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miércoles, mayo 29, 2024
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General Aguilar avala abusos de la FESC

El miércoles 10 de abril -una hora antes de la conferencia mañanera encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda-, la señora Elizabeth Pérez Arellano hizo pública su denuncia en contra de agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Informó que el viernes 5 de abril irrumpieron en su vivienda ubicada en el Ejido Islas Agrarias, la amenazaron, quebraron las puertas de su casa y -según dijo- le sembraron un arma y se robaron un dinero que tenía bajo resguardo.


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Gran parte de la intervención policial fue videograbada por una de las víctimas implicadas, quienes hicieron públicos sus videos a través de redes sociales, donde se observa el arribo de un grupo de agentes que ingresan a la propiedad y amenazan a la residente, quien se encontraba con sus familiares, principalmente niños.

Posteriormente se supo que el operativo fue orquestado por Juan Manuel Corral Hernández, Coronel del Ejército Mexicano adscrito como coordinador operativo de la FESC.

En día de los hechos, luego de un breve intercambio de palabras entre Elizabeth y un agente encapuchado, le sugirió que si deseaba ver su rostro tenía que dejar de grabarlo, debido a que temía dónde podía verse ese video.


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La mujer aceptó que entrara únicamente un agente, al ver que su casa se encontraba rodeada y que la energía eléctrica había sido desconectada, los oficiales golpearon la puerta e ingresaron en su totalidad.

Luego de dispersarse por toda la vivienda, romper varios muebles y profanar hasta los cajones de la casa, los encapuchados se hicieron de una fuerte suma de dinero que la mujer tenía a su resguardo. El hecho fue atestiguado por varios familiares que reforzaron la versión ofrecida por Elizabeth, confirmando además que los propios agentes se referían a uno de los implicados como Coronel Corral, apellido del jefe operativo del General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.

Al final, Elizabeth permaneció detenida durante 48 horas hasta que se decretó que su detención fue ilegal y recobró su libertad, debido a que la FESC mintió en el Informe Policial Homologado, en el cual inventaron que fue capturada circulando a bordo de un vehículo Mini Cooper color blanco, mismo que -coincidentemente- se observa en el domicilio en uno de los videos captados por los ofendidos.

Con apoyo de autoridades estatales, ZETA logró hacer una comparativa para confirmar que entre los encapuchados que participaron en la agresión, se encontraban, además de Juan Manuel Corral Hernández, el director de Investigación de la FESC, Agustín Jaime Brambila López; y José Librado Díaz Bautista, agente investigador del área de Inteligencia. El resto de los implicados aún son inspeccionados por autoridades para conocer su identidad.

RECONOCE GENERAL QUE ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN

Entrevistado el 10 de abril en conferencia de prensa realizada una hora después de la denuncia pública, el General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, defendió el actuar de la corporación de seguridad, asegurando que se inició una investigación federal en contra de todos los implicados en el hecho.

Y es que la FESC fue parte del equipo que participó en el operativo coordinado por fuerzas militares y autoridades federales, al intentar desplazar responsabilidad.

Comentó que el operativo en el Valle de Mexicali inició alrededor de las 14:00 horas del viernes 5 de abril y terminó a las 19:00 horas, como parte de una serie de intervenciones realizadas durante el fin de semana.

General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de seguridad ciudadana del Estado de Baja California

Aguilar Durán aseveró que hubo detenciones e incluso resultados importantes al descubrir un narcolaboratorio de metanfetamina, pero criticó a los medios de comunicación de no difundir sus resultados positivos a la sociedad.

Lo que pudo confirmarse es que se trató de un operativo federal que tenía como objetivo un laboratorio de drogas perteneciente -al parecer- al Cártel de Sinaloa, concretamente de Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco. Autoridades federales tenían una ubicación estimada, mas no exacta, por lo que debían realizar un trabajo de campo.

Mediante equipos especiales y tecnología, los agentes y militares reventaron las viviendas en busca de los objetivos en diversos puntos del Valle de Mexicali, donde se tuvo resultado de un decomiso de 200 mil dólares, cuyos posesionarios no tuvieron forma de demostrar su procedencia. En otra intervención, incautaron 120 kilogramos de metanfetamina y 400 litros de la misma droga, pero en líquido.

También detuvieron a otra persona con una unidad de transporte que -aparentemente- trasladó un cargamento de cocaína poco antes.

“Durante este proceso, efectivamente hubo situaciones atípicas y fuera de lugar, el lunes tuve una reunión con las agencias y aquellas personas que salieron del protocolo e incurrieron en faltas ya fueron llamados a Ciudad de México y sufrirán las consecuencias legales y administrativas”, refirió el mando.

En el operativo participaron 40 elementos de la FESC, 80 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 40 de Guardia Nacional y otros tantos del centro de la República que venían con el objetivo de localizar dicho laboratorio.

Aguilar Durán dijo que dio seguimiento puntual y tuvo conocimiento paso a paso de lo que ocurría, lo que no precisó es que -según fuentes de la misma institución- el propio General llegó a la escena, pero no ingresó al domicilio. Las mismas fuentes refieren que se trató de un decomiso de 420 mil dólares y no de 200 mil.

Negar o minimizar el abuso policial perpetrado por elementos de la FESC ya es un acto imposible de sostener como una estrategia para justificar las intervenciones policiales, sobre todo cuando el secretario de Seguridad Ciudadana avala abiertamente las conductas criminales orquestadas por sus mandos policiacos.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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