El Gobierno Federal concretó, el 18 de abril de 2024, la expropiación de la planta productora de hidrógeno U-3400 -ubicada dentro de la refinería de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo-, vendida por Petróleos Mexicanos (PEMEX), en 2017 -durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, a la empresa francesa Air Liquide, en 52 millones 700 mil dólares.
Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la planta productora de hidrógeno, de 6 mil 451.78 metros cuadrados, fue expropiada a favor de Petróleos Mexicanos Transformación Industrial (PEMEX Tri).
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“La producción de hidrógeno, materia prima para la generación de combustibles limpios que se produce en la planta de hidrógeno U-3400, debe estar a cargo de manera directa e inmediata de (Pemex Tri) para la eficaz producción de combustibles limpios”, indicó el citado documento.
“PEMEX Tri debe recuperar el suministro directo e inmediato del hidrógeno que proporciona la planta de hidrógeno U-3400, para la generación de combustibles limpios para el desarrollo económico del país conforme a los parámetros previstos en la normativa aplicable”, agregó el decreto.
En el documento se precisó que la expropiación de la planta productora también era necesaria para que la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) contara con autonomía de suministro de hidrógeno en la refinería de Tula, sin depender de agentes externos, “que resultan ajenos al interés social y público que persigue la Nación”.
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“Se ordena la ejecución inmediata del presente decreto expropiatorio y, en consecuencia, la ocupación definitiva de la planta productora de hidrógeno U-3400 a favor de Pemex Transformación Industrial […] La interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ejecución inmediata del presente decreto de expropiación”, se agregó en el decreto.
Con motivo de la expropiación, PEMEX Transformación Industrial debería cubrir el monto de la indemnización que, en términos de la Ley de Expropiación, tendría que pagarse a quienes acreditaran su legítimo derecho.
El 29 de diciembre de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró de utilidad pública el suministro de hidrógeno que provee la planta de hidrógeno U-3400, y ordenó la ocupación temporal inmediata de sus instalaciones. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Energía (SENER) inició el procedimiento de expropiación.
Air Liquide informó el 4 de enero de 2024, que estaba contactando activamente a las autoridades federales, para obtener claridad sobre la situación, y que analizaba sus opciones, pero el día 18 del mismo mes y año, la multinacional francesa promovió una demanda de amparo para impugnar la expropiación.
El recurso fue presentado por Air Liquide el 18 de enero de 2024, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, que se declaró incompetente y lo envió a Laura Gutiérrez de Velasco, titular del Juzgado Tercero Especializado en Competencia Económica en la Ciudad de México.
El 19 de marzo de 2024, la SENER emitió una resolución en la que confirmó la declaratoria de causa de utilidad pública, y el 10 de abril del mismo año, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), publicó un dictamen en el que fijó el monto de indemnización por la expropiación.
AMLO EXPROPIA PLANTA DE HIDRÓGENO EN REFINERÍA DE TULA; PEMEX LA VENDIÓ A EMPRESA FRANCESA EN 2017
El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó, el 29 de diciembre de 2023, la nacionalización y ocupación inmediata de la planta productora de hidrógeno U-3400 -ubicada dentro de la refinería de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo-, vendida por Petróleos Mexicanos (PEMEX), en 2017 -durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, a la empresa francesa Air Liquide, en 52 millones 700 mil dólares, pero que ahora, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), deberá suministrar dicho elemento para la producción de gasolinas y diésel.
“Se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación, y demás mejoras de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la fracción de terreno de 6 mil 451 metros cuadrados al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, estado de Hidalgo”, ordenó el político tabasqueño en un decreto publicado en el DOF.
“Se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial como empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, de: el uso, aprovechamiento, operación y explotación de la Planta de Hidrógeno U-3400 de la Refinería Miguel Hidalgo; los demás bienes, derechos e instalaciones necesarios para la prestación del servicio o la adecuada operación de la planta ya señalada”, agregó el decreto.
