las Mesas de Seguridad con rostro y detalles, que se hacen carteles con sus datos para reconocerlos y capturarlos en caso de ser detectados, pero que ni la Fiscalía General del Estado ni de la República, cuentan con procesos judiciales en su contra.
De hecho, hace unos días se filtró un documento, con logos gubernamentales y un diseño institucional, en el cual presuntamente se observaba a los principales objetivos del grupo delictivo Los Rusos. Dos de los presuntos implicados presentaron demandas de amparo contra la exposición pública realizada en medios de comunicación, originada -establece el documento- en instancias de gobierno.
Ante la demanda de amparo 317/2024, que recayó en el Juzgado Cuarto de Distrito y que tiene como objetivo conocer los detalles de la investigación contra estos sujetos, de manera formal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó los actos reclamados con relación a que dicha información provenía de su dependencia.
Como una de las medidas de prueba para desacreditar el mensaje del General, los abogados de los señalados exhibieron una documental donde Aguilar Durán reconoce que se trata de un documento interno.
La pasividad de los entes encargados de la procuración de justicia en torno a los lugartenientes de la droga y otras actividades ilícitas es algo que se resiente, pues haya o no resultados, operatividad o detenciones importantes, sigue sin haber expedientes judiciales, por lo que el único consuelo o esperanza para detener a esos líderes de grupos delictivos, como los hermanos Arzate, El Aquiles o La Rana; Edwin Huerta alias El Flaquito e incluso el propio Ruso, entre otros, es que las autoridades estadounidenses armen carpetas de investigación en su contra, o de plano sean capturados en flagrancia.
Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al poder, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que su visión del combate a grupos delictivos sería por medio de la recuperación de bienes ligados o adquiridos con dinero sucio, y no a través de la desarticulación de jefes de la mafia.
Después de cinco años, la captura de capos fue un espejismo, la retención de cuentas bancarias un fiasco y la recuperación de bienes quedó en el tintero, por lo que ahora se puede confirmar que los gobiernos morenistas nunca tuvieron una estrategia de seguridad y procuración de justicia.