El titular del Poder Ejecutivo Federal justificó la expropiación de la planta, por el aumento de la demanda de hidrógeno para reducir el uso del azufre, más contaminante, en la elaboración productos petrolíferos, así como la soberanía energética.
“Actualmente no existe autonomía de suministro de hidrógeno porque hay dependencia de un tercero y la planta U-3400 es la única fuente de suministro de hidrógeno para el proceso de la Refinería Miguel Hidalgo, lo que pone en riesgo la producción principal de gasolinas y diésel”, indicó el decreto presidencial.
La planta productora de hidrógeno U-3400 fue vendida por la empresa paraestatal mexicana a la compañía francesa Air Liquide México, S. de R.L. de C.V, la cual se comprometió, en su momento, a realizar trabajos de mantenimiento y renovación. No obstante, López Obrador ordenó la ocupación inmediata por PEMEX, mediante el pago de una indemnización que estipularía el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
El decreto presidencial estableció un plazo de diez días hábiles para que la empresa propietaria de la planta productora de hidrógeno pudieran iniciar un procedimiento judicial. “Con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, indicó.
“Pemex Transformación Industrial ha realizado un importante esfuerzo por consolidar el equipamiento y la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, entre ellos, en el Sistema Nacional de Refinación”, según lo señaló el decreto presidencial.
El 12 de mayo de 2021, el director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, informó que López Obrador les había ordenado negociar la recompra de las plantas de hidrógeno ubicadas dentro de las refinerías de Tula y Madero, privatizadas durante el Gobierno de Peña Nieto.
“¿Qué nos instruyó el presidente de la República? Renegociar para la recompra de las plantas, estamos en eso y esperamos en algún tiempo informarle, Presidente, acerca de esta solución que creemos que es la adecuada, recomprar esas plantas y evitar este despilfarro a la hacienda pública”, afirmó el funcionario federal, durante una de las conferencias de prensa matutinas del mandatario nacional.
Romero Oropeza criticó, entonces, el plan de venta de las seis plantas de hidrógeno de las refinerías mexicana. Asimismo, reconoció que sólo dos lograron venderse y en el caso de la de la “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, ubicada en Cadereyta, en Nuevo León, se logró detener el proceso de venta.
“La planta de hidrógeno o el hidrógeno es fundamental, es estratégico en una refinería porque elimina el azufre y el nitrógeno del hidrocarburo; esto es indispensable para producir combustibles limpios. Por eso la planta de hidrógeno es estratégica y muy importante”, sostuvo el director general de PEMEX.
En el caso de la planta de Tula, Romero Oropeza indicó que la empresa paraestatal recibió casi 53 millones de dólares y que para 2021, tres años después, habían pagado en compra de hidrógeno el 94 por ciento del monto de venta.
“Ya le pagamos más de 49 millones de dólares, pero todavía faltan 15 años más en el contrato, lo que nos va a llevar a pagar 261 millones de dólares, por una planta por la cual recibimos 52”, afirmó el funcionario federal.
El 23 de febrero de 2017, PEMEX informó que durante los próximos 20 años la empresa Air Liquide México S.A. de R.L. de C.V., suministraría hidrógenos a la refinería Miguel Hidalgo localizada en Tula.
“Conforme a la estrategia descrita en su Plan de Negocios, PEMEX está aprovechando las oportunidades de la Reforma Energética al concretar su primera alianza estratégica para uno de los servicios auxiliares de las refinerías”, destacó la empresa paraestatal, en un comunicado.
Con esa medida, según agregó, PEMEX fortalecería su desempeño operativo y destinará mayores recursos a los procesos centrales de refinación. Asimismo, destacó que la alianza establecida con Air Liquide México, “líder mundial en producción de gases industriales con presencia en más de 80 países”, le permitirá generar ahorros superiores al 30 por ciento.
“Esta alianza mejorará la confiabilidad de suministro de hidrógeno, con lo que se disminuirá el número de paros no programados y se incrementará la producción de gasolinas en la refinería”, apuntó la empresa paraestatal.
Según el contrato, citado en su momento por PEMEX, Air Liquide operaría la planta existente e invertiría en una segunda planta para suministrar el total del hidrógeno requerido para los proyectos de ampliación de la refinería de Tula.
RESERVA PEMEX POR 3 AÑOS, INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS OTORGADOS A ODEBRECHT EN REFINERÍA DE TULA
En su décima sesión extraordinaria, llevada a cabo el 24 de abril de 2018, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) reservó por tres años la información de las negociaciones para otorgar a la constructora brasileña Odebrecht, un contrato por mil 811 millones de pesos, para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de la Empresa Productiva del Estado resolvió que, a partir del 15 de marzo de 2018, la información del acta de adjudicación a Odebrecht del 18 de diciembre de 2013 sería reservada hasta el año 2021.
La empresa brasileña aceptó que pagó sobornos en México por 10.5 millones de dólares, al ex director general de la empresa paraestatal, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para obtener contratos de PEMEX, tal como lo afirmó el directivo de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, y su director de finanzas, Gleiber José de Faria.
Según los testimonios de los ex directivos de Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director general de PEMEX recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares, para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, además de que supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que el ex funcionario federal ha negado.
“Se detallaron los motivos de la contratación y el total de funcionarios involucrados para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, que, mediante convenios modificatorios, se elevó a 2 mil 315 millones de pesos”, informó el diario Reforma.
El citado rotativo solicitó a la petrolera mexicana la información Vía Transparencia de la copia del acta de la sesión 12/2013; de fecha 18 de diciembre de ese mismo año, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.
“El mencionado documento tiene relación con la carpeta de investigación que llevan a cabo la [Procuraduría General de la República [PGR] y la Secretaría de la Función Pública [SFP], razón por la cual de proporcionarse dicho instrumento causaría un serio perjuicio al curso de las investigaciones realizadas por el [Ministerio Público] MP y la Función Pública, contenidas en la carpeta de investigación que a la fecha se encuentra en trámite”, resolvió el Comité de Transparencia de PEMEX.
“El contrato otorgado a Odebrecht derivó de un procedimiento de adjudicación directa y se negoció desde el 6 de agosto de 2013 en la sesión ordinaria número 16, en la que la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación presentó el Proyecto ‘Incremento de Capacidad de Refinación con Aprovechamiento de Residuales’ ante el Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex Refinación”, señaló Reforma.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, aseguró, un día antes, que la constructora brasileña Odebrecht se negó a confesar los supuestos sobornos que hizo en México, con lo que hubiera conseguido el beneficio de la reducción de sanciones.
La SFP negó, además, que la empresa brasileña tuviera “compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas”, ya que no presentó elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública Federal detalló que, en marzo de 2017, la constructora propiedad de Norberto Odebrecht, presentó un escrito en el que manifestó su intención de colaborar con las autoridades mexicanas, a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de la reducción de sanciones.
Ante ello, la SFP Federal aseguró que solicitó a Odebrecht presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación, así como su confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba.
Sin embargo, según indicó la Secretaría Función Pública Federal, en abril de 2017, la constructora brasileña solo presentó un escrito “sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta”.
La Función Pública Federal le notificó en junio de 2017 que no era procedente su petición de reducción de sanciones, “en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción […] por lo que dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas”.
Posteriormente, Odebrecht interpuso un juicio de amparo, mismo que fue declarado improcedente por un juez federal, “quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción”.
Además, el 23 de abril de 2019, una unidad mexicana de la brasileña Odebrecht informó que buscaría impugnar las sanciones que le impuso una semana antes el Gobierno de México, debido a que las considera infundadas e improcedentes.
A través de un comunicado, la firma brasileña expuso que dichas sanciones administrativas eran totalmente “infundadas e improcedentes”; además de que “violan los derechos fundamentales y tergiversan los hechos de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial”.
El Gobierno mexicano -en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto- prohibió a las diversas dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con dos unidades de Odebrecht, mismas a las que inhabilitó temporalmente y multó por más de mil millones de pesos, junto con dos de sus representantes legales.
